Por Jorge Raventos
La sentencia dictada el último martes por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso conocido como “Vialidad” cerró un capítulo crucial de este extenso y comentado juicio, pero seguramente no le puso punto final a la novela. Todavía quedan por delante las apelaciones (y, en otros juzgados, algunas secuelas).
Ciertamente por la defensa de Cristina Kirchner, pero también por la fiscalía porque, si bien en la nómina de bajas provocadas por la sentencia, se destaca lógicamente, por su relevancia política, la figura de la vicepresidenta (condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos), también convendría inscribir entre los damnificados por el fallo a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El Tribunal no tomó en cuenta un punto central de la acusación -la imputación de asociación ilícita-, razón por la cual la pena dictada contra la señora de Kirchner no fue de 12 años, como requirieron los fiscales, sino de 6.
Luciani y Molla corcovearon ante la sentencia: “El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio -alegaron para cuestionar la decisión de los jueces-, confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina (…) En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”. Buscar la revancha puede dar lugar a una segunda derrota (como futbolísticamente comprobó el último viernes, en Qatar, el seleccionador neerlandés, Louis Van Gaal).
Lo cierto es que el Tribunal no sólo contrarió a la fiscalía (y a sus fans) en ese significativo punto, sino que absolvió al ex ministro Julio De Vido -otro acusado de peso político- por “insuficiencia de pruebas”, como explicaron los jueces en las ocho páginas en que se detallan sumariamente los fundamentos del fallo. La fiscalía había pedido 10 años de prisión para De Vido. Pero para el tribunal no pudo probar lo que le adjudicaba.
Las pruebas en la maleta
Si bien se mira, cuando llegue la hora de las apelaciones y le toque pronunciarse a una instancia superior, el propio fallo podría ser observado por eventuales inconsistencias.
Dado el hecho de que se dejó de lado el cargo por asociación ilícita (figura que podía cubrir la ausencia de probanzas específicas), cuesta encontrar en la causa testimonios fácticos que incriminen a la expresidenta en la “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” que adjudica la condena. Particularmente cuando funcionarios más obviamente involucrados con los temas de administración de recursos y supervisión de obras no fueron siquiera imputados (caso de los ex jefes de gabinete) o lo fueron, pero resultaron absueltos por falta de pruebas.
En fin, hasta marzo, cuando el Tribunal dé a conocer los fundamentos completos de cada voto, todo serán conjeturas. Y hasta que no se complete el ciclo de las apelaciones -que concluye sine die en la Corte Suprema- las condenas no estarán firmes.
Candidata a nada
La señora de Kirchner pudo ver confirmado el martes 6 su vaticinio de que sería condenada. Pero, puesto que la condena no está firme, no habría impedimentos legales a que ella presente en 2023 su candidatura, sea a presidente, sea a vice, a senadora o, inclusive, a gobernadora bonaerense. Ella declaró, sin embargo, que había decidido no ser candidata “a nada”.
En su extendido mensaje post-sentencia, la vice dejó perplejos a muchos de sus seguidores, que confiaban en que la señora contribuiría desde una candidatura a que la derrota del Frente de Todos que ella misma predice no sea catastrófica, y ayudaría así a incorporar más legisladores a las cámaras y a blindar la provincia de Buenos Aires para atrincherarse allí a la espera de tiempos mejores. En cambio, ella afirma que no participará en la elección ni siquiera en busca de fueros, les reclama a los suyos que se hagan cargo y dedicó aquella intervención en las redes principalmente a compensar con discurso e interpretaciones la nueva derrota sufrida ante lo que hasta allí llamaba “lawfare” y ahora ha pasado a denominar, más crudamente, “mafia judicial”.
