Por Alejandro “Topo” Rodríguez (*)
El Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en 2020 con el pacto con los acreedores privados.
Para ello, no debe volver a extenderle al Gobierno Nacional un cheque en blanco. Por el contrario, corresponde exigir que tanto el “programa plurianual” como la propuesta para negociar con el FMI incluyan un conjunto mínimo de condiciones orientadas a defender el interés nacional.
Esas deberían ser las bases del apoyo de los distintos sectores políticos que busca el Gobierno para afrontar la próxima negociación con el Fondo.
En vista de la urgencia que impone el cronograma de vencimientos con el organismo, para acelerar los trámites esas bases deberían formar parte de la propuesta de programa económico plurianual que las autoridades dicen estar elaborando para enviar al Congreso la primera semana de diciembre.
Valga recordar que en 2020 el Congreso dio un claro respaldo institucional al Poder Ejecutivo para llevar adelante la negociación con los acreedores privados y lo cierto es que, a pocos meses de cerrado ese acuerdo, el Riesgo País de Argentina tocó los 1800 puntos básicos. Esto es, un nivel propio del delicado estado de situación que imperaba antes del acuerdo con los acreedores privados.
Aquello constituyó un indisimulable fracaso compartido que no debe repetirse.
Ahora que el Poder Ejecutivo delinea los contenidos de una nueva propuesta que buscará avalar en el Congreso, es indispensable que las autoridades no insistan en el error y consideren los siguientes aspectos:
1. Primero, el crecimiento.
2. El Federalismo Productivo debe ser el motor del crecimiento.
3. El Congreso debe asegurarse que la estrategia de negociación priorizará el interés nacional.
4. El Gobierno debe comprometerse a no seguir entregando dólares, a cambio de pesos, a los fondos especulativos.
5. Se debe formular e implementar una estrategia consistente y eficaz para desarmar la bola de intereses de Pases y Leliqs.
Si el programa económico y la estrategia de negociación con el FMI comienzan por el equilibrio fiscal, ajuste mediante, entonces no hay salida económica para la Argentina ni compromisos de deuda que puedan honrarse en el tiempo.
Las políticas deben apuntar al crecimiento (inversión, producción, creación de trabajo en el sector privado) para lograr, luego, el equilibrio y hasta el superávit fiscal.
La recuperación de la actividad económica, así como la distribución del ingreso, deben ir desde las provincias argentinas hacia el área metropolitana.
Por eso, sostener el aumento y la continuidad de las retenciones a las exportaciones agroindustriales es una mala manera de promover el crecimiento económico. Por el contrario, debe trazarse un sendero de progresiva disminución de los derechos de exportación y su gradual incorporación al impuesto a las ganancias.
Argentina debe modificar estructuralmente la matriz macrocéfala de distribución de los subsidios al transporte, a la energía y a otros servicios públicos. No se debe seguir eludiendo una política pública que comience, desde ahora mismo, a darle solución en el tiempo a esta verdadera injusticia federal.
El federalismo productivo requiere también un programa nacional de inversión en infraestructura, logística, comunicaciones, conectividad y electrificación, que hoy está ausente. Es indispensable formularlo con la participación de las provincias y aprobarlo de inmediato.
El Congreso de la Nación no debe dar, una vez más, un cheque en blanco a ningún negociador. Sólo debe acompañar si la estrategia de negociación demuestra priorizar el interés nacional.
Los antecedentes preocupan, ya que en diciembre de 2019 el Congreso de la Nación autorizó la emisión de Letras por un monto de hasta 4.571 millones de dólares, que sólo podían “aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera”.
Lo cierto es que los pagos realizados por obligaciones de deuda en moneda extranjera entre el 30 de diciembre de 2019 y el 1 de junio de 2020, superaron los 4.830 millones de dólares, excediendo el valor de la letra en 259 millones de dólares.
Sabiendo desde un comienzo que la Argentina se encaminaba a reestructurar su deuda pública con tenedores privados denominada en dólares, el actual gobierno decidió igualmente realizar -durante los primeros meses de su gestión- pagos por compromisos de capital e intereses de esa deuda, restándole a las Reservas del Banco Central más de 2.200 millones de dólares que, eventualmente, podrían haber sido contabilizados como parte del futuro acuerdo en el marco de la negociación.
En una decisión que no tiene antecedentes y que va exactamente en contra de lo que debe hacerse en materia de desendeudamiento, el actual gobierno nacional le dolarizó deuda en pesos por un total de 1.500 millones de dólares a fondos que, según ha reconocido el propio oficialismo, son especuladores extranjeros especializados en hacer carry trade durante el gobierno de Macri.
Los dólares que se les niegan a las Pymes y a los pequeños ahorristas, se le entregan a fondos especulativos del exterior. Decisiones de ese tipo no deben repetirse.
Por tal motivo, el Congreso de la Nación no debe acompañar ninguna propuesta ni estrategia de negociación si el gobierno nacional no garantiza dejar de entregarles dólares, a cambio de pesos, a los fondos especulativos.
Entre enero y octubre de 2021, el Banco Central de la República Argentina pagó más de un billón de pesos (1,002) por intereses de Leliqs y Pases.
La previsión es que ese monto seguirá creciendo hasta alcanzar una cifra aproximada a 1,350 billones de pesos (equivalente a poco más de 13.000 millones de dólares) al finalizar el año. Eso significaría un aumento cercano a 98% comparado con igual concepto del año anterior. Para 2022 se estima un incremento más que significativo.
El propio gobierno nacional reconoce públicamente que el stock de Leliqs más Pases, que ya sobrepasa los 4 billones de pesos, genera una situación disfuncional para el sistema económico, que impide transformar el ahorro en inversión. Por otra parte, el impacto de esta estrategia en la emisión pone en jaque cualquier camino razonable para
controlar la ya altísima inflación.
Ya no alcanza con el reconocimiento de los problemas; se requieren decisiones fundamentales para salir adelante.
En ese marco, es indispensable que la propuesta del gobierno incluya un programa de acción, claro y contundente, que garantice desarmar la bola de intereses de Pases y Leliqs en el menor tiempo posible.
(*) Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires – Consenso Federal