El País

Cuáles son las diferencias entre Nación y provincias por el otorgamiento del bono de fin de año

El gobierno extendió el beneficio a unos 140 mil trabajadores de la administración nacional y otros 190 mil agentes de la Policía, la Gendarmería y la Prefectura.

El beneficio del bono de fin de año que otorgará el Gobierno nacional alcanza diferencias según sectores y jurisdicciones, de acuerdo con un informe de la Fundación Mediterránea.

En los últimos días se oficializó por decreto del Poder Ejecutivo Nacional la instrumentación de un bono extraordinario de fin de año de $5.000 para trabajadores formales del sector privado, a pagar con los salarios de noviembre y enero.

“Además de la medida de alcance conocido sobre el sector privado, el Gobierno acaba de extender el beneficio del bono de fin de año a unos 140 mil trabajadores de la administración nacional y otros 190 mil agentes de la Policía, la Gendarmería y la Prefectura”, indicó el informe.

Los especialistas aclararon que “por formar parte de un régimen laboral distinto, quedaron excluidos trabajadores del Poder Judicial, el Congreso, la ANSeS y de empresas públicas, entre otros”.

“A nivel provincial, hay 8 jurisdicciones que han anunciado el otorgamiento de un bono, con montos que varían entre 3.500 y 10.000 pesos”, señaló.

Destacaron que “en el otro extremo, 13 provincias han anunciado que no implementarán la medida, mientras CABA, Buenos Aires y Córdoba se encuentran en una posición expectante”.

“En estos casos, a mayor déficit fiscal, más incidencia sobre el gasto público y/o mayor reajuste previo de salarios, menores chances para el pago de un bono”, señalaron.

También precisaron que en el plano social, para los cuatro millones de beneficios por la Asignación Universal por Hijo, se anunció un plus de 3.000 pesos, pagadero en setiembre y diciembre.

“Habría que evaluar un refuerzo de 2.000 pesos para este universo, al igual que para el caso focalizado de titulares de una jubilación o pensión contributiva dentro del haber mínimo, que suman 1,3 millones de personas, considerando aquellos que no accedieron al sistema a través de una moratoria”, agregaron.

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