Los hechos investigados se desarrollaron en Otamendi entre 2006 y 2012 y tuvieron al menos once víctimas de entre 13 y 18 años de edad. El acusado captaba a las víctimas en situación de vulnerabilidad, a quienes suministraba estupefacientes para explotarlas sexualmente con trabajadores rurales.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de un hombre acusado del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, en una causa que tiene al menos a once víctimas de entre 13 y 18 años de edad.
El fallo, con votos de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza fue en línea con el dictamen del fiscal general Daniel Adler, que había concluido que “las maniobras de captación y recepción de las niñas tenían como principal fin su explotación sexual”.
En la resolución, los magistrados entendieron que había prueba suficiente para dar cuerpo a la acusación por hechos que se habrían extendido al menos desde 2006 y hasta agosto de 2012, cuando se realizaron los allanamientos en el marco de esta causa. El caso se inició a partir de una denuncia recibida en la exUnidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) UFASE, actual Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el interín, el acusado fue condenado en el fuero provincial por infracción a la ley 23.737, pues se constató que vendía estupefacientes en su vivienda, y por la tenencia ilegal de arma.
En la causa por trata de personas se estableció que el imputado primero ganaba la confianza de las jóvenes, quienes permanecían en su casa por varias horas, días o incluso semanas: “En su casa tiene todo un mundo para chicas jovencitas, como tacones altos, planchita, pinturas”, señaló uno de los testimonios incorporados en la causa.
De acuerdo con la imputación, les ofrecía estupefacientes a las víctimas, con la finalidad de prostituirlas con él o con trabajadores rurales. La mamá de una de las niñas sostuvo al prestar testimonio: “Les hace un trabajo fino a las chicas; primero les da droga, además de ropa y otras cosas, para luego prostituirlas”. Los dichos de cuatro trabajadoras de escuelas de Otamendi fueron en el mismo sentido: se sabía en el pueblo que el acusado “llevaba a las chicas a las cuadrillas”.
Las conductas endilgadas al imputado son las de captación y acogimiento con fines de explotación sexual. “El encausado atrajo a menores de edad a su domicilio ganándose su confianza, brindándoles acceso a internet, entrenamientos, ropa y cosas de su casa, de ese modo concurrían asiduamente al sitio estableciendo un vínculo con el imputado, quien las incitaba al consumo de sustancias estupefacientes, fomentando la adicción y así reforzar la sujeción de las niñas a su influencia y poder, a la vez que las trasladaba a localidades aledañas y a campos donde mantenían relaciones sexuales con peones”, señaló la Cámara Federal.
“Para lograr que las menores concurrieran a su domicilio, las invitaba directamente o por intermedio de otras víctimas que ya habían sido reclutadas con anterioridad, todo ello en un marco de profunda escasez económica, situación de minoridad, carencias emocionales de las víctimas y consumo problemático de estupefacientes”, detallaron los camaristas.
“Contextos de fragilidad”
En primer término, se puso de relieve que aún cuando no se hubiera tomado declaración a todas las víctimas, fue “contundente” el testimonio que una de las jóvenes brindó ante las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, donde detalló la modalidad con la cual el acusado acogía en su vivienda a diversas adolescentes, que vendía cocaína y marihuana, así como la manera en que la había incitado a tener relaciones sexuales con él.
“El relato de esta víctima ante los profesionales referidos denota la situación de vulnerabilidad que atravesaba al momento de los hechos”, destacó la Cámara en la resolución. Detalló que, cuando conoció al acusado, la joven era menor de edad y madre de dos hijos con quienes convivía, y que también convivía con su pareja, sus tres hermanas, su madre y su padre, en un contexto de hacinamiento y violencias.
De acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, serían al menos once las adolescentes víctimas en el marco de este proceso, con edades que oscilan entre los 13 y los 18 años de edad.
El caso cuenta con prueba testimonial brindada por madres de las jóvenes, personal educativo, municipal y del ámbito de la salud. Esas declaraciones y el informe de las profesionales del Programa de Rescate son coincidentes en cuanto a la dinámica y la modalidad de los hechos investigados.
El Programa de Rescate indicó que la joven víctima que prestó testimonio no se encontraba inserta en el sistema educativo, por lo cual carecía de la contención que brinda ese espacio. Añadió que la mayoría de sus pares se encontrarían en similares situaciones de vulnerabilidad social, material y afectiva. “En dichos contextos de fragilidad (…) se establecen relaciones con adultos en claras relaciones de asimetría para con las jóvenes”, advirtió el programa.
En el expediente además consta la prueba recabada al momento de allanar la casa del acusado, como por ejemplo algunas libretas donde había anotaciones manuscritas que dejaron en evidencia la presencia de las adolescentes en la vivienda.
En su voto, el juez Jiménez advirtió: “Si bien prima facie no se evidenciarían circunstancias tales como la privación de libertad ambulatoria, generación de deudas dinerarias o retención de documentación por parte del explotador, lo cierto es que la capacidad de autodeterminación de las víctimas se vio severamente afectada ante la marcada situación de vulnerabilidad y el contexto de asimetría y de control”. Tazza sumó que “más allá de la restricción u ofensa ambulatoria, lo trascendente al caso es garantizar la libre y voluntaria determinación individual del ser humano”.
Canales de denuncia
Ante situaciones en las que se puedan advertir indicadores del delito de trata de personas, se puede denunciar –de manera anónima si se prefiere- a través de la línea nacional 145, que funciona todos los días del año, las 24 horas del día. También está a disposición el correo electrónico de la PROTEX: protex@mpf.gov.ar