En las próximas semanas el fiscal Alejandro Pellegrinelli deberá resolver si mantiene imputado al policía Arcángel Bogado o si lo sobresee por entender que, al matar de 7 tiros a Brandon Romero, actuó amparado en la legítima defensa. Un episodio judicial que pone en discusión la capacidad de funcionarios policiales para resolver sin letalidad situaciones extremas.
Por Fernando del Rio
La mesa de Morgagni recibió el cadáver de Brandon Romero y la pareja de forenses se preparó para examinarlo. A primera vista resaltaban tres orificios de bala: uno en la cabeza, otro en la nariz y otro en el maxilar inferior. De inmediato, antes del lavado del cuerpo, los dos profesionales supieron que habrían de tener por delante una autopsia extensa y un informe amplio.
Tres horas después los orificios de bala descubiertos en el cuerpo del joven de 18 años se habían multiplicado. Eran diez y correspondían a siete disparos que, a juzgar por los datos que se conocían del mediatizado hecho, no había dudas sobre el arma única del que habían salido, la reglamentaria pistola 9 Milímetros del policía Pedro Arcángel Bogado.
“Fusilaron a mi compa y ahora lo fusilo yo”, dice la letra del rap de denuncia y protesta que acompaña a las imágenes del documental sobre Romero que se estrenó a fines de diciembre, en el día que debería haber cumplido 19 años. Desde su entorno, hablan de fusilamiento y tampoco tienen dudas.
Las circunstancias bajo las cuales el policía Bogado acribilló a Romero el 5 de julio último en el kilómetro 6 de la ruta 226, ya por fuera de la órbita e interés laboral de los forenses pero sí en el foco del fiscal Alejandro Pellegrinelli, no parecen estar en discusión desde el punto de vista probatorio. Bogado accionó su arma mientras era víctima de un intento de robo cometido por dos jóvenes en motocicleta, uno de ellos Brandon Romero. Al menos eso es lo que asegura tener acreditado el fiscal Pellegrinelli en el marco de una causa compleja, polémica, en donde se cruzan dos intereses contrapuestos: el derecho a la vida y el derecho a la defensa. El Código Penal, en ese sentido es claro y puede ser explicado en palabras menos técnicas que las que pueblan sus artículos: una persona tiene derecho a defenderse, pero no a hacerlo de cualquier manera. Existen los conceptos de necesidad, proporcionalidad y cese de la agresión ilegítima. Mucho más visibles cuando quien ejecuta la supuesta defensa es miembro de una fuerza de seguridad.
Brandon Romero, en una típica pose juvenil de estos tiempos.
La suerte corrida por Brandon Romero, un joven que trabajaba en una panadería, sin registro de actividad delictiva previa y que acaso pudo haberse subido a la motocicleta equivocada con la compañía equivocada, fue trágica. Además de recibir siete disparos fue atropellado por uno o más automóviles de los cuales hoy se desconoce cualquier característica y que le provocaron lesiones de suficiente gravedad para causarle la muerte aún si no hubieran existido los disparos. Por supuesto que todo es una cuestión de causas y efectos. Sin los disparos, Romero no hubiera caído en la ruta 226 aquella madrugada del 5 de julio y jamás hubiera sido atropellado por los autos fantasmas.
El abogado que representa a la familia de la víctima, César Sivo, solicitó al fiscal Pellegrinelli distintas medidas para sumar prueba, entre las que se destaca la realización de la secuencia fáctica. Esa diligencia consiste en reconstruir los hechos bajo las mismas condiciones de nocturnidad, visibilidad, tipo de arma, lugar y balística. El expediente que lleva el número 14202/20 aún espera definir pericias y tiene a Bogado en libertad pero imputado del delito de “homicidio agravado”. Dos caminos puede recorrer de ahora en más el proceso: o el fiscal entiende que fue legítima la defensa de Bogado y lo sobresee (algo que no será aceptado por la familia) o pide que todo se dirima en un juicio oral, donde sea un tribunal o un jurado popular el que lo resuelva.
Los hechos
A las 6.40 del 5 de julio del año pasado, Bogado, un subteniente de la policía bonaerense que realizaba tareas de vigilancia en las fiscalías de menores, regresaba por la ruta 226 de un encuentro mantenido con un amigo cerca del paraje Santa Paula. Lo hacía a bordo de su scooter eléctrico marcan Sunra cuando pronto a llegar a la rotonda del “Hipódromo” se produjo una sucesión de hechos del que solo se tiene registro por su declaración. Y también por lo que arroja la labor de los forenses de la Asesoría Pericial.
