El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, en el verano de 1997, conmociona a la Argentina y termina develando un entramado mafioso en el que los poderes políticos y económicos no parecen estar ajenos.
Por Agustín Argento
El crimen del fotoperiodista José Luis Cabezas desnudó los íntimos vínculos entre el poder político, el empresarial y la corrupción a gran escala, y también puso en jaque la libertad democrática que se había retomado en 1983, algo que pone en foco “El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas“, documental de Alejandro Hartmann que se proyecta en Bafici.
La película, que tuvo la noche de jueves su estreno mundial y se podrá ver a partir del 19 de mayo en Netflix, empieza de lleno con el asesinato ocurrido el 25 de enero de 1997 en la ciudad de Pinamar, centro vacacional del poder argentino. Allí, el fotoperiodista de la revista Noticias había ido, junto a su compañero Gabriel Michi, para retratar la temporada veraniega e intentar conseguir una entrevista con el poderoso Alfredo Yabrán, a cuya cara Cabezas le había quitado el velo un año antes con fotografías, justamente, en aquella ciudad balnearia.
Hartmann apela a algunos testimonios de protagonistas de la época, más imágenes de archivo. Utiliza como pieza fundamental a Michi, quien en 2016 publicó el libro “Cabezas”, y a Alejandro Vecchi, el abogado de la familia, que si bien en un comienzo rechazó su representación, al día de hoy continúa siendo el letrado familiar y un personaje fundamental para que los responsables del crimen hayan sido condenados.
También indaga en viejos colegas, jefes y el relato de los periodistas Edi Zunino y Gustavo González sobre aquellos días en la redacción; Lorena Maciel, como cronista del caso, y la palabra de Eduardo Duhalde, por entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires y firme candidato a la Presidencia de la Nación, y cuya imagen se deterioró por la crisis económica y el rol de la Policía Bonaerense no sólo en el Caso Cabezas, sino también en la Masacre de Ramallo, ocurrida el 17 de septiembre de 1999.
La cinta fue producida por Vanessa Ragone, que en dupla con Hartmann crearon la exitosa serie -también de Netflix- “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, sobre el crimen de García Belsunce, y se apoya en un relato documental que apela a la tensión e intriga constante. Con una narrativa y estética más cercana al documental estadounidense, sin embargo, Hartmann nunca se aleja de ciertas bases del cine argentino, lo que convierte a esta producción en un trabajo empático con el espectador.
No es un documental de investigación. Si bien menciona las líneas que el juez José Luis Macchi siguió, no pone en duda que el instigador fue Yabrán y que el motivo fue la foto de 1996. Tampoco se trata de una película que se meta en las fojas judiciales ni que intente denunciar algún mal manejo. El valor de esta producción radica en el recuerdo no sólo de un hombre que dejó a un padre y una madre sin hijo y a sus hijos sin padre, sino, también, en que puso la lupa sobre las relaciones non sanctas entre los engranajes de las más altas esferas de la política y el empresariado.
En su lucha intestina, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en el Congreso a Yabrán como líder de una mafia enquistada en el Gobierno. A partir de allí, los medios argentinos quisieron saber quién era este hombre, dueño de Oca. La revista Noticias comenzó a tirar del hilo, hasta descubrir que el empresario también manejaba la empresa que descargaba las valijas de los aviones, los depósitos fiscales, el clearing bancario y el transporte de la mercadería por todo el país. Es decir, todo lo que pisaba suelo argentino, pasaba bajo la órbita de Yabrán.
La foto de Cabezas le venía a poner rostro a ese “Estado dentro del Estado”, como se lo calificó en su momento, y fue lo que, según la investigación judicial, lo llevó a su muerte, gracias a la colaboración y andamiaje cimentados por Gregorio Ríos, un exmilitar jefe de custodios de Yabrán, y una banda conformada por policías bonaerenses y delincuentes de poca monta vinculados a la barra brava de Estudiantes.
Resabios de la dictadura, la “Maldita policía”, el poder político y los empresarios oscuros. Todos juntos en un mismo caso. Si bien no hay pruebas ni denuncias con respecto a vínculos del Gobierno con el asesinato, sí está documentada la férrea defensa que recibió Yabrán del Poder Ejecutivo de entonces, con el presidente Carlos Menem a la cabeza, y reuniones públicas en medio del caso con el jefe de Gabinete, Jorge Alberto Rodríguez.
El crimen de Cabezas fue la “gota que rebalsó el vaso” de una sociedad que venía de soportar, como dice Maciel en el documental, la violación y asesinato de María Soledad Morales por los “hijos del poder” de Catamarca; la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y la muerte poco clara del hijo del presidente. Es por ello que el país en su conjunto salió a la calle con un cartel que se convirtió en emblema no de un asesinato ni tampoco de un gremio como el periodístico, sino de un reclamo para poder vivir en democracia sin temor ni impunidad: “No se olviden de Cabezas”.
Télam.