El pedido de los empresarios será debatido a partir de hoy en el Concejo Deliberante. Además se retomará el tratamiento del nuevo pliego para el servicio. El funcionamiento de Uber también sería abordado.
La comisión de Transporte del Concejo Deliberante comenzará a tratar hoy el aumento del boleto solicitado días atrás por los empresarios del transporte público de pasajeros a través de una nota en la que proponen llevar el pasaje de los $13.55 actuales a $19.30.
El pedido de los empresarios fue derivado en primera instancia a la comisión que preside el concejal de la Agrupación Atlántica Marcelo Carrara y hoy a las 9 dicha comisión se reunirá para empezar a darle tratamiento. Está fundamentado en la suba de costos en torno al funcionamiento y mantenimiento de los colectivos que circulan en el partido de General Pueyrredon.
El debate comienza a menos de cinco meses del último aumento del boleto que aprobó el Concejo Deliberante y que se implementó de manera escalonada. De $9.85 pasó a costar $11,56 en septiembre, en octubre subió a $12,55 y desde noviembre cuesta $13,55. El nuevo valor solicitado por los empresarios del transporte público de pasajeros implica un incremento de $5,75 en relación al valor actual del pasaje.
El nuevo pliego
Asimismo, en el orden del día de la comisión de Transporte se volvió a incluir el debate en torno al nuevo pliego para el servicio de transporte público de pasajeros, considerando que el actual caduca en junio.
Meses atrás la misma comisión comenzó a tratar el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo, a través del cual se solicita autorización para llamar a una licitación pública con la finalidad de otorgar en concesión al servicio.
Luego, la retención de tareas de los empleados municipales que durante casi un mes paralizó la actividad de la comuna interrumpió, entre otras cosas, el funcionamiento del Concejo Deliberante.
En ese sentido, quedó pendiente darle continuidad al debate por el nuevo pliego y también, para ello, convocar a autoridades de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito y de la Secretaría de Gobierno para que brinden explicaciones sobre el pliego.
Cuando el Ejecutivo presentó el pliego, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, dijo que “las inquietudes de los usuarios fueron trasladadas” a ese documento. Y Claudio Cambareri, subsecretario de Transporte y Tránsito, mencionó que la elaboración le llevó “un año y medio” en el que “se buscaron opciones para alentar el uso del transporte público”.
El pliego al que están sujetos los contratos vigentes fue elaborado durante el gobierno de Daniel Katz. Comenzaron a regir el 20 de junio de 2007 con un plazo de 12 años. Es decir, vencen en junio de 2019.
Uber
Tras la puesta en funcionamiento del sistema de transporte Uber en Mar del Plata, el subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, taxistas y remiseros se reunieron para analizar cómo proceder.
La aplicación superó el primer fin de semana funcionando y dos autos que la utilizaban fueron secuestrados por agentes de Tránsito. Pero inevitablemente el tema deberá ser abordado por el Concejo Deliberante y hoy en la comisión de Transporte se daría el puntapié inicial.
Mientras a nivel provincial el legislador marplatense Guillermo Castello impulsa un proyecto para autorizar y regular el funcionamiento de Uber en el territorio bonaerense, los taxistas y remiseros, visiblemente molestos con el desembarco de la aplicación en Mar del Plata, esperan un gesto del Ejecutivo y del Concejo Deliberante a partir del rechazo al sistema ya expuesto por el intendente Carlos Arroyo, para quien Uber “no resulta ser un medio de transporte público autorizado y habilitado”.
Los representantes de Uber que viajaron días atrás a la ciudad para poner en funcionamiento a la aplicación no se negaron a que desde Mar del Plata se genere un marco regulatorio. “Si se generara una regulación local también es bienvenida”, manifestó al respecto el gerente de Comunicaciones para el Cono Sur de la firma, Juan Labaqui, quien respecto a la deslegitimación del Ejecutivo al sistema señaló que “el rechazo tiene que ser en términos de legislación” porque “la falta de regulación no implica ilegalidad”.