Aduce que la concesionaria incumple el servicio de higiene urbana. Lo hizo después de un paro de seis días de los recolectores de residuos.
La concejala oficialista Angélica González (Coalición Cívica) presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo que rescinda el contrato con Transportes 9 de Julio, la concesionaria del servicio de higiene urbana.
González, que viene de demorar el aumento de boleto con cuestionamientos al estudio oficial de costos, vuelve con esta iniciativa a diferenciarse de sus pares de Cambiemos.
Después de un paro de camioneros que dejó a la ciudad sin recolección de residuos durante seis días, la concejala argumentó que la empresa incumple el pliego de bases y condiciones por el que fue contratada.
“Se hacen evidentes las diferencias entre las exigencias del pliego que conforman las obligaciones a cargo del contratista prestador y el servicio efectivamente prestado por el concesionario”, señaló.
“El contratista a cargo del servicio incumple o presta en forma incompleta, defectuosa, incorrecta, deficiente o inadecuada las obligaciones a su cargo correspondientes al barrido mecánico de calles y avenidas”, ejemplificó.
También afirmó que no cumple “o presta en forma deficiente” la limpieza de playas y el sector costero; el mantenimiento del pasto corto y el lavado y barrido de veredas y playones.
Puntualizó además que tampoco se instrumentan las “cuadrillas de respuesta rápida” que debería tener la empresa.
Según González, una de las consecuencias de estos incumplimientos es la “proliferación de microbasurales”.
La concejala plantea que el municipio se haga cargo de la higiene urbana hasta que adjudique el servicio en una nueva licitación. Para asegurar la continuidad del servicio, el proyecto sostiene que el municipio debe incautar de forma temporaria “los vehículos, infraestructura, equipos y demás medios necesarios afectados a la prestación de los servicios”.
También propone que los trabajadores de la 9 de Julio “sigan realizando las tareas durante el tiempo que demande la etapa de normalización”, plazo durante el que el municipio garantizaría “el pago de los salarios y sus componentes legales”.