Marcos Aldazábal se refirió a las presentaciones por irregularidades en la entrega del celular del diputado del PRO para un peritaje y aseguró que "en siete días la jueza no hizo nada". Se trata de "una semana más para que Milman siga borrando todo", apuntó.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra, advirtió que la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, “no hizo nada” ante las denuncias que se formularon por irregularidades detectadas en la entrega del celular del diputado del PRO Gerardo Milman para un peritaje y en las presentaciones las referidas a una reunión que se habría realizado en las oficinas de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich
“El jueves pasado le marcamos a Capuchetti que Milman le entregó un celular que recién usó tres meses después del atentado, y omitió decir que tenía otros dos dispositivos al momento del ataque”, recordó el abogado Marcos Aldazábal en una serie de posteos publicados en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
Aldazábal remarcó que “en siete días la jueza no hizo nada” y sostuvo que se trata de “una semana más para que Milman siga borrando todo”.
“La reunión en la que Milman y sus colaboradoras se asesoraron para borrar/cambiar sus teléfonos habría tenido lugar en oficinas de Patricia Bullrich (así lo dijo una de las colaboradoras de Milman). En 5 meses, no se tomó una sola medida para determinar los detalles de la reunión”, advirtió además.
Aldazábal se refirió a una reunión que habría tenido lugar en oficinas de la actual candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC) y a la que concurrió Milman junto a sus asesoras y un perito para establecer cómo proceder con sus teléfonos celulares, antes de que fueran requeridos para peritar en el caso.
El abogado denunció: “Vivimos en un país en el que un atentado contra una vicepresidenta y dos veces presidenta no es suficiente para que la justicia federal se anime a investigar a sus padrinos políticos”.
La semana pasada, los abogados Aldazábal y José Manuel Ubeira, apoderados por la querella de la Vicepresidenta, presentaron un escrito en el juzgado en el cual advirtieron que el diputado del PRO entregó un teléfono que no era el que usaba al momento del atentado, el 1 de septiembre de 2022.
“El celular entregado es, incluso, un modelo que salió a la venta luego del atentado (IPhone 14 Pro). Milman lo adquirió en noviembre de 2022, momento en el que una de sus asesoras situó una reunión en la que un perito y un abogado asesoraron al diputado sobre cómo borrar pruebas”, detalló ahora el letrado.
Además advirtió que se trata del ” mismo dispositivo que se le secuestró a otra de sus asesoras, Gómez Mónaco. Según surge de la causa, a Gómez Mónaco el perito y el abogado de Milman le dijeron que lo más seguro era cambiar su celular. Evidentemente, a Milman le recomendaron lo mismo”, evaluó el abogado.
Aldazábal hizo referencia a Carolina Gómez Mónaco, una de las dos por entonces secretarias de Milman que estuvieron junto con él en una mesa del bar “Casablanca”, cercano al Congreso Nacional, cuando el diputado habría dicho la frase “cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”
Un testigo se presentó en la Justicia para declarar haber escuchado decir esa frase a Milman dos días antes del intento de asesinato de la Vicepresidenta y a raiz de ello y luego de comprobarse que en efecto estuvo en la confitería ese día junto a sus asesoras, quedó imputado en la causa.
Por el intento de asesinato de la ex Presidenta cometido la noche del 1 de septiembre del año pasado cuando llegaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta están detenidos y enviados ya a juicio oral el autor material del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel, su entonces novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quien trabajaba con ellos en un grupo de vendedores de copos de nieve callejero.
Uliarte envió un escrito de ampliación de declaración indagatoria al Tribunal Oral Federal 6 que prepara el debate oral en el que aseguró haber escuchado que Milman le “pagaba a varias personas” a cambio de participar en manifestaciones con el fin de “generar disturbios y violencia”.
Capuchetti sigue a cargo -aunque delegada en la fiscalía federal de Carlos Rívolo- de la parte del caso que busca establecer si hubo autores intelectuales en la planificación del atentado y apoyos económicos para sus autores.
Esta es la parte de la causa en la que está imputado Milman y por orden de la Cámara Federal porteña se habilitó peritar el teléfono celular del legislador.
Por ello, lo entregó al juzgado, aunque la querella de la Vicepresidenta sostiene que no es el aparato que usaba al momento de los hechos.