Aseguraron que no hay que pagar las boletas que llegaron con aumentos hasta que la Justicia determine la validez o no de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.
La novela por la fuerte suba de tarifas anunciada por el Gobierno nacional está siendo dirimida en la Justicia: la Corte Suprema de la Nación definirá en agosto si el Ministerio de Energía puede avanzar o no con los nuevos cuadros tarifarios que fueron anunciados la semana pasada. Mientras eso sucede, los usuarios no saben qué hacer con las facturas que llegaron a sus casas. La gran pregunta es: ¿hay que pagar o no hay que hacerlo?
LA CAPITAL consultó a distintas entidades que defienden a consumidores y todas dieron la misma respuesta: las boletas que llegaron a los hogares con el tarifazo no deben ser abonadas hasta que el máximo tribunal del país tome una decisión.
La respuesta ayuda a los usuarios de la luz y el gas a tener el panorama un poco más claro luego de las innumerables idas y venidas que hubo por el tarifazo. Hasta hoy, todas las medidas anunciadas por la gestión de Mauricio Macri fueron frenadas por la Cámara Federal de La Plata por lo que el tarifazo no está vigente en ninguno de los servicios públicos.
Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo de la ciudad, Fernando Rizzi, aseguró que “pagar o no pagar es la gran pregunta de los consumidores”. “Nosotros decimos que no hay que pagar las boletas con los aumentos de luz y de gas. E insistimos que salvo que la empresa refacture sin los aumentos, no se debe pagar”, explicó. Y argumentó: “La tarifa del gas fue anulada por la Cámara Federal de La Plata por lo tanto no se pueden facturar los aumentos. Y las subas en la luz fueron suspendidas por tres meses. Esto quiere decir que ninguna de las dos empresas puede exigir una tarifa con los incrementos”.
Para Rizzi, el tope del 400% anunciado por el Gobierno Nacional la semana pasada para las facturas de gas, “no tiene validez hasta que la justicia resuelva lo que va a pasar”. En ese sentido, el defensor del pueblo buscó llevarle tranquilidad a los usuarios que tienen temor que EDEA o Camuzzi les corten el servicio por no haber abonado.
“Las empresas no pueden hacer ningún tipo de corte porque el aumento es ilegítimo”, sostuvo el funcionario y destacó que ante alguna situación de ese tipo debe presentar un urgente reclamo en la Defensoría del Pueblo o en Defensa del Consumidor.
Por otra parte, Rizzi insistió con pedir una convocatoria a audiencias públicas previas al tratamiento de un nuevo Régimen Integral Tarifario de la energía eléctrica, gas natural y agua. “Ello en virtud de los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución”, afirmó.
Además, el defensor del pueblo solicitó más beneficios para los más perjudicados con la suba de tarifas.
“Insistimos en ampliar los términos actuales en torno al Régimen de Beneficiarios a la Tarifa Social en todos los servicios públicos, contemplando a los usuarios que pese a no encuadrar en las causales establecidas, su situación económica particular le impide afrontar el pago pleno de la tarifa”, sostuvo. Y agregó: “También solicitamos una revisión en relación a las causales de exclusión. Particularmente, requerimos que al momento de solicitud de ingreso al Registro, se efectivice la inclusión provisoria al mismo hasta su incorporación definitiva, procediéndose a la refacturación de la boleta de servicio emitida sin el mencionado beneficio, sin que ello implique el corte de suministro”.
Por otra parte, el defensor del pueblo le solicitó al Gobierno Nacional que reglamente la Ley 27.218 que establece un Régimen Tarifario Específico en todos los servicios públicos esenciales a las entidades de bien Público. “Hay que reconocerles el rol social que ocupan para la comunidad, ello muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado”, explicó Rizzi. Y, enseguida, mencionó otro de los reclamos hacia la gestión de Mauricio Macri: “Requerimos que al momento de la elaboración de un nuevo régimen tarifario se contemple muy especialmente las economías regionales, la particularidades geográficas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, las que en muchos casos se encuentran frente a la decisión límite de afrontar el pago de los servicios o despedir trabajadores Por ello, solicitamos para los ellos un Régimen Tarifario Promocional”.
