Hay cargos pedidos desde hace años para reemplazar fallecimientos y jubilaciones, pero desde la clase política no se resuelve una situación que trastorna la investigación criminal en Mar del Plata.
Por Fernando del Rio
Una preocupante falta de fiscales y otros cargos del Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata afecta al funcionamiento de las investigaciones criminales en delitos graves y acaba por ralentizar la administración de Justicia.
Puestos que no fueron cubiertos tras bajas por fallecimientos o jubilaciones, ausencia grave de recursos en personal complementario y limitación física de dependencias son partes de una problemática que requiere de la decisión política para solucionarse, además de la sintonía fina local para convivir con esa precariedad.
El Departamento Judicial de Mar del Plata refleja una situación “acuciante” que se podría agravar durante el año 2022 por nuevas jubilaciones para llevar a 9 los cargos de fiscal sin reposición.
Para comprender la extrema carencia por la que atraviesa el cuerpo de fiscales de esta jurisdicción debe partirse de una explicación obvia en el ámbito judicial pero necesaria en el resto de la ciudadanía. Las causas penales en Mar del Plata requieren de una primera estructura judicial para avanzar en la investigación de cualquier caso o denuncia, y esa primera oficina, que es la que acompañará el proceso hasta un fallo (sobreseimiento, absolución o condena) es la de una fiscalía. Si esa instancia inicial no tiene recursos, la investigación corre riesgo de demoras que podría conspirar contra el esclarecimiento de ese hecho.
Mar del Plata cuenta con distintas unidad fiscales que se organizan desde la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello. Por un lado están las fiscalías temáticas, aquellas que receptan expedientes judiciales enmarcados en una problemática delictiva específica. Así, existen dos fiscales de Estupefacientes, otro para Robos en Comercios de atención al público, otro para Robos a mano armada en casas de familia, otros dos para Delitos Económicos, uno más para Usurpaciones, Extorsión y Apremios policiales, otro para Robo Automotor, y uno más para Delitos Culposos.
Las dos categorías que tienen más son las fiscalías de Flagrancia y de turno. La Fiscalía de Flagrancia es la que se ocupa de hechos con detenidos en el momento de la comisión del delito y que no son absorbidos por fiscalías temáticas o la de turno.
A propósito, las fiscalías de turno son las que intervienen de manera rotativa, de lunes a lunes, para una gran variedad de delitos que van desde los homicidios, abusos sexuales, lesiones, robos y otros eventos castigados por el Código Penal.
Sin reemplazos
En los últimos tiempos el plantel ya menguado de fiscales se redujo aún más por el fallecimiento de algunos de sus integrantes (Oscar Deniro, Marcelo Blanco) o la jubilación de otros (Fernando Castro, María Teresa Martínez Ruiz, Fabián Belén). Y la perspectiva para el 2022 se agrava más con otros representantes del Ministerio Público en edad próxima al retiro como es el caso de Eduardo Amavet, Pablo Cistoldi, Guillermo Nicora y el mismo fiscal general Fernández Garello.
La designación de nuevos cargos de fiscal depende de la clase política que a través del procurador general debe impulsar los nombramientos. Debe llamarse a concurso, realizarse los exámenes, definir la terna finalista, pasar por el filtro del acuerdo de la Legislatura provincial y finalmente llegar a la mesa del Gobernador para que se firme el decreto de designación.
Diputados y senadores, aquellos actores políticos responsables de llevar las problemáticas de sus jurisdicciones a nivel provincial, tendrían que tomar nota para corregir lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Por ejemplo, el cargo dejado vacante por la fiscal María Teresa Martínez Ruiz, jubilada hace ya 6 años en la fiscalía de Delitos Culposos, aún no fue repuesto y refuerza ocasionalmente esa responsabilidad el fiscal de la oficina Descentralizada de Balcarce y Mar Chiquita, Rodolfo Moure.
Los nombramientos más recientes fueron los de Ramiro Anchou, como fiscal de Mar Chiquita, Ana María Caro, de Miramar, y Romina Díaz, quien tras una serie de movimientos de fiscalías, terminó este año en la Fiscalía de Turno N°6.
Al respecto hay un dato desesperanzador: hoy se requiere de al menos 2 años (en el mejor y más express de los trámites) para designar un nuevo fiscal en Mar del Plata. Pero en algún momento el proceso para el nombramiento tiene que comenzar.
También es cierto que es casi un compromiso ineludible repensar la distribución de fiscales en Mar del Plata, ya que no puede entenderse que no exista una Unidad Temática de Delitos Sexuales o una específica de Homicidios. El avance de problemáticas novedosas como el ciberdelito (el crecimiento del e-commerce y las economías informales arrasa) propone un replanteo de la necesidad de otra fiscalía específica.
