Su presidenta, Ana Rosa Contessi, aseguró que "quedó demostrado que no existieron las irregularidades planteadas por las carteras de educación y trabajo". "Hoy tenemos una nueva oportunidad y esperamos que esta vez quienes no confiaron en este reclamo nos apoyen tras el dictamen favorable que obtuvimos de la justicia", mencionó.
La Justicia resolvió la continuidad del Centro de Formación Profesional (CFP) N°416, a través de una decisión del juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Cefil y suspendió los efectos de la resolución de fines de 2018 que daba de baja al CFP 416.
La acción judicial hizo lugar a los planteos efectuados por la ONG fundadora del CFP, el Centro de Estudios para el Fortalecimiento para las Iniciativas Locales (Cefil) y suspendió el cierre de la institución educativa, ordenando a la dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, a la aprobación de la Planificación Educativa para el ciclo lectivo 2019.
El abogado patrocinante de la institución, doctor Eduardo Carnicero, aclaró que “la medida cautelar fue comunicada a la DGCyE mediante un oficio con la finalidad que cumplan en tiempo y forma con la orden judicial, a los fines de que el Centro de Formación pueda realizar sus actividades educativas con normalidad”.
Así las cosas, el magistrado Francisco José Terrier en el oficio dispuso que el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires resuelva “el tratamiento y aprobación de la planificación Educativa 2019 en un plazo de quince días, a fin de poder llevar a cabo el dictado de los cursos programados para el vigente ciclo lectivo”.
La presidenta de Cefil, Ana Rosa Contessi, aseguró que “con esto quedó demostrado que no existieron las irregularidades planteadas por las carteras de educación y trabajo. Hoy tenemos una nueva oportunidad y esperamos que esta vez quienes no confiaron en este reclamo nos apoyen tras el dictamen favorable que obtuvimos de la justicia”.
Asimismo destacó las gestiones realizadas desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, la comisión de Educación del Concejo Deliberante, Suteba, CTA, la comunidad educativa del CFP y la comunidad en general que apoyó con su firma.