El fiscal Pelligrinelli no cuenta con muchas opciones más que la de aceptar la versión del imputado, al menos como punto de partida. La segunda versión, nunca la tendrá.
Un patrullero, en la mañana del domingo 5 de julio, en el lugar de los hechos.
Esa reconstrucción de los hechos dice que el policía Bogado llegó a la rotonda donde la ruta se transforma en avenida Luro y una moto con tres jóvenes a bordo le cerró el paso. Uno de ellos bajó y le pidió que le entregara su scooter, pero Bogado aceleró y tomó la rotonda como para regresar por la ruta 226 hacia la zona desde donde venía. La moto lo siguió y el policía en lugar de retomar por los carriles en el sentido correcto, lo hizo por la mano que entraba a la ciudad, es decir en contramano. Eso provocó que avanzara en la misma dirección que sus perseguidores, aunque con la gran banquina divisora entre ellos.
La secuencia que describió Bogado está corroborada parcialmente por las cámaras de seguridad.
Bogado aseguró que no volvió hacia Luro porque ahí se había quedado esperando el tercer joven y, además, porque había escuchado una detonación en su huida. Entonces, a la altura del kilómetro 6 se detuvo. Intuyó que la moto con los ladrones iba a girar en el primer retome y por eso apagó las luces y arrojó las llaves a un costado. “Para ganar tiempo cuando me vinieran a robar”, declaró. Y sacó su arma de la mochila y la colocó en su cintura.
En el relato, que no puede ser confrontado porque no hay testigos (hay una persona más que no es testigo sino imputada del robo pero no se logró su declaración), señaló Bogado que la moto cambió de carril, pasó por delante de él, que sus ocupantes le gritaron para robarle la moto, que se bajó Romero y que el conductor se detuvo algunos metros más adelante, desde donde le apuntó con un arma y le disparó. Previo a ello asegura que quien iba a pie, es decir Romero, le gritó a quien permanecía en la moto “matalo, matalo”. El policía aseguró haber hecho varios disparos contra el motociclista y consideró que al menos uno de ellos le impactó.
A continuación, al ver abalanzarse a Romero, disparó todo lo que quedaba de su cargador “al bulto”. El cuerpo de Brandon Romero cayó sobre el asfalto mientras el motociclista escapaba. El policía hizo una llamada al 911. Después de esa comunicación, el cadáver fue embestido por tres vehículos y una moto alcanzó a frenar. Ese motociclista sería testigo de todo lo posterior: el llamado al 911 y los intentos por iluminar la ruta en una noche de mínima visibilidad.
Acribillado
La autopsia de la doctora Ximena Paula Vázquez y Jorge Luis Sampero confirmó que Romero recibió 7 disparos. Dos le impactaron en la cabeza, uno en la mano derecha, otro en el hombro izquierdo, otro en el muslo derecho, otro en la pierna izquierda y uno más en el glúteo. Excepto el del glúteo derecho, todos los disparos fueron hechos con la víctima de frente.
La secuencia de disparos consecutivos (un solo arma interviniente) demuestran que Bogado activó la Bersa Thunder 9mm en modo de acción sencilla, lo que provocó un intervalo mínimo entre un proyectil y el siguiente. Solo así puede explicarse cómo hirió una segunda vez en la cabeza a Romero cuando después del primero impacto ya estaba perdiendo la verticalidad. Eso sí, los otro cinco disparos debieron ser anteriores a los dos de la cabeza. “Siete disparos al bulto son 2 segundos y en un blanco móvil pueden impactar en distintas alturas y lugares”, explica un avezado tirador.
Detalle de las heridas de bala en el cuerpo de Brandon Romero.
En la discusión sobre si se trata de un caso de “gatillo fácil” no gravita el robo. Puede haber “gatillo fácil” aún en un robo. El ladrón tiene derecho a ser detenido antes de ser muerto. La circunstancia del asalto, valorada por supuesto ya que es la que pone en riesgo la vida del policía Bogado y aporta el primer elemento a su favor, la necesidad de defenderse, pasa a un segundo plano cuando se advierte, según la postura de la familia Romero y su abogado, que la proporcionalidad asoma como desbordada frente a una dudosa persistencia de la agresión ilegítima. Al menos en una primera lectura. Siete disparos para neutralizar a un joven desarmado parecen escapar de cualquier lógica de una legítima defensa, se argumenta. ¿Podía saber Bogado que Romero estaba desarmado? Sí, porque él mismo declaró que Romero le gritó al otro joven “Matalo, Matalo”.
