Un total de 12.655 personas modificaron los datos de su DNI desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género.
Por Javier Castro Bugarín
Hace cinco años, en el primer fin de semana de mayo, un timbrazo cambió para siempre la vida de Julieta Ruiz. Bajó las escaleras de su casa, expectante, y ahí estaba el cartero, frente a su puerta, dispuesto a entregarle lo que llevaba años esperando: su documento de identidad con su nombre y sexo rectificados.
“Me puse a llorar. El cartero me miraba como diciendo ‘¿me firmás?’, y yo lo abracé”, rememora Ruiz, de 34 años, en una conversación con EFE desde el Teatro Chacarerean de Buenos Aires. “No me podía creer que esta tarjetita dijera que yo soy quien digo que soy”.
Ese pequeño gesto fue posible gracias a la Ley de Identidad de Género, una normativa que entró en vigor hace diez años en Argentina y que permite cambiar el documento de identidad sin necesidad de informes médicos, intervenciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales, unas particularidades que la convirtieron en la primera ley del mundo en no patologizar a las comunidades trans.
Según cifras oficiales, un total de 12.655 personas modificaron los datos de su DNI desde la aprobación de esta ley.
La obtención del DNI
Julieta Ruiz tardó casi tres décadas en ver plasmada su identidad en un documento. Hasta entonces, su vida estuvo marcada por la negación de ese “yo” que, oculto y silenciado, luchaba por salir a la luz.
“Sentía que había algo que el afuera me devolvía, como si yo no fuese real… Decía ‘soy esta persona y actúo así’, pero el afuera me devolvía que no, que así no es, que así no sos”, afirma al evocar su infancia y adolescencia en Miramar, su pueblo natal.
Después de mudarse a la capital, y de empezar un tratamiento hormonal para adecuar su cuerpo a su género, Ruiz comenzó los trámites para obtener su nuevo DNI bajo la Ley de Identidad de Género, un proceso que demoró un año y medio por diversos errores administrativos.
Todo cambió desde ese momento: podía comprar con tarjeta de crédito sin esconder su rostro, iniciar cualquier proceso legal sin avergonzarse, o tomar un vuelo, con destino a Cuba, escuchando cómo todas las azafatas la llamaban por su verdadero nombre.
“Me senté (en el avión) y dije: no me puedo creer que ese plástico, que esa cosa tan insignificante, que para el resto es muy común, para mí sea abrirme las puertas del mundo y que valide quién soy”, señala.
El camino hacia la ley
Para convertir esa aspiración en una realidad legal, fueron necesarios muchos años de luchas en las calles y de reivindicaciones políticas, tal y como subraya María Rachid, coautora de la Ley de Identidad de Género y actual responsable del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Sabíamos que no iba a cambiar la vida de las compañeras y compañeros de un día para otro, pero era una puerta de acceso a ese camino”, asevera Rachid en una entrevista a Efe.
Presentada por primera vez en 2007 y sancionada cinco años después, la Ley de Identidad de Género perseguía cuatro objetivos: evitar la patologización de las personas trans, incluir a los menores de edad, salvaguardar los derechos de la población migrante y preservar la confidencialidad del cambio de sexo.
“Creo que la ley generó cambios muy profundos (…). El Estado ha emitido un mensaje de reconocimiento a la identidad de género, ahora falta el acceso a todos los derechos”, sostiene Rachid.
Obstáculos sanitarios
Uno de los derechos más vulnerados está relacionado, precisamente, con el acceso a la “salud integral”, un principio contemplado en la ley y que, en el caso de Julieta Ruiz, se convirtió en un laberinto burocrático y legal.
Tras años de debates internos, Ruiz decidió someterse a una operación de cambio de sexo en 2019. Presentó todos los papeles, hizo todos los estudios necesarios y, a falta de días para su cirugía, la clínica le llamó por teléfono: no podían operarla porque su obra social (mutua médica) no había realizado el pago.
Después de un proceso judicial que se extendió por tres años, la Corte Suprema de Justicia determinó que la obra social debía pagar íntegramente la operación de Ruiz, quien pasó finalmente por el quirófano el pasado 15 de enero.
“Quería saber qué se siente al estar más cómoda con mi cuerpo. Me da orgullo no haberme rendido, porque en un momento sí estuve al borde de hacerlo”, confiesa.
Ley integral trans
Desde hace varios años, el colectivo LGBT argentino impulsa una legislación todavía más ambiciosa, la Ley Integral Trans, con la intención de garantizar todos los derechos (vivienda, educación, empleo) de esta comunidad.
Mientras tanto, Ruiz está volviendo poco a poco a la normalidad tras su operación, retomando proyectos en teatro y en televisión, pero con una prioridad bien clara: conocerse más a sí misma.
“Ahora me dedico a sanar las cicatrices que quedaron de la infancia, pero con la tranquilidad de decir que soy yo, que este es mi cuerpo, que lo logré”, concluye, con un brillo inconfundible en sus ojos.
EFE.