Abogado de Consumidores Argentinos
El abogado de la ONG Consumidores Argentinos, Elvis Toto, coincidió en que no “hay que pagar las boletas que llegaron con el aumento dispuesto por el Gobierno Nacional”. Pero aclaró: “El usuario de la luz y el gas sólo tendrá que abonar si la facturas que recibió en su casa tienen el cuadro tarifario anterior. Es decir si ningún tipo de aumento”.
Esta situación puede derivar en la confusión de los consumidores ya que no resulta sencillo distinguir si las boletas fueron facturadas con los valores de febrero -en el caso de la luz- y marzo -en el caso del gas-. “Ante la duda lo que hay que hacer es llamar a las empresas y que expliquen de manera detallada cómo se compone la boleta. Si los valores son anteriores a esos meses, se debe pagar. En caso contrario, no”, explicó Toto. Y, enseguida, recomendó:
“Sería bueno que las empresas aclaren en las boletas con qué cuadro tarifario fueron facturadas así el consumidor puede tener las cosas más claras”. En caso de dudas, el letrado de Consumidores Argentino sostuvo que “hay que agarra las boletas del año pasado y fijarse cuánto costaba el servicio para sacarse la duda si llegaron o no con incrementos”.
En ese sentido, el abogado aclaró que en caso de que las facturas hayan llegado con aumentos “no se deben pagar”. “Algunas empresas fueron un poco pícaras y le recomendaban a la gente pagar igual con la suba y después prometieron hacer una nota de crédito si queda firme la marcha atrás ordenada por la Justicia”, explicó. Y, enseguida, agregó: “Es cierto que con todas estas idas y venidas, las empresas tienen un lío administrativo bárbaro. Por eso también puede haber confusiones, pero de alguna manera hay que solucionarlas”.
Toto reafirmó que de ninguna manera puede cortarse el servicio si el usuario no paga las facturas que llegaron con fuertes subas. “Las empresas sólo puede hacerlo si factura con los cuadros tarifarios anteriores al tarifazo. Ahí si un usuario entraría en mora”, aclaró el abogado.
Ligas de Amas de Casa
La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, también aseguró que los consumidores de “ninguna manera deben pagar las facturas con los aumentos de la luz y el gas”. “Lo que deben hacer es esperar que se aclare le situación. Estamos esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia para determinar los pasos a seguir y saber si la suba anunciada por el gobierno es legítima o no”, explicó. Y agregó: “Si tenemos la mala suerte que la Corte falle en contra y los aumentos se podrán aplicar, la gente no va a poder pagar todo junto. En ese caso, las empresas deberán ver la forma en que aplican esa suba y de qué manera van a liquidarlas para que puedan ser abonadas por los consumidores”:
Sánchez aseguró que durante toda la discusión por la subas de tarifas el gobierno nacional “fue probando sobre la marcha”. “Eso no debió hacerse nunca. En el medio está la gente y todo esto genera mucha angustia. No se puede hacer prueba y error con la delicada situación que atraviesan muchas personas y comerciantes”, dijo la titular de Ligas de Amas de Casa.
Pedido a la Corte
Organizaciones de defensa de los consumidores, políticas, sociales, estudiantiles y sindicales reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalide los fallos que frenaron la aplicación de los aumentos en las tarifas de energía.
En una nota dirigida al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, las organizaciones solicitaron que se las convoque a una audiencia para “expresar nuestros puntos de vista y propuestas de solución a la crisis desatada por los aumentos tarifarios que impactan en la vida de millones de personas”.
La Corte Suprema ordenó el martes pasado que el Estado nacional, a través del Enargas y dentro del plazo de 10 días, explique qué parámetros tuvo en cuenta para establecer el aumento de la tarifa del gas, con incrementos de hasta el 400 y 500% para usuarios residenciales y comerciales respectivamente.
Dentro del mismo plazo el máximo tribunal informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias según los ingresos del usuario y de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita, y las razones para la modificación de precios.