Y aquí entra a gravitar la declaración del policía Bogado, quien como imputado no lo hace bajo juramento de decir la verdad. Puede haber estado todo el tiempo inventando una versión exculpatoria. Pero hay que entender una lógica jurídica: el fiscal no puede parcializar veracidades. Es decir, ante la falta de testigos, el relato del policía se corrobora por otras fuentes de información. Y si no hay un elemento que lo desmienta, es veraz. Debido a que el comienzo de toda la secuencia (episodio en la rotonda del Hipódromo) está acreditado por cámaras de seguridad, que su mecánica de “disparo al bulto” se corrobora en las heridas, que la acción del robo está semiplenamente probada con otras evidencias, el fiscal concluye en que el policía no miente. Que los hechos sucedieron tal como él los narra en su totalidad. Incluida esa frase “matalo, matalo” y la descripción tras haber visto al motociclista apuntando primero y luego viendo el “fogonazo” del disparo que lo obliga a usar su arma reglamentaria.
Estos dos elementos (capacidad de distinguir a lo lejos al motociclista y una indirecta noción de Brandon Romero sin un arma letal) ponen en crisis esas circunstancias justificantes –poca visibilidad y persistencia de la amenaza-, siempre favorables para aceptar una defensa legítima pura. Por ello es que el fiscal analiza si todo el contexto permite justificar o no el comportamiento de Bogado y si merece ser sobreseído o llevado a juicio.
El fiscal Pellegrinelli parece respaldar la idea de la legítima defensa considerando las condiciones en las que tuvo su experiencia extrema Bogado. Entiende que el policía fue víctima de un intento de robo en una noche oscura de invierno, de escasa visibilidad y que se encontró en medio de un episodio que interpretó como de riesgo de muerte. Las imágenes de las cámaras muestran más de una moto y que hubo una primera intención de Bogado de escapar de los ladrones, no de enfrentarlos. Es cierto que en ese momento, en la primera interceptación, Bogado tenía su arma dentro de la mochila.
El abogado Sivo solicitó un informe pericial que aún no se realizó para echar luz sobre la secuencia de disparos, ya que se mantienen dudas, sobre todo en la familia de Brandon Romero, de que no hubo una defensa sino una ejecución. El joven de 18 años recibió cinco de los siete impactos en regiones frontales y dos en la zona posterior (glúteo y mano derecha). Hay trayectorias de distinta altura: dos en las piernas, una en la cadera, otra en el hombro, otra en la nariz y otra en la cabeza. La de la mano no se puede determinar si estaba en reposo o estaba elevada.
La otra versión
La única persona que podría desdecir al policía se llama Kevin Farías. Se trata de un joven que vive en la zona del barrio Bosque Alegre, en un sector alejado de donde sucedieron los hechos. Según el entorno de Brandon Romero, Farías era un desconocido. En la madrugada del 5 de julio se había sumado a la salida para ir a dos “jodas” y Brandon Romero, desde su casa del barrio Las Américas, se subió a su motocicleta sin saber mucho de aquél y menos de que era un joven con antecedentes.
El viernes que siguió al asesinato de Romero, Farías fue detenido en el marco de una investigación por robos a comercio.
En ese procedimiento Farías, al ver a la policía de la DDI, dijo “Vienen por lo del domingo, ¿no?” y, sin ningún valor judicial, contó algunas cosas. Por ejemplo, mostró una herida en la axila derecha cauterizada de manera casera y admitió que lo había baleado el mismo policía que había matado a Romero y que pensaba que lo venían a detener por eso.
Farías al ser trasladado por la DDI en una de sus detenciones.
Si bien fue imputado por el fiscal Pellegrinelli como autor del asalto al policía, Farías fue excarcelado por “falta de mérito”, ya que por entonces no estaba probada su intervención para la Justicia de garantías. En su contacto con el fiscal, Farías se negó a declarar. Aún si hubiera aceptado que la herida en la axila se la provocó Bogado y de esa manera el fiscal, convencido del robo, lo hubiera tomado como un elemento probatorio, no habría alcanzado. Por eso, el fiscal Pellegrinelli se basa en el relato del policía, en pericias telefónicas (audios en los que se habla del asalto fallido) y análisis de cámaras de monitoreo de Luro y Tarantino para acreditar el robo. Farías sigue procesado y el fiscal Pellegrinelli, pese a que no le dieron la detención, pedirá que lo enjuicien.
