Por Walter Schmidt
Casi un mes antes de la fecha estipulada por la Ley Electoral de inicio formal de la campaña proselitista, el próximo 14 de julio, los precandidatos y sus espacios políticos esquivaron esa normativa y salieron a confrontar a través de chicanas, encuestas truchas, el uso de la gestión para atraer votos y por qué no piquetes.
El lunes, 48 horas después de presentadas las listas de precandidatos ante las respectivas Juntas electorales partidarias y antes de la presentación final ante la Justicia Federal, oficialismo y oposición ya estaban lanzados en campaña.
Desde el gobierno, a través de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del ministro del Interior Rogelio Frigerio salieron a dejar en claro que en las elecciones se determinará el “cambio” de “rumbo” o “la vuelta al pasado”; en el kirchnerismo la postulante a diputada por Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos aseguró que Amado Boudou enfrenta un “proceso de persecución” judicial y mediático; y Sergio Massa, precandidato a senador por el frente “1País”, dijo que “está claro que Cristina necesita los fueros, y por eso decide ser candidata”.
En simultáneo, varias encuestas comenzaron a circular por las redes. La escasa seriedad de los trabajos se vio reflejado en dos factores: en primer lugar, difícilmente pueda presentarse un relevamiento veraz cuando apenas habían transcurrido 48 horas de presentadas las listas. En segundo término, de acuerdo al encuestador, el primer puesto en intención de voto por lejos lo podían ocupar alternativamente Esteban Bullrich, Cristina Fernández o Sergio Massa.
El gobierno no quedó exento de dar explicaciones para no caer en las prácticas que la opinión pública denunció contra la administración kirchnerista por utilizar de manera encubierta la gestión como recurso para hacer campaña. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo lo que pudo para asegurar que “los timbreos y las caminatas” que funcionarios nacionales y bonaerenses realizan algunos fines de semana “no son parte de la campaña electoral”.
Mas aún, intentó explicar lo inexplicable: “Los candidatos no van a inaugurar obras, lo van a hacer los funcionarios”. Los timbreos son actividades políticas donde tranquilamente los funcionarios pueden pedirle el voto a los vecinos porque nunca trasciende el contenido del diálogo con “la gente”, mas allá de la licuada versión oficial. En cuando a los precandidatos, esta claro que no inauguran ni cortan la cinta en ningún acto pero su sola presencia en una actividad ajena a su cargo la convierte en una acción proselitista.
Las declaraciones públicas del oficialismo y de la oposición que se multiplicaron esta semana apuntan a un solo objetivo: confrontar, atraer la atención del electorado, ganarse el voto de la ciudadanía. Tan simple como eso. Y, tal vez, un piquete como el llevado a cabo este miércoles por la agrupación Quebracho, sea también parte de esta campaña.
Los piqueteros -otra vez encapuchados y con palos- sin ánimo de “negociar” con el Ministerio de Desarrollo Social absolutamente nada; la cartera de Carolina Stanley describiendo la protesta como una actividad de “campaña política” con la participación de ex funcionarios kirchneristas; y finalmente la Policía de la Ciudad desalojando a los manifestantes, sin que los incidentes pasen a mayores, alimentando al electorado de Cambiemos que reclama poner coto a las protestas sociales, mas allá del complejo contexto económico que atraviesa el país.