Esta tarde los concejales resolverán la adhesión del municipio a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia. La norma fija estrictas pautas para el manejo de los recursos y el gasto de la comuna. El gobierno de Arroyo requiere de su aprobación para poder seguir recibiendo ayuda financiera extraordinaria.
El interbloque de Cambiemos intentará este viernes aprobar la adhesión de la Municipalidad a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Para ello el Concejo Deliberante realizará a partir de las 17 horas una sesión extraordinaria, en la que se espera que el oficialismo imponga su mayoría para avalar una decisión que es rechazada por la oposición.
Para la gestión del intendente Carlos Arroyo se trata de una instancia crucial.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en noviembre del año pasado por la Legislatura, establece un conjunto de nuevas y estrictas condiciones para la administración de los recursos y de los gastos de los municipios bonaerenses.
Pero además fija algunos “castigos” para las comunas que no adhieran a la norma. El más inquietante es el que restringe la posibilidad de que la Municipalidad obtenga financiamiento extraordinario para solventar sus gastos.
Es sabido que en los últimos dos años, el gobierno de Arroyo fue el que más ayuda de este tipo recibió de parte de la Nación y de la Provincia para, por ejemplo, poder pagar los sueldos de los trabajadores municipales.
Por esa razón, por más que algunos concejales del oficialismo hayan planteados sus dudas, se espera que esta tarde todos ellos levanten la mano para aprobar la adhesión a la Ley.
El interbloque de Cambiemos cuenta con 13 concejales, es decir la mitad más uno del plenario, lo que le permitiría lograr la sanción del proyecto sin mayores difcultades.
Acorralado por los problemas económicos que no acierta a resolver, días atrás el gobierno local había recurrido a una polémica estrategia para lograr que el municipio adhiriera al Pacto Fiscal.
En un momento en el cual el Concejo Deliberante no funcionaba por falta de acuerdo para conformar las comisiones, el jefe del bloque de Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, convenció al presidente del cuerpo, Guillermo Saenz Saralegui, de que adoptara la medida a través de un decreto.
La maniobra protagonizada por el hijo del intendente y el titular del Concejo provocó tal malestar que Saenz Saralegui se vio obligado a firmar un nuevo decreto, anulando el anterior. Y Guillermo Arroyo pidió “disculpas” y ante sus pares reconoció la situación de apremio del gobierno de su padre. “La adhesión es porque no queda otra. Hoy no estamos en condiciones de no adherir”, explicó.
Luego de aquél episodio y urgido por la necesidad, finalmente el oficialismo comenzó a allanar el camino para avanzar con el tema mediante un trámite más convencional.
Trancurridos más de 40 días desde la asunción de los nuevos concejales, finalmente se generó un acuerdo para conformar las comisiones internas del Concejo, lo que permitió que el proyecto de adhesión al Pacto Fiscal fuera aprobado este jueves por las comisiones de Hacienda y de Legislación, donde Cambiemos cuenta con mayoría.
Así el expediente quedó en condiciones de ser tratado y votado en el recinto.
Se espera que esta tarde los bloques reiteren las posturas expresadas en las últimas horas.
Entre las bancadas que se oponen a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal está la de Unidad Ciudadana y 1País, que ya anticiparon su voto negativo.
En tanto que se espera que Acción Marplatense se abstenga. No obstante uno de sus integrantes, Santiago Bonifatti, lanzó fuertes críticas contra la ley, considerándola como “antipolítica” debido a las fuertes restricciones que les impone a los intendentes.
Por su parte Ariel Ciano de 1País, subrayó que la norma “recorta la autonomía de los municipios” y que por esa razón promoverá un despacho en minoría para que la adhesión tenga como fecha de vencimiento el mes de diciembre de 2019.
Las principales disposiciones
Las pautas del Régimen de Responsabilidad Fiscal fueron dispuestas mediante la Ley 14984 con el objetivo de establecer reglas claras y transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos.
Según el gobierno provincial la norma propone “parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos”.
Pero sus cláusulas no convencen a muchos intendentes, que ya anunciaron que no van a adherir.
Otros, en cambio, por más objeciones que tengan al respecto, no tendrían otro camino y esa parece ser la situación de la gestión de Arroyo.
Si bien algunos entienden que la mayoría de los artículos fijan pautas para un manejo presupuestario “responsable” otros interpretan que esas medidas recortan las facultades de los intendentes y avasallan la autonomía de las comunas.
Por ejemplo, la norma impone la reducción del déficit y establece un límite del 10% de los recursos corrientes para el endeudamiento.
A la vez no permite un aumento de los gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Dentro de las condiciones de transparencia y compromiso fiscal, dispone que los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales.
Además, invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).
En esa misma dirección, la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.
Establece, a su vez, que las comunas deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria, al tiempo que exige elaborar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales.