Lo decidió el juez federal Ariel Lijo. Es por la la compra de la firma ex Ciccone Calcográfica por supuestos testaferros del ex funcionario.
El juez federal Ariel Lijo envió este miércoles a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou y a otros cinco imputados en la causa en la que se investiga la compra de la firma ex Ciccone Calcográfica por supuestos testaferros del ex funcionario.
En un fallo de 456 fojas, Lijo dio por clausurada la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (coimas) por la compra de la emblemática imprenta -ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)-, aunque habrá que sortear un tribunal oral y el debate comenzaría recién en 2018 ó 2019.
El ex vicepresidente ya enfrenta desde hace un par de semanas otro juicio por la supuesta falsificación de papeles en la transferencia de un auto Honda CRX en 2003, donde se lo acusa de “falsedad ideológica” junto a una ex pareja y gestores.
Ahora, por el caso Ciccone, además de Boudou, quedaron en condiciones de ir a juicio su amigo José María Núñez Carmona, el monotributista Alejandro Vandenbroele -señalado como presunto testaferro-, el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de AFIP Rafael Resnick Brenner y del Ministerio de Economía Guido Forcieri.
La causa investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía- y Núñez Carmona adquirieron, a través de la sociedad The Old Fund SA y de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA, y si consiguieron que la Justicia, previa conformidad de la AFIP, levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la Administración Pública Nacional.
“Los aquí imputados no pudieron haber desconocido la maniobra que se les reprocha, situación que ha quedado descartada por las constancias agregadas en autos, que permiten tener por acreditado ‘prima facie’ el conocimiento en la contratación irregular que se llevó a cabo, máxime si ellos eran los propietarios de dicha compañía”, sostuvo el fallo al que accedió DyN.
En ese sentido, Lijo advirtió: “La maniobra se habría conformado mediante la connivencia de acciones entre el autor directo y los aquí partícipes -Núñez Carmona y Vandenbroele- que sí conocían que la empresa le pertenecía a Amado Boudou”.
“Es que en el caso se observa la intervención de un miembro institucionalmente activo -Amado Boudou- que a través de la colaboración necesaria de sus cómplices cometió delitos concretos -cohecho y negociaciones incompatibles- en el marco de una organización determinada, que se corresponde con un fin determinado y a través de una función estatal”, sostuvo.
Además hay otra causa donde se analiza un negocio previo a Ciccone, que habría servido como globo de ensayo para hacer la compra de la imprenta: un asesoramiento que dio The Old Fund a la provincia de Formosa para reestructurar su deuda.
Lijo también tiene en sus manos la causa contra Boudou y su entorno por enriquecimiento ilícito, donde se investigan los bienes del ex funcionario, de sus familiares y los de sus ex mujeres Agustina Seguín y Agustina Kämpfer.
La causa se abrió en 2012, cuando Laura Muñoz, la ex esposa de Vandenbroele, dio a una entrevista a radio Mitre contando que el padre de sus hijas, con quien tenia un divorcio conflictivo, era el testaferro del entonces vicepresidente.
El 27 de junio de 2014, sobre la medianoche, Lijo procesó a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo (recibir coimas), al considerar que con Núñez Carmona y Vandenbroele se quedaron con la empresa Ciccone para luego hacer negociaciones con el Estado y que para eso utilizó su cargo. Mientras, consideró a Ciccone y a su yerno responsables de esa supuesta coima (cohecho activo), mientras que el funcionario de la AFIP sólo quedó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con su función.
A su criterio, Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para influenciar en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), que atravesaba una mala situación económica, y quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la empresa a través de “The Old Fund”.
El ex vicepresidente está acusado de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo, que fue, según la Justicia, el recibir como coima un porcentaje de la empresa. Hay una segunda etapa en la causa donde se investiga el papel del ex director de la AFIP Ricardo Echegaray y la ex jefa del Banco Central Katya Daura por su responsabilidad en el caso Ciccone.