Los legisladores del Frente de Izquierda exigirán que “se investigue hasta las últimas consecuencias y sepamos quiénes fueron los responsables materiales y políticos de este atentado a las libertades democráticas”.
El diputado nacional Nicolás del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, se presentarán el lunes en la justicia por el presunto espionaje que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cientos de personas durante el gobierno anterior, entre los cuales estarían incluidos, según consta en la denuncia que presentó la actual titular del organismo, Cristina Caamaño.
En un comunicado, los dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda, Del Caño y Bregman, adelantaron que se presentarán en la justicia y exigirán que “se investigue hasta las últimas consecuencias y sepamos quiénes fueron los responsables materiales y políticos de este atentado a las libertades democráticas”.
“Nosotros ya habíamos sufrido el accionar ilegal de la inteligencia durante el gobierno de (Mauricio) Macri, como cuando fuimos con Myriam Bregman a Esquel a solidarizarnos con la familia de Santiago Maldonado a pocos días de haber desaparecido en agosto de 2017”, recordó Del Caño.
También señaló que “hay que acabar de una vez por todas con los ’carpetazos’ y el espionaje contra las organizaciones obreras, populares y, particularmente, la izquierda política”.
A su turno, Bregman consideró: “No nos extraña en lo más mínimo que los organismos de inteligencia se ocupen de espiar ilegalmente a los opositores, e incluso a miembros del mismo partido gobernante, y particularmente como ha sido histórico a la izquierda”.
El viernes, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Por un sorteo realizado por la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal, la denuncia recayó el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa.