El País

Causa Cuadernos: rechazan la nulidad de la elevación a juicio de un empresario

La defensa de Jorge Balán considera que al declarar como arrepentido durante la etapa de instrucción reconoció tres pagos ilegales, pero al momento de afrontar la etapa de debate, esos hechos aparecen divididos.

El Tribunal Oral Federal número siete rechazó el pedido de nulidad de la elevación a juicio oral de la Causa Cuadernos en lo vinculado con el empresario Jorge Juan Mauricio Balán, de la firma santafesina Industrias Secco.

La defensa de Balán pidió la nulidad parcial de la citación a juicio porque al declarar como arrepentido durante la etapa de instrucción reconoció tres pagos ilegales, pero al momento de afrontar la etapa de debate, esos hechos aparecen divididos.

Balán consideró que “no existe disposición legal ni procesal alguna que permita dividir el acuerdo de homologación celebrado, pese a lo cual se produjo el fraccionamiento de una materia única de imputación pretendiéndose un juzgamiento por separado que carece de toda justificación lógica y legal”.

Pero el tribunal le respondió que “lo que ha sucedido es que, por vicisitudes del trámite del legajo, uno de los hechos atribuidos a Balan fue parte del requerimiento de elevación a juicio de fecha 18 de junio de 2018 y los otros dos del 21 de septiembre de 2022”.

“Las genéricas referencias a dificultades en el ejercicio de defensa no bastan para considerar que resulta de aplicación la sanción propiciada, máxime cuando no se expone el modo en el que, en el caso concreto, se habría visto imposibilitado el uso de alguna prerrogativa legal o causado un agravio manifiesto”, afirmaron los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

En ese contexto, contrapusieron que “la circunstancia de que a la fecha ambos tramos se encuentren en el mismo estadío procesal ante este Tribunal, permite descartar cualquier contradicción, por lo que el planteo ha perdido virtualidad”.

En el expediente, según la acusación en ese primer tramo, Balán reconoció un pago de 700 mil pesos en 2013 al ex número dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Su nombre recobró notoriedad porque apareció en la difusión de documentos reservados, conocida como “Pandora Papers”, como accionista de una off shore radicada en Costa Rica.

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