El abogado que representa a los titulares de Polo Constructora se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos y ofreció pruebas, testigos y un acuerdo conciliatorio para devolver el dinero a los demandantes. Remarcaron que se trató incumplimiento contractual "producto de la grave crisis económica".
Los titulares de Polo Constructora, la empresa acusada por cerca de 200 clientes de haberlos estafado, negaron la existencia del delito, aseguraron que se trató de incumplimientos contractuales por la “grave crisis económica” y ofrecieron un acuerdo conciliatorio para devolver el dinero.
En el marco de una causa por “estafas en cadena” que inició el fiscal Juan Pablo Lódola, que aún no tiene a nadie imputado, el abogado Martín Ferrá, que representa a los acusados, ofreció prueba documental, testigos y negó la existencia del delito.
Ferrá explicó que no existe delito en este caso ya que sus clientes no tuvieron la intención de estafar a nadie. De hecho, presentó el historial de la empresa Polo Constructora en el que figura que han entregado 300 casas en cinco años.
El abogado reconoció que hay 175 clientes a los que la empresa les adeuda la entrega la casa o el monto que ya han abonado, que asciende a $ 315.034.779. Ese dinero, explicó Ferrá, podría ser cubierto con los $ 329.035.036 que otros clientes, a los que sí les han entregado las casas, le deben a Polo Constructora.
Si bien, por disposición del fiscal Lódola, los acusados tienen las cuentas bancarias inhibidas, el abogado explicó que los clientes con las casas terminadas siguen abonando mes a mes lo que deben, por lo que la deuda de los denunciantes podría ser cubierta de esta manera, una maniobra que ofreció como una mediación al conflicto.
“No se trató de estafa, hubo incumplimiento contractual por la grave crisis económica”, remarcó Ferrá y explicó que sus clientes financiaban las casas que vendían en cuotas mensuales en pesos con un bajo interés. “Primero hubo un crecimiento, con entrega de viviendas y cumplimiento exponencial, para decaer paulatina y progresivamente en los últimos meses producto de la grave crisis económica imperante en nuestro país, en especial en 2023, con un elevadísimo índice del 211,4 % de inflación interanual y la mega devaluación del peso argentino del 120 % en diciembre 2023”, explicó en la presentación que hizo en la Fiscalía N° 10.
Ferrá argumentó que estos aumentos “distorsionaron totalmente la relación jurídica contractual entre la empresa y sus clientes, lo que generó demoras en los cumplimientos ante el elevadísimo alza de costos de los materiales de construcción que aumentaban sus precios al ritmo de la evolución de dólar paralelo”.
Pruebas de los acusados
Ferrá ofreció al fiscal Lódola una serie de pruebas para sostener que no hubo delito, que no hubo intención de estafar a los clientes y que al tratarse de incumplimientos contractuales debería seguir en la Justicia Civil.
El abogado propuso como testigos a clientes satisfechos de Polo Construcciones, a los contadores de la firma y a empleados, tercerizados y proveedores.
Además, brindó los detalles de la operatoria comercial de los acusados entre 2019 y 2024, tiempo en el que entregaron 300 viviendas, de las que todavía queda por cobrar un saldo de $ 329.035.036.
El abogado reconoció que hay 175 clientes pendientes de entre de vivienda, de los cuales son 77 sin ningún trabajo realizado y 98 con una obra realizada de entre el 35 y 40 %.
De estos 175 clientes, 19 han pagado el 100 % de la construcción y el restante (156) han abonado el 50 %. Por lo que la deuda que reconoce la empresa, descontando las tareas ya realizadas, es de $ 315.034.779.
Victimas que se vuelven victimarios
Para los clientes de Polo Constructora la situación fue dramática: el sueño de la casa propia, para el que muchos habían puesto los ahorros de toda su vida, se desmoronaba por el incumplimiento de los contratos.
Antes de presentar las denuncias por estafa en la Fiscalía N° 10, los damnificados fueron a las puertas de las oficinas de Polo Constructora y escracharon a los dueños de la firma y a los empleados. Incluso hubo amenazas y hasta denuncias de destrucción en esas oficinas.
“Luego de éstas circunstancias imprevistas, imprevisibles y de fuerza mayor, los reclamos violentos, agresiones y
daños sufridos, causados por parte de algunos clientes en las sedes de la empresa, precipitaron un cierre preventivo de los locales de venta y administración, no por una cuestión de ‘fuga’, sino por una elemental cuestión de seguridad personal de los responsables legales y de sus empleados, a fin de resguardar la integridad física. Estos hechos
generaron el cierre intempestivo y la radicación de cerca de media docena de denuncias penales ante la Fiscalía”, expresó el abogado.
Ferrá explicó que los empleados de Polo Constructora, todos en relación de dependencia, son ajenas al conflicto y no tienen responsabilidad alguna en las decisiones comerciales. “Fueron víctimas inocentes de las
agresiones y escraches públicos sufridos por clientes”, remarcó.
“Son estas graves circunstancias de la economía argentina, y no un afán de ardid o engaño para perjudicar a nadie, las que llevaron a la empresa constructora, a registrar una morosidad de cumplimiento que terminó en un
verdadero cuello de botella, cuyo tapón final fue la irrupción violenta y desmedida de reclamos, aunque en muchos casos justos, pero ejercidos por vías de hecho que atentan y frustran cualquier tipo de solución racional, consensuada y pacífica”, expresó Ferrá en el escrito presentado en la fiscalía.
Finalmente, el abogado de Polo Constructora remarcó la voluntad conciliadora de sus clientes para resolver el conflicto y adelantó que analizan la posibilidad de presentar en sede judicial un concurso preventivo de acreedores, para poder canalizar todos los créditos y débitos que se registran, para efectuar las liquidaciones judiciales de cada uno.
¿Estafa o incumplimiento?
Entre las denuncian y las pruebas presentadas por los acusados, el fiscal Lódola tiene que resolver si avanzar con el delito de estafa, e imputar a la pareja dueña de Polo Constructora, o declarar la incompetencia en la causa por tratarse de incumplimientos contractuales y dejar que se resuelva el conflicto por vía civil.
Para la investigación, el fiscal ya solicitó que se levantara el secreto fiscal y bancario de los acusados y que sobre todo los bancos Provincia, Superville y Francés aporten el historial de transacciones desde 2021 a la fecha, además de haber solicitado la inhibición general de bienes.
Los contratos que Polo Constructora ofrecía eran por casas prefabricadas por casas que costaban como mínimo 1.500.000 pesos.
El contrato para acceder a la casa propia era en todos los casos igual: primero un adelanto de 10.000 pesos, luego pagar el 50 % y finalmente por etapas el 25 % y el otro 25 %.
A modo de ejemplo, por una casa estilo americana de 26 m2 (con un dormitorio, un baño, cocina, estar comedor), Polo Constructora exigía un pago inicial de 783.000 pesos, para cubrir el 50 % de la vivienda, y después dos más de $ 396.500. El plazo que daba para concretar la construcción era de 120 a 160 días.