El fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani presentó pruebas ante la Cámara Criminal Correccional de Capital Federal que el inmueble frente al mar adquirido por el Estado en cerca de 750.000 dólares pertenecía a Austral Construcciones, la empresa vinculada con la corrupción en la obra pública por la cual fue condenado Báez.
El fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani denunció al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) por la compra del chalet frente al mar inaugurado el año pasado ya que el inmueble pertenecía a Austral Construcciones, la empresa del empresario Lázaro Báez condenado en la causa por corrupción en la obra pública.
Como la compra del inmueble por parte del Estado, en un valor cercano a los 750.000 dólares, se concretó en Capital Federal, Pettigiani realizó la presentación en la Cámara Criminal Correccional de Capital Federal.
El chalet denunciado queda en el barrio La Perla, en 11 de Septiembre 2626, cuenta con alrededor de 700 metros cuadrados y fue comprado por el Conicet para “garantizar una mejor calidad de la tarea de los investigadores en la ciudad“, como así también “permitir una mayor visibilización y acercamiento a la comunidad“.
La denuncia presentada por el fiscal Pettigiani se centra en tres puntos: que la compra fue directa, que el gasto de 750.000 dólares en un edificio para “dar publicidad” al Conicet en “un contexto discursivo de defensa de los pobres” le resulta excesivo y que al haber sido adquirido a Austral Construcciones (empresa de Lázaro Báez) significa “continuar con el lavado de activos de origen ilícito”.
Según la denuncia presentada por Pettigiani, la compra realizada por el Estado Nacional “se habría realizado no obstante haber recaído sentencia condenatoria a Lázaro Báez y de haberse inmovilizado su patrimonio y el de Austral Construcciones, lo que deja un manto de sospechas que necesitan ser dilucidadas ya que podrían constituirse en graves delitos”.
“La forma de la operación, la persona a la que se le adquirió el inmueble y su falta de utilidad, colocan a la operación de compra de manera directa y sin justificar la extrema necesidad de ser investigada, más allá de advertir que, dicho inmueble, no debería haber sido adquirido por el Estado Nacional, ya que significa continuar con el lavado de activos de origen ilícito, agravado ahora por la intervención de funcionarios públicos, por mencionar alguno de los delitos cuya comisión se habría concretado en el hecho de referencia”, agregó el fiscal general.
A entender de Pettigiani, con la compra del chalet de 11 de Septiembre 2626 se habría defraudado en perjuicio de la Administración Pública mediante los delitos de peculado o malversación de fondos públicos, “al permitir que bienes que indirectamente permanecían en poder de una persona condenada por actos de corrupción pública puedan ser blanqueados, obstruyendo el accionar de la Justicia”.
“La existencia de los procesos penales contra Lázaro Báez debería haber frenado el acto de adquisición, el Estado Nacional debería ser más celoso del uso de fondos públicos para la compra de inmuebles”, expuso Pettigiani en la denuncia y agregó: “Una oficina de publicidad no puede costar 750.000 dólares en el contexto de pobreza en el que se compró. Nada justifica una compra semejante”.
En los próximos días, la Cámara Criminal Correccional de Capital Federal deberá sortear qué juzgado de Comodoro Py toma la causa y se hace cargo de la investigación por la compra del chalet frente al mar realizada por el Conicet.