Aunque hay quienes desde el mismo Ministerio Público local aseguran que la cantidad de personal es insuficiente están los que, en contrapartida, argumentan que existe un porcentaje ocioso, poco capacitado y sin deseos de evolucionar en los cargos.
Comunicación e inmediatez
Todo funcionamiento puede verse distorsionado o minimizado sin una buena comunicación y el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata no cuenta con oficina de prensa, ya que desde hace años se ha manejado con un solo integrante al que utilizan para cualquier otra labor menos para satisfacer la demanda de los medios. No se recuerdan conferencias de prensa, informes, comunicados ni intermediación. El periodismo, en su afán de obtener información precisa y con desarrollo acerca de causas de interés público, no tiene un canal oficial y todo depende ya de la voluntad de los fiscales. Algunos de éstos optan, en todo su derecho, a evitar el muchas veces incómodo contacto con la prensa.
Vale recordar también que Mar del Plata en verano concita la atención de la prensa nacional y tener una buena oficina de comunicación es fundamental. Sin embargo, sin nombramientos, no hay chances de una mejoría. El crimen del menor Leandro Olivera en Miramar, sucesos violentos de nocturnidad, episodios como el del conductor de la famosa frase “Si nos matamos, nos matamos” atrajo prensa de todo el país. La comunicación oficial y centralizada fue nula.
La falencia del recurso humano del Ministerio Público Fiscal (algo que ocurre en otras jurisdicciones como es Bahía Blanca y en gran parte de la provincia de Buenos Aires) también afecta cargos en áreas de gran importancia para el funcionamiento integral.
La situación de los peritos psicológicos dependientes del Ministerio Público Fiscal es dramática porque tienen bajo su órbita tareas como la realización de entrevistas de cámara Gesell. Ese instrumento es utilizado para tomar declaración a menores de edad víctimas de cualquier delito, pero en particular de ataques sexuales. Hoy, por la falta de cargos (hay una sola psicóloga, Florencia Manterola), se asignan turnos según la gravedad y urgencia, y pueden darse demoras de hasta 4 meses, con todo lo que afecta ello a la investigación de hechos tan graves.
En esa línea, es inexplicable que en todo el departamento judicial de Mar del Plata haya un solo médico para los reconocimientos médicos. Porque vale destacar otro detalle no menor que es que el Departamento Judicial Mar del Plata abarca los partidos de General Pueyrredon, Mar Chiquita, Balcarce y General Alvarado.
Hay otra materia pendiente que al no resolverse desaprovecha una posibilidad de optimización y profesionalización de la etapa investigativa. Se trata de la Policía Judicial, un cuerpo ya aprobado a nivel legislativo, avalado por la Suprema Corte Provincial y reglamentado, que no logra avanzar hacia su tramo final desde hace años. Mar del Plata cuenta con un “anticipo” de lo que sería la Policía Judicial y que se conoce como CATI. Es el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción, un grupo de sabuesos liderados por Javier Pettigiani que ha resuelto causas de alto esfuerzo y demanda investigativa, como “La Liga”, “Operativo Milonguita” y otras de narcotráfico o corrupción policial. Pero esa estructura benigna requiere de una categorización diferente y de una autonomía operativa que solo la Policía Judicial le puede aportar. Año tras año se reitera la postergación.
“Elefante Blanco”
Mar del Plata, por características propias, tiene algunas problemáticas diferentes respecto a otros departamentos judiciales. Al tratarse de una jurisdicción con casi 1 millón de habitantes necesita de sus propios recursos para la investigación criminal. Hace algunos años se impulsó el Instituto de Ciencias Forenses y se consiguieron recursos para, con pasmoso ritmo, edificarlo. Sala de autopsia, laboratorio propio, salones de entrevista, gabinetes para especialidades sensibles… Todo ello está listo desde hace varios años, pero la falta de personal y otros elementos con los que aún no fue dotado el Instituto lo transforma en un “elefante blanco”. Es una muestra de la falta de interés por hacer de Mar del Plata una plaza modelo en este tipo de necesidades sociales.
Fiscales de Mar del Plata, a pesar de que se trata de un recurso que el mismo Ministerio Público debería proveer, cae en la necesidad frecuente de pedir estudios de ADN o de otras pruebas de laboratorio a San Martín, Junín e incluso, a La Pampa.
Esta situación extrema cambia el ánimo del cuerpo de fiscales que en muchas ocasiones se ve superado por la cantidad de expedientes e impedido a profundizar investigaciones a tiempo por la escasez de herramientas.
Fiscales, personal de segunda línea, peritos, Policía Judicial, nuevas fiscalías y desarrollo de áreas temáticas complementarias son demandas urgentes que la política parece no distinguir.