La ex presidenta también advirtió sobre una "espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el Poder Judicial".
La ex presidenta Cristina Fernández calificó hoy de “absurda e injuriosa” la acusación por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de la voladura de la AMIA, advirtió sobre una “espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el Poder Judicial” y dijo que no esperaba “justicia” por parte del juez Claudio Bonadio.
Al declarar en el juzgado de Bonadio –con quien en ningún momento tomó contacto, ni saludó- la ex mandataria consideró “insostenible” que se considere delito “la realización de un acto de relaciones exteriores del Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por el Congreso de la Nación, ambos en ejercicio de sus facultades privativas constitucionalmente atribuidas que por cuya naturaleza no pueden ser objeto de revisión judicial”.
En ese contexto, la ex jefe de Estado declaró que el Memorandum de Entendimiento con Irán tuvo por objetivo que los acusados por la voladura de la AMIA declararan como imputados para permitir el avance de la investigación y no para procurar su impunidad.
“Mientras el juez no pudiese tomar las declaraciones indagatorias a los imputados, dicha causa se halla estancada y sin posibilidad de avances significativos. Ello porque la legislación Argentina no permite el juicio en ausencia de los sospechados y tanto el juez de la causa como el propio fiscal Nisman habían opuesto al respecto sus reparos constitucionales”, explicó.
La jefa de Estado también embistió contra el juez: “Dr. Bonadio, de usted no espero Justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judicial, la Justicia que reclamo finalmente se proveerá”, sostuvo.
Mediante un escrito de 12 páginas, la ex mandataria consideró que el acuerdo con Irán se celebró en el marco de lo que establece Naciones Unidas para la resolución de conflictos entre las naciones y dentro de un marco de legalidad.
“La Argentina debía resolver la controversia existente con la Republica Islámica de Irán. Y para ello actuó en el marco de lo reglado por la Carta de Naciones Unidas, promoviendo una solución pacifica del diferendo”, precisó.
Pero, además, evaluó que la acusación en su contra, que rechazó, forma parte de las cuestiones “políticas no judiciales”, es decir que no constituyen un delito ni pueden ser revisables por parte de los tribunales ordinarios.
“La negociación internacional es una facultad privativa y excluyente del Poder Ejecutivo Nacional. (…) De allí que el Poder Ejecutivo llevó adelante dicha negociación y en este caso además con noticia y respaldo de los magistrados intervinientes”, resaltó.
Subrayó que el Memorando, por falta de ratificación iraní, nunca entró en vigencia y, en ese contexto “debe entonces resaltarse la cuestión de la falta de entrada en vigor del Acuerdo implica por lo tanto, la ausencia de sus efectos jurídicos”.
Ya fuera de los tribunales, en los que además del escrito realizó algunas expresiones en concordancia, la ex mandataria utilizó un gazebo para tomar contacto con la prensa y, siempre sin responder preguntas, opinar que la causa que lleva Bonadio es “un gran disparate jurídico”.
Acompañada por dirigentes como Héctor Recalde, Jorge Ferraresi, Fernanda Vallejo, Leopoldo Moreau, Aníbal Ibarra, Horacio Fontova, Hugo Yasky y Martín Sabatella, la ex presidenta consideró que “la única traición a la patria es utilizar a un Poder Jdicia para perseguir a los opositores”.
“Lo que se está persiguiendo es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición, quieren hacer callar a la oposición en el parlamento. El objetivo es silenciar el ajuste, para que no se hable del aumento de las naftas, las tarifas, de la edad de la jubilación, de la flexibilización laboral”, advirtió.
Cristina Fernández cerró la lista de imputados que desfilaron en indagatoria ante el juez Bonadio, quien a partir de ahora dispone de un plazo ordenatorio de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los 24 indagados.