Para condimentar su enfrentamiento con la Justicia centró sus manifestaciones en un caso espinoso, que había empezado en el mes de octubre con dos denuncias ante Tribunales referidas al viaje de un grupo formado por jueces, fiscales, funcionarios porteños, agentes de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín a las lujosas instalaciones (Lago Escondido) que posee en la Patagonia el empresario británico John Lewis. Aquellas denuncias no habían tenido eco periodístico, pero empezaron a tenerla cuando alguien hackeó un intercambio de mensajes del grupo de viajeros a través de la red social Telegram. En esa conversación virtual, los integrantes del grupo deliberaban sobre cómo enmascarar el viaje, en principio para evitar que los magistrados puedan ser imputados por aceptación de dádivas, pero también para eludir la difusión y las eventuales denuncias en los medios. Como apunta el Talmud: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Frutos del árbol envenenado
La vice agitó esas reuniones y esas maquinaciones como muestra palpable del entrecruzamiento entre sectores judiciales, empresariales y mediáticos: el “lawfare” al que ella atribuye su condena (como para completar el cuadro conspirativo, el británico Lewis es amigo y habitual anfitrión de Mauricio Macri; cartón lleno).
Dos días antes de la alocución de la vice, el presidente Alberto Fernández había recurrido a una cadena nacional para destacar los mismos hechos, subrayando que los medios principales habían mantenido silencio sobre ellos. La Casa Rosada, anunció Fernández, se disponía a promover una investigación judicial sobre el asunto.
Desde algunos medios y desde círculos próximos al grupo de viajeros a Lago Escondido se cuestionó al presidente y a la vice que basaran sus exposiciones en material producto de una acción ilegítima, de un hackeo; en definitiva, de una intromisión en la privacidad de los involucrados.
En el campo jurídico se habla de la “doctrina del fruto del árbol envenenado”, según la cual no pueden ser utilizadas en un proceso judicial pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita (la doctrina se origina en un caso Silverthorne Lumber Company contra Estados Unidos) en el que agentes del gobierno americano allanaron oficinas de Silverthorne y el dueño de la compañía fue detenido por los libros de contabilidad hallados. Cuando el empresario en el juicio apeló a la cuarta enmienda de la Constitución la justicia americana declaró ilegales todas las pruebas obtenidas.
Cuando Horacio Verbitsky reprodujo en su portal, un domingo atrás, el entrecruzamiento de chats, admitió “un dilema deontológico”, al tratarse del “producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado”.
Verbitsky consideró de todos modos plausible la difusión porque -alegó- “tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como la de Estados Unidos y los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, afirman que la difusión de los temas de interés público, cuya divulgación resulte útil para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla, se conozca sobre aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen consecuencias importantes, gozan de una protección mayor, aunque incluyan aspectos de la vida privada”.
Conviene, sin embargo lo que hace a la vida privada con la legalidad del instrumento de prueba. No es lo mismo aceptar que ciertos aspectos de la vida privada de una persona pública puedan ser escrudiñados por la sociedad que aprobar que se acceda a ello por un camino prohibido.
Aludiendo a la cuestión, el financista Javier Timerman, hermano de Héctor (fallecido ex canciller de Cristina Kirchner) recordó en las redes que “con un audio ilegal que nadie sabe de dónde salió, (el fallecido juez) Bonadió reabrió una causa que estaba cerrada(…) Ese audio ilegal fue avalado por Casación. Por ese audio ilegal muchos fueron presos y mi hermano se murió. Si todos los que se indignan hoy se hubiesen indignado antes Héctor estaría vivo”.
En cualquier caso, la difusión de los chats sobre Lago Escondido (posteriores a lo que se investiga, que es si ese viaje constituyó una dádiva) ha sido sin duda eficaz para que el público se entere de ciertas cosas que han ocurrido, aunque no sirva de prueba penal. Por otra parte, inclusive los medios que explicaban su silencio sobre el tema en cuestiones de principio, han terminado naturalizando la difusión de los chats. Y hasta los jueces que conforman la Junta Federal de Cortes y Superiores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires se pronunció sobre el hecho, recorddando que los magistrados deben “en todo momento mantener una conducta irreprochable”.
Mirando desde otra vereda, Javier Milei observa que a la declinación de la señora de Kirchner (y con ella, del cristinismo) también se apaga una etapa de la oposición que se forjó como contrafigura (y por lo tanto en dependencia) de ella. “Se terminó el cuco -escribió el libertario-. Ahora es el momento de debatir ideas de verdad y dejar de asustar a la gente con el kirchnerismo…”