por Guillermo Castello
A nadie le parecería aceptable que un administrador de un consorcio se negara a explicarle a los copropietarios cuánto dinero recaudó por expensas y qué hizo con él. Sin embargo, es lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país, especialmente en los últimos años.
Los fundamentos jurídicos y filosóficos del derecho al Acceso a la Información Pública son claros: surgen de la forma republicana de gobierno, uno de cuyos principios es el de la publicidad de los actos de gobierno, forma que adopta nuestra Constitución ya desde el primer artículo, robustecida por diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, además de haber sido reiteradamente reiterados por nuestra Corte Suprema nacional.
A pesar de todo ello, nuestro país no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, de la que mucho hablaron gobiernos anteriores aunque ninguno la impulsara realmente. Fue recién la actual administración nacional, a menos de seis meses de haber asumido, la que propició que la Cámara de Diputados aprobara esta semana la media sanción de dicha ley.
En los últimos años la Corte Suprema condenó duramente al Estado por negarse expresamente, y por escrito, a informar cuánto dinero se destinaba a los planes sociales, quiénes eran los beneficiarios de los mismos y quiénes eran los intermediarios encargados de distribuirlos. Lógicamente, esa negativa a informar es la que le permitió al anterior gobierno decidir alegremente cuánta de nuestra plata utilizaba sin control, a quién se la daba para repartir y a quiénes beneficiaba finalmente.
En otro fallo del mismo tribunal se condenó también al Estado por no informar cuánto gastaba en publicidad oficial y a qué medios y/o personas elegía para dicha publicidad
Es imposible que algo bueno surja de todo esto.
La ausencia de una Ley de Acceso a la Información Pública explica a Milagro Sala, Lázaro Báez, los “Sueños Compartidos” y “La Rosadita”.
Resulta inadmisible que debamos depender de la voluntad, coraje y recursos de algunos periodistas y medios de comunicación para acceder a información que debiera estar al alcance de una nota e incluso de un click, como lo son el costo de una obra pública o el presupuesto y beneficiarios de los subsidios estatales.
La ausencia de transparencia en la información no sólo lleva casi matemáticamente a la corrupción puramente estatal sino que promueve una promiscuidad entre el Estado y el sector privado a través de contrataciones, subsidios, pauta oficial, asociaciones empresariales que, además de los perjuicios económicos, genera una fuerte degradación moral en la comunidad en general.
Es por ello que cualquier ciudadano debe poder acceder a toda información pública sin costo, sin trabas, sin necesidad de justificar su pedido, sin riesgos de represalias o discriminaciones, sin dilaciones injustificadas, sin mayores formalidades y dicho derecho debe extenderse no sólo a toda entidad pública sino a todo ente privado que tenga algún tipo de vínculo jurídico o económico con el Estado (contratista, receptor de subsidio o pauta oficial, exento de impuestos, empresa mixta, etc.)
El Derecho Humano al Acceso a la Información, que no es otra cosa que el derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes, no sólo es relevante desde lo institucional, al mejorar la administración del Estado, sino también desde lo económico y lo moral, al reducir sustancialmente los niveles de corrupción y mejorar así nuestra calidad de vida.
(*): Diputado provincial. Presidente Coalición Cívica Mar del Plata.