Kevin Farías fue excarcelado por las dos causas (robo a comercios y robo al policía Bogado) pero a mediados de septiembre fue detenido por participar en el asalto a la casa de una mujer policía. En ese hecho, uno de los otros ladrones fue baleado por la agente de la Policía Local.
En el documental “Sin plata sin miedo” los padres de Brandon Romero señalan que Farías era un desconocido para su hijo, y que por su propia cuenta lo localizaron antes de ese allanamiento. “La única mala suerte que tuvo fue cruzarse con Kevin Farías, que él sí tenía antecedentes. Cuando lo busqué por Facebook me contacté y él me contó lo que pasó. Me dijo: ‘Vimos a alguien estacionado, como tirado en el costado de la ruta, en la oscuridad, Brandon se bajó a ver qué le había pasado y el hombre le disparó. Y a mí me tiró un tiro en la axila y en la rueda de la moto’.”, cuenta la madre de Brandon Romero.
Romina y Ricardo Romero, padres de Brandon.
Los amigos de Brandon Romero no declararon en la causa siquiera como testigos. El fiscal no los convocó y el abogado de la familia tampoco. “Ellos tienen miedo de que el fiscal les impute alguna conducta delictiva. Por eso no quieren”, dijeron desde el entorno del joven.
También los padres de Brandon Romero esbozan una hipótesis temeraria: que la Justicia está a favor del policía y que lo imputaron a Farías para anular su declaración como testigo y así no perjudicar a Bogado.
El fiscal Pellegrinelli no es la primera vez se enfrenta a una causa de esta naturaleza, con un policía imputado en un hecho que puede interpretarse como “gatillo fácil”. Y no fue precisamente complaciente en sus intervenciones anteriores. El 19 de marzo de 2015 el policía Maximiliano Castellano, del Comando de Patrullas, persiguió a una moto en la que viajaba Matías Cornejo, de solo 19 años, como acompañante. Cuando el patrullero le dio alcance, Cornejo cayó por un pozo y Castellano, en medio de frases amenazantes, le efectuó disparos de escopetas que le provocaron la amputación de una pierna al joven. Pellegrinelli lo llevó a juicio al policía por “torturas seguidas de lesiones gravísimas” y el Tribunal Oral N°1 lo condenó a 12 años de prisión.
Otro fue el caso de la mujer policía Griselda Guanca, quien mató a Miguel Efisio en 2015 al confundirlo con un ladrón. Efisio había llegado acompañado por personal policial a la casa de su madre, luego de que lo alertara sobre la presencia de ladrones. Efisio subió al techo y allí Guanca lo confundió con un ladrón. Pellegrinelli pidió 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio. Sin embargo, el Tribunal Oral N°2 le aplicó una pena de 2 años de prisión condicional.
En esos fallos se expuso la precaria condición de reentrenamiento de la policía bonaerense.
Tiempo atrás, la Comisión Provincial por la Memoria se interesó en el caso Brandon Romero y le envió una comunicación al fiscal Pellegrinelli. “Nos resulta relevante mencionar, se investigue si el oficial de la policía Arcángel Bogado, ha adoptado los recaudos, que incluso en esa situación, le son exigibles para que su accionar resulte lo menos lesivo posible, teniendo presente la supuesta necesidad de contrarrestar el peligro creado por la presunta agresión ilegitima que el mismo menciona. Se trata de un profesional en actividad que ha sido capacitado, entrenado y equipado por el Estado para abordar y resolver de la mejor manera posible situaciones como la que protagonizó”.
Tal vez allí esté la clave de toda esta tragedia. Un joven sin conflictos con la ley que se sube a la moto de un delincuente y que termina en una situación fatal frente a un policía cuyas destrezas para aplicar en situaciones extremas son dudosas. Seis primeros disparos contra Kevin Farías en el que acierta uno y siete disparos contra Romero, también al bulto, en el que acierta todos.
La decisión del fiscal Pellegrinelli sobre si mantiene imputado al policía Arcángel Bogado o si pide su sobreseimiento por entender que se defendió legítimamente es cuestión de semanas. Aguardará el resultado de algunos peritajes y dará por concluida la investigación.
El documental elaborado por el caso Brandon Romero: