El grueso de la ordenanza sancionada en junio no se puso en práctica. El gobierno municipal destaca que Arroyo fue el primer intendente en impulsar una norma de esas características, pero por el momento la legislación no se trasladó a la práctica.
En una semana en que la atención estuvo centrada en una polémica frase del intendente Carlos Arroyo y en una denuncia pública de la madre de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada el 8 de octubre en una vivienda del barrio Alfar, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres insistieron en la necesidad de volcar más recursos para aplicar en su totalidad la ordenanza de emergencia contra la violencia de género.
Los últimos no fueron días cualquiera para estas entidades. El martes, la presidenta de la sociedad de fomento del barrio Playa Serena, María Inés Benítez, difundió su versión de un discurso que el intendente ofreció en el acto por los 50 años de la primaria 5 del barrio San Patricio. Ante los pedidos de diversas organizaciones para que el jefe comunal aclarara lo que dijo y las críticas de los bloques opositores en el Concejo Deliberante, la presidenta del bloque radical, Cristina Coria, difundió el jueves un audio en el que Arroyo cuestiona a aquellos políticos que “gastan sumas extraordinarias hablando de cosas como la violencia, delincuencia, igualdad de género y 50 mil cosas que ahora están de moda” y se olvidan de que “el gran problema es la educación inicial”.
Cuando la controversia estaba instalada, Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, denunció ante los medios que el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, la maltrató cuando fue a reclamar la devolución de 2.500 pesos que había pagado para que el cuerpo de su hija fuera depositado en un cementerio municipal (por seguridad, la familia eligió luego un lugar privado).
La defensa oficial estuvo a cargo de la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Tras exculpar al intendente de su desafortunada frase y al secretario de Gobierno de su forma de actuar ante la madre de Lucía, recordó que Arroyo fue “el primer intendente de Mar del Plata” que impulsó una ordenanza para combatir la violencia de género. Tiene razón y eso lo reconocen las organizaciones de mujeres. Pero al mismo tiempo advierten que, desde que la emergencia de género se aprobó en el Concejo, el 9 de junio, poco se avanzó en la aplicación general de la ordenanza.
El gran temor que tienen es que la norma no supere la categoría de símbolo (fue presentada ante el cuerpo legislativo justamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer) en momentos en que las denuncias mensuales por violencia de género en Mar del Plata han aumentado de 600 a 900 en el último año, según los datos que maneja el Observatorio de Violencia por Motivos de Género y Diversidad.
Según el municipio, la existencia misma de ese organismo, que tiene como objetivo elaborar diagnósticos, recabar información, publicar informes, realizar estadísticas sobre la base de la información recopilada y monitorear las políticas públicas, es el principal reflejo de que la ordenanza empezó a regir. No deja de ser cierto, tanto como la falta de representantes de diversas secretarías municipales en el Observatorio. De acuerdo a su reglamento interno, deben intervenir funcionarios o personal jerárquico de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura, Seguridad, Economía, Desarrollo Productivo, Obras, el Ente de Deportes (Emder) y la Dirección de Derechos Humanos. Sólo asisten a las reuniones una integrante de la Dirección de la Mujer (dependiente de Desarrollo Social) y otra de Derechos Humanos.
Los principales reclamos
Las asociaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales que participan en el Observatorio plantean reclamos puntuales.
El municipio adeuda pagos por el alquiler de la Casa de la Mujer, que funciona en Alberti 1518. Desde la apertura de ese lugar, en junio de 2015, “la atención a mujeres en situación de violencia ha mejorado visiblemente”, reconocieron en una nota que le dejaron al intendente a principios del mes pasado, pero luego agregaba a modo de advertencia: “Entendemos que la falta de pago del alquiler del inmueble hace peligrar el funcionamiento de la Dirección en dicho lugar, y en una problemática tan sensible como la que nos ocupa no es conveniente mudar domicilios, menos aún regresar a espacios anteriores que eran absolutamente inadecuados para una atención respetuosa y no revictimizante para las mujeres”.
Otra preocupación alude a la reducción de horas extras. La Dirección de la Mujer dispone de 700 horas extras: 400 horas al 50% y 300 extras al 100% autorizadas mes a mes. El municipio declaró su intención de reducir al 50% la cantidad de horas extras autorizadas, lo que impediría cumplir con la demanda (la Dirección brinda asistencia psicológica, social y jurídica a 300 mujeres por mes).
Por su parte, en el Hogar Galé (un refugio de puertas abiertas que brinda albergue a mujeres víctimas de violencia) se utilizan 276 horas extras al 50% y 226 horas al 100%, pero se presentó un proyecto alternativo para que las operadoras trabajen en módulos de 48 horas, con lo cual se reduciría “de manera considerable la utilización de horas extras”, alertaron las organizaciones.
“Bajo ninguna circunstancia puede disminuir la atención a las mujeres, que sería el resultado de la reducción horaria”, añadieron, y mencionaron que resultaría “incompatible con la emergencia sancionada”.
En una reunión que mantuvieron con Arroyo y Vicente, las mujeres escucharon a modo de explicación que no hay “una reducción de horas extras, sino una adecuación”, pero, según dijo a LA CAPITAL María del Carmen Viñas, integrante de la Multisectorial de la Mujer y de la Mesa Interinstitucional Contra la Trata de Personas, “en la práctica se siente (la reducción) en la carencia de abogados y psicólogos”.
Las becas de vulnerabilidad fueron incrementadas por la ordenanza de la emergencia: de $2.000 a $2.547,45.
Pero el cambio no se registró en la realidad. Esas becas llegan a 125 mujeres, cuando en 2015 eran 70.
La emergencia se declaró por el plazo de un año y con la opción de ser prorrogada. Sin embargo, en los primeros cinco meses se cumplieron menos de la mitad de los artículos. De ahí que las entidades reclamen la gestión de cupos en planes sociales de construcción de viviendas, la asignación de terrenos fiscales para construcción de viviendas a mujeres en situación de violencia, la ampliación del Hogar Galé, la creación de un hogar de medio camino, la gestión de recursos para prevención, capacitación y asistencia, la creación del programa de capacitación y sensibilización para agentes municipales, la gestión de recursos provinciales para destinar a la Comisaría de la Mujer, la apertura de una sede en Batán y el diseño de proyectos de empleo y una bolsa de trabajo para mujeres e integrantes del colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero) en situación de violencia.
El presupuesto, la madre de las batallas
Las organizaciones no gubernamentales que forman parte del Observatorio de Violencia de Género están convencidas de que la llave que conduce al cumplimiento de la ordenanza de emergencia la tiene el proyecto de presupuesto 2017, que aún no fue presentado ante el Concejo Deliberante.
Por eso ya solicitaron una audiencia con el secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, y una reunión de presidentes de bloque.
Según contó a este diario María del Carmen Viñas, integrante del Observatorio, la Dirección de la Mujer elevó “de 3 a 6 millones de pesos” su pedido presupuestario sin tomar en cuenta los gastos de funcionamiento y personal.
Ese incremento, de 100%, fue avalado por la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, reveló Viñas.
De todos modos, en el Observatorio saben que el que termina definiendo los números es Schroeder. De ahí que, al margen de la reunión que pidieron con él, tienen decidido participar de la audiencia pública por el presupuesto (todavía no tiene fecha) para dejar en claro las demandas del sector.