La vocera presidencial afirmó que el Ejecutivo defiende “punto por punto" los intereses de la Argentina. Entre ellos, el cuadro tarifario.
El Gobierno se encuentra “en los últimos momentos del entendimiento técnico” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras alcanzar acuerdos “en todos los puntos sustanciales”, según informó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
Entre ellos, un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023, que se anunció con criterio de segmentación y sin que se supere el nivel de los salarios.
La Portavoz adelantó que en abril próximo se convocará a una audiencia pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios, luego de los incrementos ya dispuestos en el marco del esquema transitorio del orden del 17% al 20% a partir de marzo.
En una conferencia de prensa virtual, debido a que días atrás contrajo Covid-19, Cerruti indicó que ya se llegó a un acuerdo “en todos los puntos sustanciales”, y que se trabajó “toda la noche” en el acuerdo, su traducción y en “toda la documentación necesaria y pertinente para que sea enviado al Congreso”.
“Delicadas”
La funcionaria reconoció que son negociaciones “muy delicadas”, y por ello se debe repasar “palabra por palabra” y eso hace que haya alguna demora: Las demoras en el envío del texto al Parlamento muchas veces nos pone impacientes, pero hay que tener mucha templanza”, advirtió.
En tanto, consideró ya que se está “discutiendo con los poderes más grandes de esta Tierra una deuda histórica que contrajo el expresidente (Mauricio) Macri y esto no se resuelve en cinco minutos”.
Cerruti leyó parte del texto acordado con el FMI, en el que se parte de atender “la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía”.
Y agregó que “el Gobierno está comprometido a procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”, y en ese marco “está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”.
Estas revisiones “abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiere”, concluyó.