“Es un precedente judicial muy valioso para todos”, afirmó el fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Combo. Fue en Lonquimay, La Pampa.
“Este es un caso en el que se pudo avanzar hasta las últimas consecuencias”, afirmó el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, luego de que el miércoles pasado se conociera el veredicto del juicio oral y público mediante el cual, por primera vez en el país, se condenó a un intendente y a un comisario por su participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Los funcionarios públicos – el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el comisario Carlos Alanis- recibieron la pena de cinco años de prisión, al igual que el dueño del prostíbulo, Carlos Fernández. Además, los magistrados condenaron a dos años de prisión a los encargados del boliche Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs.
El caso salió a la luz luego de varias denuncias realizadas entre el año 2008 y 2009 respecto a una serie de irregularidades en el local nocturno llamado “Good Night”, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay. Una vez que esas denuncias se unificaron, en octubre de 2009 se realizó el allanamiento en el lugar donde fueron rescatadas tres mujeres en situación de vulnerabilidad.
“Estamos muy contentos porque es un muy buen precedente para la Argentina ya que no hay antecedentes de condenas a intendentes en la región. Estamos a la vanguardia en cuanto a funcionarios públicos condenados. Aquí hubo intereses de funcionarios judiciales en querer imputar. No bajaron los brazos y así lograron la condena”, sintetizó Colombo en el sitio de información oficial fiscales.gob.ar.
En tanto, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Jorge Bonvehi, quien actuó en el juicio oral, coincidió plenamente con Colombo en cuanto a la trascendencia del fallo y destacó que es un claro mensaje a la sociedad sobre las consecuencias que implica participar en este tipo de actividad delictiva. Asimismo, resaltó que los dichos de las víctimas “fueron determinantes para demostrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual”.