El pasado lunes el Gobierno había oficializado la designación de Roberto Fernando Minguillón. Este miércoles, se difundió en el Boletín Oficial que hizo lo propio con Martín Luciano Poderti.
Tal como lo había hecho el lunes con el magistrado Roberto Fernando Minguillón, el presidente Alberto Fernández nombró este miércoles a Martín Luciano Poderti como nuevo juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que finalmente quedó conformado de manera oficial.
La decisión se dio a conocer a través del Decreto 640/23 publicado este miércoles en el Boletín Oficial nacional, en uso de las facultades que le otorga al mandatario nacional el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Previamente, el 28 de septiembre el Senado había aprobado el nombramiento de Poderti, como también de Minguillón, en el marco de la sesión donde se eliminó la cuarta categoría de Ganancias.
El Senado de la Nación había presentado en septiembre su acuerdo para la designación de cuatro integrantes de la justicia federal de Mar del Plata. Además de Poderti, también había sido aprobado el pliego de Minguillón.
Ambos fueron propuestos para ocupar los cargos que estaban vacantes desde la renuncia del juez Néstor Parra en 2018 y el retiro del juez Mario Portela en 2020.
Graduado como abogado de la Universidad de Buenos Aires en 2000, Poderti inició su carrera en la justicia en 1993 como auxiliar administrativo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde estuvo hasta 1996. Luego, hasta 2001 se desempeñó como escribiente auxiliar en la misma dependencia, cumpliendo luego como oficial y jefe de Despacho del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Isidro, hasta 2010. Ese año fue nombrado como secretario de dicho juzgado, cargo que ejerce hasta la actualidad.
Este martes Alberto Fernández había formaliado además la designación de Paula Muniagurria, como defensora pública oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, y de Manuel Baillieau, como defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata. Sus pliegos también habían sido avalados por el Senado en septiembre.