por Lucas González Monte
A horas de la finalización del aislamiento estricto de nueve días ordenado por el último DNU y de cara al regreso a las restricciones regidas por criterios sanitarios hasta el 11 de junio, la Casa Rosada aguarda el impacto que se pueda registrar en los próximos días en la curva de casos y analiza para el invierno que se avecina cierres intermitentes y un refuerzo cuantitativo en el plan de vacunación.
Además, el Gobierno refuerza su pedido a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que guíen su gestión de la pandemia escuchando principalmente “a los epidemiólogos y no a los encuestadores”.
Durante toda esta semana, desde las oficinas de Balcarce 50 se siguió con detenimiento el cumplimiento de las medidas adicionales que terminan mañana por la noche y que se repetirán el fin de semana próximo -5 y 6 de junio-, a la espera de que la disminución de la circulación de personas impacte positivamente en la curva de casos.
En ese sentido, las autoridades esperan que comiencen a descender los duros números estadísticos de esta semana, que arrojaron cifras en promedio de 40 mil casos y 500 muertes diarias.
El propio presidente Alberto Fernández dijo, durante una entrevista brindada el último jueves, que “en unos días” se van a ver “los resultados” de la actual etapa de aislamiento y confió en que “van a bajar los contagios y se va a ordenar el sistema sanitario“.
Ayer, en Casa de Gobierno, los funcionarios iban en el mismo sentido: “El cumplimiento de las medidas tiene datos objetivos, hay menos circulación de coches y menos gente en los colectivos, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los epidemiólogos nos dicen que es esperable que se vea una baja en los próximos días. Es como una cuestión de ‘causa-consecuencia'”.
El término “epidemiólogos” volvió a ganar terreno en el discurso oficial, no sólo para sostener la decisión de restringir de manera fuerte la circulación durante la semana que termina sino, sobre todo, en la disputa que la Nación tiene con algunas jurisdicciones respecto del camino a seguir a partir del lunes.
Tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente como el proyecto de ley que se trabaja en el Congreso nacional disponen las medidas mínimas que las administraciones locales deben tomar de acuerdo a parámetros estadísticos concretos.
Cuando una jurisdicción está en “alarma sanitaria y epidemiológica” debe, según el DNU, suspender las clases presenciales, una acción resistida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ayer adelantó el “retorno” a las aulas desde el próximo lunes para la mayor parte de los alumnos.
Algo similar ocurre con la provincia de Córdoba, gobernada por Juan Schiaretti, que también anunció un retorno parcial a las aulas a partir del lunes.
“El Gobierno de la Ciudad debe escuchar a los epidemiólogos y no a los encuestadores. La presencialidad no es una cuestión de deseo sino de mirar las variables epidemiológicas”, dijo en las últimas horas el ministro de Educación, Nicolás Trotta, una idea que flota como un mantra entre los funcionarios nacionales.
Tanto los especialistas como los funcionarios nacionales insisten en aguardar la baja de casos pero aclaran que, con los números actuales, buena parte del país se mantendrían en condición de “alarma”.
Mientras tanto, la llegada de millones de vacunas en los últimos siete días, las previsiones de nuevos arribos para la semana próxima y el cierre de acuerdos con nuevos laboratorios permitiría seguir inmunizando a diversos grupos poblacionales, una estrategia que, posiblemente se combine con “cuarentenas intermitentes”.
En ese sentido, el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, dijo que “en la situación de la Argentina, con contagios, cansancio social e impacto económico negativo” podría haber “un esquema con restricciones, luego ver sus efectos, después mayor flexibilidad y retomar con otra etapa de restricciones”.
Por otro lado, en las últimas horas, los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a estudiar la idea de un adelantamiento de las vacaciones de invierno, una medida que -según fuentes de la Casa Rosada- no es descabellada pero debe estudiarse con sumo detalle.
El propio Trotta confirmó que se estaba “conversando con distintas jurisdicciones” y que llevarlas a “junio podría ser una alternativa, pero hay que ser muy cuidadoso”.
El tema podría estar sobre la mesa en la reunión del Consejo Federal de Educación, que Trotta tiene agendada para el viernes 4 de junio.
Los “reparos” sobre el mencionado adelantamiento residen en la necesidad de definir la extensión territorial de la medida -es decir, si se aplica en todo el país- y, sobre todo, si esa medida debe ser acompañada por nuevas medidas para reducir la circulación de personas, a partir del próximo 11 de junio cuando venza el actual DNU.
“Vos adelantás las vacaciones ¿Y qué hacés? ¿Prohibís o no prohibís que la gente se vaya, por ejemplo, a la costa?”, se conjeturaba el viernes por la tarde en una oficina de Balcarce 50.
También está la cuestión de la simultaneidad mencionada por Trotta: no es lo mismo pasar las vacaciones de invierno de julio a junio en Buenos Aires que en las provincias patagónicas, donde el período de descanso coincide tradicionalmente con temperaturas marcadamente inferiores.
Télam.