En Mar del Plata, Ricardo Pérez Manrique dijo que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta fue “realmente impactante”. Y deseó que la causa se resuelva en el marco de "la justicia y la paz”.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Ricardo Pérez Manrique, consideró que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “fue conmocionante”, deseó “profundamente” que la causa se resuelva en el marco de la “justicia y la paz” y advirtió sobre el riesgo de considerar “cualquier injuria” como un “discurso de odio”.
Pérez Manrique arribó a la ciudad tras una invitación de la Universidad Nacional, que lo distinguió con un Doctorado Honoris Causa, y también mantuvo un encuentro con el intendente Guillermo Montenegro, quien le entregó una declaración de “visitante notable”.
“Esta última distinción la valoro mucho porque, en la situación de polarización que todos sabemos que vive la Argentina, la decisión contó con el voto unánime de todos los bloques”, destacó el uruguayo referente de la defensa de derechos humanos.
Pérez Manrique fue distinguido como “Visitante notable”.
Tras brindar una charla para periodistas y abogados en la Facultad de Derecho, ubicada en 25 de Mayo 2855, Pérez Manrique dialogó mano a mano con LA CAPITAL y definió al atentado contra CFK como “conmocionante”.
“Hay situaciones de muerte y violencia a diario que son violaciones siempre de los derechos humanos, pero por tratarse de la persona que se trataba, y además esto fue algo que se vio en vivo y en directo por todas las cámaras de televisión, fue realmente impactante”, consideró y deseó “profundamente que esto se resuelva en el marco de la justicia y la paz necesaria, porque la violencia es absolutamente negativa en cualquier instancia”.
Si bien evitó opinar sobre el funcionamiento del poder judicial argentino, el presidente de la Corte IDH remarcó que “el derecho a una Justicia independiente, imparcial y competente es un derecho reconocido en la Convención y en la Constitución argentina”. “Ese derecho debe ser respetado”, recalcó.
Pérez Manrique en diálogo con LA CAPITAL.
Tensiones
Para el presidente de la Corte IDH, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta se dio en un contexto latinoaméricano en el que, por distintas razones, “vivimos una época de tensiones en el sistema democrático”.
Seguidamente, reflexionó que “la solución a esto es la base de un estado democrático y social de derecho, que es la solución de conflicto de manera pacífica y la posibilidad de que tanto las mayorías como las minorías sean incluidas en las decisiones y en las políticas de los estados, aceptando, por supuesto, las reglas democráticas de las mayorías”.
Pérez Manrique se refirió también a los “discursos de odio” y señaló que estos “son negativos en la medida que sean discursos que están promovidos y que incitan a la violencia”.
No obstante, aclaró que hay un “riesgo” sobre “qué consideramos discursos de odio”. “Si extendemos su definición a cualquier injuria que se pueda decir en un medio o en las redes, en ese caso estaríamos invocando el discurso de odio en soluciones de censura”, advirtió.
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH.
Por último, manifestó que la realidad de los países de latinoamérica en relación al respeto de los derechos humanos es heterogénea, pero aseguró que “evidentemente como producto de la pandemia hay muchos derechos que han sido afectados”.
“Estos son los derechos a la subsistencia, económicos, sociales y culturales. La propia preservación del medio ambiente también está afectada. Entonces es preocupante por un lado la situación y, por otra parte, ratifica la importancia y trascendencia que tiene la existencia de un sistema interamericano de derechos humanos con la Comisión y con la Corte cómo tribunal que decide estos conflictos”, afirmó.
Frente a este panorama, recordó que “la Corte aportó durante 42 años una interpretación amplia y progresiva de los derechos humanos, partiendo de una convención que es de 1969, pero que se lee en clave de presente”. “Ese es el aporte que seguimos haciendo porque los Estados siguen estando obligados a cumplir la sentencia de la Corte”, concluyó.