La concejal radical salió a marcar discrepancias con las iniciativas recaudatorias del gobierno municipal. Se ensanchan las diferencias de la UCR con los oficialistas afines a Arroyo.
Primero fue Vilma Baragiola, que rechazó la intención de eliminar las exenciones impositivas a las salas de cine y teatro y de paso se pronunció sobre la polémica frase de Arroyo para atraer inversiones (la de enviar a “alguna chica bonita a convencer empresarios para que vengan a invertir a Mar del Plata”). Y ayer, en el mismo tono, Cristina Coria se manifestó en contra de las propuestas de quitar los beneficios para las empresas del Parque Industrial y gravar las exportaciones.
“Creo que algunas de las medidas no están en consonancia con la Provincia”, le dijo la concejal radical a LA CAPITAL. “Lo que hay que pensar es cómo ordenamos un poquito el gasto, si no, no va a ver plata que aguante”, recomendó.
El destinatario de los cuestionamientos es el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, alma máter de los proyectos de presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva, que aún no comenzaron a ser debatidos por los concejales porque no están conformadas las comisiones.
Pero eso no priva de pronunciarse a los sectores que se verían perjudicados si las medidas entran en vigencia. Como sucedió con los empresarios teatrales cuando se conoció la intención de quitarles las exenciones, cámaras pesqueras y la textil se opusieron a las normas del gobierno de Carlos Arroyo.
“Era algo esperable por lo que se fue conociendo”, dijo Coria. “Vengo revisando de frente y de perfil las ordenanzas fiscal e impositiva. Más las miro y más pienso que la solución no puede pasar por crear nuevos gravámenes o quitar exenciones a las actividades productivas”, lanzó.
La radical repasó las propuestas que a su entender afectan a la producción. “Siempre digo que si una actividad está exenta es porque podría estar gravada. Con las exportaciones, puntualmente, prácticamente ni las provincias han podido avanzar en ponerles un impuesto. Porque siempre está el tema de no exportar impuestos, que es una consigna de la Organización Mundial de Comercio. Es una potestad que le queda a la Nación”, aseguró. “Ponerle una tasa es ya por lo menos discutible. Hasta ahora no he encontrado muchos fallos favorables”, dijo como si formulara una advertencia.
“Yo creo que hay otra forma. Entiendo que las empresas que generan exportaciones pueden tener alguna capacidad contributiva. Quizá la cosa podría pasar por otro lado, como por (tributar) el uso de la ciudad por parte de aquellas que tienen plantas o camiones”, indicó.
Coria se mostró en desacuerdo con eliminar las exenciones de las empresas que se radiquen en el Parque Industrial y hasta transmitió sus dudas acerca de los beneficios que están vigentes. “Las exenciones tienen siete años. La mayoría de las empresas ya pasaron los siete años, con lo cual no tienen. Pero a algunas que estaban radicadas en otro sector de la ciudad las fueron a buscar para que se instalaran en el Parque Industrial y les dieron a cambio algunos beneficios impositivos. Una de ellas es Havanna. Me pregunto si esas exenciones van a seguir vigentes”, deslizó. Y ensayó una respuesta con crítica incluida: “Se supone que sí, porque no se puede modificar para atrás. Pero, tal cual están escritas, no sé”.
Coria también puso reparos a la intención de exigirles el pago de las tasas de Habilitación y de Seguridad e Higiene a los establecimientos afectados a la actividad primaria. “El proyecto habla de gravar a aquellos que conserven, fraccionen o acondicionen productos, y en cualquier actividad primaria hay alguna tarea, aunque sea rudimentaria, de conservación, fraccionamiento o acondicionamiento. Quiere decir que entrarían todas”, alertó. “La definición que hacen es tan ambigua que también genera muchísimas dudas”.
Que Coria y otros radicales tengan dudas no deja de ser un dato político: ellos han participado de los encuentros reservados que tuvo Mourelle con el interbloque oficialista, pero ni aun así lograron despejar sus interrogantes. En cambio, sus socios de la Agrupación Atlántica, el partido de Arroyo, no han emitido una palabra: el presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, apenas insinuó que podría haber modificaciones, pero se escudó al decir que todavía no leyó las iniciativas.
“Me generan dudas hasta cómo van a poner en práctica todas estas cuestiones. Entiendo que hay que recaudar, pero quizá habría que ver cómo mejoramos la cobrabilidad, cómo castigamos la ilegalidad y cómo hacemos más eficiente el gasto”, se diferenció Coria. El municipio tiene que ser aliado de las actividades productivas. Es la única forma de generar inversión, empleo y mayor capacidad contributiva”, redondeó.