La titular de la propiedad había estado en enero por última vez en la costa y al poder regresar encontró que había gente viviendo en el lugar de manera ilegal. Las autoridades municipales del Partido de Pinamar piden un juicio político al fiscal encargado de estos casos.
Los titulares de una casa de veraneo en Cariló que recién pudieron volver este 1° de noviembre a ese distrito tras ocho meses de aislamiento encontraron que en su propiedad había gente viviendo de manera ilegal, se la habían usurpado e, incluso habían pintado el inmueble de otro color en el exterior.
La situación fue denunciada por las víctimas a la Fiscalía Descentralizada N°5, a cargo de Eduardo Elizarraga, quien se encuentra cuestionado por las autoridades municipales del Partido de Pinamar, justamente por “archivar causas”.
El lunes, las víctimas se reunieron con el secretario de seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, quien inmediatamente fue hasta el lugar con la policía, entrevistó a los ocupantes e intentó mediar en el conflicto.
“Esto es una locura“, dijo Ventoso a LA CAPITAL y agregó: “Después de ocho meses afuera de Cariló, llegan y encuentran a su casa usurpada y a un fiscal que desestima todo, porque para él no hay delito“.
Ventoso explicó que las personas que ocupan el inmueble de Leñatero 565 solo presentaron un boleto de compra venta, que sería “evidentemente falso”, según el funcionario.
Si bien en el Partido de Pinamar se han registrado usurpaciones de terrenos, el funcionario dice que es la primera vez que se da en una casa y, además, los acusados estacionaron en la puerta autos de alta gama, uno de ellos con documentación adulterada.
Según pudo confirmar LA CAPITAL, en el lugar se secuestró una camioneta de alta gama que presentaba adulterada la numeración de su motor y que resultá ser un vehículo “gemelo” de otro existente en Capital Federal, por lo cual fue secuestrado.
Durante la tarde del martes está prevista una nueva reunión entre el fiscal Elizarraga y las víctimas de la usurpación, que aseguraron que no se irán de Carilo hasta no recuperar su casa. Mientras, los acusados se encuentran “atrincherados” en el lugar y se niegan a irse.
“Estamos promoviendo un juicio político al fiscal y la suspensión inmediata de su cargo. El mensaje no puede ser que cada uno solucione como pueda las cosas”, finalizó el secretario de Seguridad del Partido de Pinamar.