Por Jorge Raventos
Dentro de ocho días la Argentina ingresará plenamente en una nueva etapa, atravesado ya este vestíbulo anticipatorio de dos meses que se abrió con las elecciones primarias de septiembre. El lunes 15, zanjada ya la incógnita sobre el futuro balance de fuerzas en el Congreso, el sistema político deberá poner manos a la obra: Argentina necesita antes de abril resolver el acuerdo para refinanciar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, y ese convenio (indispensable para evitar un default totalmente descalificador) no depende solo del gobierno, sino de todo el tejido muscular de la sociedad.
En un país que sufre el desfallecimiento de su sistema de autoridad, la contraparte requiere que, además de la firma del gobierno, el convenio cuente con el aval explícito de los actores políticos, económicos y sociales decisivos. Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo, explicó -desde su situación de bisagra entre las dos partes- que “pasar por el Congreso y la discusión social respecto a generar los mecanismos de consenso para el programa que se termine acordando con el FMI es fundamental porque potencia, por un lado, la posición de Argentina, pero, por otro lado, potencia la viabilidad futura del programa, y a la vez la sensación de mayor potencial, de más confianza en el conjunto de la economía”. Traducido: el FMI lo requiere y el país lo necesita.
Pieza decisiva
Por cierto, la primera pieza decisiva para ese consenso es el propio oficialismo. Es principalmente en su seno donde ha reinado la tensión sobre este asunto y desde donde más obstáculos retóricos se alzaron. La derrota en las PASO y la vaticinada repetición (quizás suavizada) de la caída el próximo domingo, al golpear al sistema de poder que controla al Frente de Todos desarticulándolo, ha permitido que emerja la opinión de importantes socios que estaban relegados: gremios, movimientos sociales, gobernadores e intendentes. Con ellos se fortaleció la postura realista, favorable al acuerdo con el Fondo y a la búsqueda de consensos amplios para afrontar la crisis. Desde la CGT, que pronto consumará su reunificación con una conducción nueva, ya se anticipó ese respaldo. Lo hizo Héctor Daer, que seguirá siendo el vocero principal de la central, pero también han adherido a ese punto de vista pilares cegetistas como Armando Cavallieri y José Luis Lingieri.
Cautelosamente, Sergio Massa apunta en la misma dirección desde su aparcería en el vértice político del oficialismo. El viene sugiriendo que, inmediatamente después del comicio, habrá que conformar “una mesa de trabajo integrada por el gobierno nacional, la oposición, empresarios y trabajadores, para definir acuerdos de largo plazo y transformar los recursos argentinos en un valor de crecimiento y desarrollo”. Massa no menciona el acuerdo con el Fondo, pero está obviamente implícito: el largo plazo es una fantasía si no se refinancia la deuda con la entidad.
En diálogo a la distancia con Massa, Horacio Rodríguez Larreta coincide; si esboza reparos es para no malquistarse con parte de su electorado: “Definitivamente se requiere un consenso amplio, un gobierno de unidad nacional. Para las transformaciones que la Argentina necesita se requiere de un apoyo más grande, porque si no, no se sostienen en el tiempo. Quien conduce hoy el país debiera convocar a un acuerdo, pero no veo que lo quieran hacer (…) yo siempre voy a promover que tengamos esa actitud de diálogo y de búsqueda de un consenso, pero después hay que ver con quiénes, porque es difícil ponerte de acuerdo con todos. Cuando se habla de buscar un acuerdo más amplio, no necesariamente es con todos(…) Un consenso más amplio no es la unanimidad”.
Consenso
Así como en el oficialismo hay renuencia o resistencia al acuerdo con el Fondo (y a la eventualidad de coincidencias con la oposición), en el seno del Pro y en parte de la UCR el gen anti-K (y, en algunos, el gen antiperonista) prevalece fuertemente sobre la idea de un consenso para hacer frente a la crisis y promover políticas de Estado. La reticencia de Rodríguez Larreta (“no necesariamente con todos”) es considerada por esos sectores una intolerable capitulación.
Pero Larreta acierta cuando señala que un consenso amplio para gobernar y sostener políticas de estado “no es la unanimidad”.
Los acuerdos duraderos no son puras palabras y promesas. Necesitan formalizarse, canalizarse y enraizarse institucionalmente.
¿Cuáles son los instrumentos institucionales del consenso?
En el terreno político la idea del acuerdo se abre paso a través de las conducciones más responsables de las fuerzas, y su espacio institucional natural es el Congreso.
La participación sindical tiene un fuerte anclaje institucional a través de la CGT y el sector productivo tiene sus organizaciones corporativas, tanto industriales como de bancos, campo, comercio o servicios. Tienen, asimismo, instancias de expresión de punta, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que congrega a dueños de grandes firmas nacionales.
El sector sindical y el sector productivo ya dialogan espontáneamente pero también se ha estructurado un espacio de diálogo institucional que los incluye, que es el Consejo Económico Social, una iniciativa que motoriza con eficiencia y discreción Gustavo Beliz, en la que también tienen inserción los movimientos sociales.
En la búsqueda de un acuerdo social bien asentado, es probable que ahora se necesite estructurar un canal de participación de los poderes territoriales, en primer lugar de las provincias. El Consejo Federal de Inversiones, que ha sido un espacio de debate en ciertas instancias críticas, no tiene, sin embargo, la dimensión institucional suficiente para canalizar adecuadamente la participación de las provincias en la etapa y los debates que se abren, en los que el factor federalismo debe estar presente a través de consensos alcanzados por los gobernadores. El país, por ejemplo, tiene aún la asignatura pendiente de un nuevo régimen de coparticipación, encomendado por la Constitución reformada en 1994.
Un foro permanente de gobernadores -hay ejemplos vigentes: el Consejo Nacional de Gobernadores mexicano- sería una plataforma importante de poder federal frente a las viejas tendencias centralistas del Estado argentino y una instancia de acuerdos y equilibrios entre las provincia y de todas ellas con el gobierno central.
Por esa u otra vía, la dimensión federal tendrá que incorporarse a las bases de consenso que el país tiene que elaborar después del escrutinio y ante la crisis, ya que no lo ha hecho antes.
Ese consenso es la plataforma de una autoridad revitalizada y el programa de una nueva etapa