El proyecto fue presentado el 31 de mayo de 2018 en la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de tratamiento en la Comisión de Legislación Penal.
El municipio de General Alvarado buscará dar impulso a un proyecto de ley presentado en 2018 que solicita que el robo de cadáveres sea tipificado como un delito, informó este miércoles Germán Di Césare, intendente de este distrito en el que se registraron las sustracciones de cuerpos de cuatro niños en los últimos dos años.
El intendente señaló que tras las recientes profanaciones de dos sepulturas y el robo de sus cadáveres en la localidad balnearia de Miramar, buscarán que la iniciativa, presentada por la propia comuna hace más de un año, vuelva a ser tratada a nivel parlamentario.
“Es importante que se legisle sobre este tema”, dijo Di Césare, y señaló que “es necesario que sea delito la profanación de tumbas, porque la realidad es que hoy no lo es, y el sufrimiento que le traen a las familias es tremendo”.
El proyecto fue presentado el 31 de mayo de 2018 en la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de tratamiento en la Comisión de Legislación Penal: hasta el momento cuenta con las firmas de los diputados Daniel Arroyo, Marcela Passo, Adriana Nazario, Carlos Selva, Victoria Donda, Mirta Tundis y Alejandro Snopek.
Había sido impulsado por el municipio y por vecinos miramarenses que realizaron una campaña para juntar firmas tras el pedido de dos familias que descubrieron en 2017 la profanación de las tumbas de sus hijos en el cementerio de Comandante Nicanor Otamendi, dentro del mismo partido.
En ese sentido, Di Césare dijo que si bien “el Congreso Nacional tuvo poco movimiento últimamente, es necesario que trabajen en este tipo de cuestiones. Es fundamental que quien hace este tipo de acción macabra tenga un castigo y no que quede en la nada. Confío en que se legisle”, aseguró.
Actualmente, el Código Penal sólo contempla un castigo para este tipo de hechos en su artículo 171, en el que señala que “sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”.
En caso de que este fin no pueda ser probado, el caso deberá ser abordado como una contravención tal como ocurrió con los casos recientes en el distrito vecino a Mar del Plata.
El proyecto impulsado desde Miramar busca “subsanar el vacío legal existente en nuestro ordenamiento penal frente a conductas aberrantes y humillantes que merecen una clara sanción penal”, se señaló en sus fundamentos.
También busca incorporar al Código el delito de “profanación de cadáver”, y penar “con prisión de uno a cinco años” a quien “faltando al debido respeto, honor y memoria de los difuntos, sustrajera, profanare, o ultrajare el cadáver de una persona, sus restos o sus cenizas”.
También plantea que “la escala penal se elevará de dos a seis años” cuando el acusado “actuare con ánimo de lucro o de exigir un pago para la devolución del cadáver de una persona, sus restos o sus cenizas”.
El mismo agravante está contemplado cuando el acusado “sea empleado de cementerios públicos o privados, o de cualquier otra entidad o agencia que preste servicios funerarios, de cremación o de traslado de restos fúnebres o de cenizas, o empleado con acceso autorizado a establecimientos habilitados para la guarda de cadáveres y restos humanos”.
Y eleva, también, la escala penal “cuando se realizaren actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia”, o cuando “dichas acciones impidieren la identificación del cadáver, o se realizaren con el propósito de ocultar pruebas”.