La Justicia Federal detectó una transferencia bancaria de unos 590.000 pesos en la cuenta de Gabriel Beain, que habría sido realizada por el acusado de ser el jefe de la organización, Fabián Di Julio. Ambos quedaron ahora imputados también por cohecho.
El acusado de ser el líder de una organización que manejaba casinos ilegales y contrabandeaba celulares y el verificador de la Aduana de Mar del Plata sospechado ser una pieza fundamental en esa banda fueron imputados por “cohecho”, luego de que la Justifica Federal detectara supuestos pagos de coima en 2021 por más de medio millón de pesos.
La fiscal Laura Mazzaferri, durante la investigación detectó una transferencia bancaria en la cuenta del verificador de la Aduana Gabriel Beain realizada el 3 de diciembre de 2021 por 594.000 que habría sido una suerte de coima realizada por Fabián Di Julio, el señalada como líder de la organización criminal.
En concreto, los investigadores pudieron corroborar que ese depósito fue realizado por la pareja de Di Julio y un empleado de él, en el medio del período que la organización realizaba las importancias que pasaban por la Aduana de Mar del Plata.
Ante esta situación, es que la fiscal consideró que se trató de un pago, coima o soborno a Beain, por lo que lo imputó al aduanero y a Di Julio por el delito de cohecho.
El viernes, ambos hombres fueron citados a ampliar su declaración por este delito ante la fiscal Mazzaferri y el juez federal Santiago Inchausti, sin embargo utilizaron su derecho constitucional de guardar silencio y prefirieron no dar ninguna explicación alternativa de la situación.
De esta manera, Di Julio volvió a la unidad penal federal donde está alojado con prisión preventiva y Beain seguirá con su arresto domiciliario.
Por otra parte, otras personas vinculadas a la causa fueron citadas a declarar y, tras esos procedimientos la fiscal Mazzaferri y el juez Inchausti deberán resolver si forman parte de la organización o no.
Fabián Di Julio cuenta con la defensa de las abogadas Patricia Perelló y Carolina Ciordia, estuvo dos meses prófugos y se encuentra imputado por “asociación ilícita, contrabando agravado, administración de juegos de azar sin autorización del ente pertinente, actividades de intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria y lavado de dinero“.
Gabriel Beain no solo era un empleado importante de la Aduana, sino que además era sindicalista, con un rol de delegado del SUPARA, Sindicato Único del Personal Aduanero. Está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos.
Para la Justicia esta organización movió cerca de 8 mil millones de pesos desde 2021. Ese monto descomunal de dinero, traspasado a dólares en operatorias de criptomonedas, es ahora parte de la investigación para establecer su origen, aunque todo se orienta a las ganancias obtenidas en la venta de dispositivos electrónicos y telefónicos de alta gama como Iphone y Xioami, además de la administración de páginas ilegales de juegos de azar.
“Ha quedado acreditado que nos encontramos ante un caso de criminalidad compleja y crimen organizado, en tanto involucra una organización con un gran caudal económico tal lo analizado en la resolución, que incluso involucra a un funcionario público de la Aduana de Mar del Plata. A ello se agregan los movimientos en Binance por sumas millonarias de algunos de sus miembros, los numerosos viajes al exterior, y que el principal líder de esta organización se encuentra prófugo. En ese sentido, se ha advertido incluso que poseen vínculos que les permitió conocer de antemano la fecha de los procedimientos ordenados pese a que el sumario se encontraba en secreto, y sin partes intervinientes en el sistema a excepción del MPF (Ministerio Público Fiscal)”, expresó Inchausti en una de sus resoluciones de la causa.
Apuestas ilegales y criptomonedas
Según la hipótesis acusatoria de la fiscal Mazzaferri, desde octubre del año pasado Di Julio administraba una web de apuestas de juegos de azar online denominada teambplay.com, pero sin la debida autorización, como así también los perfiles de Facebook teambplay y de Instagram teambplay.
Siempre según la hipótesis acusatoria, el dinero que obtenían de estas operaciones ilegales era lavado a través de operaciones con criptomonedas en transacciones millonarias.
En la cuenta de unos de los imputados, entre junio de 2021 y abril de este año, se detectaron depósitos por la suma total 6.759.166,89 USDT en 309 operaciones, siendo la mayor de 380.000 USDT. Desde su cuenta, se efectuaron retiros y transferencias por 5.363.659,13 USDT en 347 operaciones.
En la cuenta de Binance de otro de los imputados, desde marzo de 2021 a mayo de 2024 se realizaron 171 operaciones por una suma total de 679.165,52 USDT.
Finalmente, en la cuenta de Binance uno de los hijos de Di Julio se han registrado 166 operaciones por
1.059.462,02 USDT, siendo la mayor de 225.070,70 USDT.
El caso salió a la luz a mitad de año, cuando fueron detenidas cinco personas acusadas de conformar la banda formada para cometer diversos delitos, tales como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.
La pesquisa había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.
En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.
Tal es la suma de dinero que la Justicia sospecha que los integrantes de esta banda movían, que se el juez Inchausti les trabó embargos de 20 mil millones de pesos.
Cabe destacar que esta ha sido la primera causa en la Argentina en la que la Justicia ha decomisado criptomonedas: cuando ordenaron decomisar los 28.589, 26 USDT de la cuenta de Binance a nombre de Di Julio para garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito.