La mandataria aceptó que desde el Ejecutivo habían planteado que "estas elecciones se adelanten de 2026 a abril de 2024”, pero “las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia", por lo que es preciso votar en diciembre de 2023.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió al Congreso que adelante a diciembre de este año las elecciones, en una virtual aceptación de que una decisión de ese tipo puede ayudar a bajar las tensiones generadas por casi 50 días de protestas, y el legislativo discutía esta noche reconsiderar su votación de comicios para abril de 2024 o avanzar hacia un nuevo trámite parlamentario que convoque a elecciones en este año.
“Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés en aferrarse al poder. Estaremos acá hasta que el Congreso (defina). Pónganse de acuerdo: tal día las elecciones y, en ese instante, estaremos convocando a elecciones generales”, afirmó Boluarte en un brusco giro de su postura.
La titular del Palacio de Pizarro dijo que conversó la cuestión con el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ayer había advertido que no había forma de hacer elecciones limpias y transparentes este año.
Perú se había ido a dormir anoche con la expectativa sobre qué podía pasar con iniciativa del fujimorismo para revisar la votación que llamaba a comicios para abril de 2024, una propuesta sorpresiva levantada en la sesión del jueves pasado, antes de que el Congreso pasara su sesión a esta mañana.
La sesión iba a retomarse a las 9, luego al mediodía y finalmente a las 15 (las 17 de Argentina) y arrancó apenas un rato después de esa hora con un extenso debate sobre la procedencia o no de la iniciativa para reconsiderar la votación de diciembre del año pasado.
Esa primera votación terminó 58 a 51 a favor de la procedencia del texto, aunque eso no significaba para nada un resultado cantado sobre el fondo de la cuestión.
Buena parte de los discursos se enfrascaron en cuestiones técnicas sobre si el reglamento permite o no revisar una votación una vez aprobada el acta, lo que parecía hacer presumir que la posibilidad de adelantar los comicios se encaminaba al fracaso.
Para muchos de los legisladores que hablaron, si acaso se quisiera imponer una nueva fecha de comicios presidenciales debería iniciarse un nuevo trámite -con un nuevo proyecto, claro- y no revisar la iniciativa que ya tiene un visto bueno pero al que le falta una ratificación en un nuevo período de sesiones.
Ese período de sesiones comenzará el 15 de febrero, aunque se especula con algún eventual adelanto.
En sus declaraciones, Boluarte dijo que no objetaba la propuesta de Fuerza Popular -el partido de Keiko Fujimori-, pero cuestionó la insistencia de las bancadas de izquierda para que junto al recorte de mandato se haga un referendo constituyente. “Es una justificación más para poder radicalizar y seguir ensangrentado el país”, advirtió la mandataria.
“Acá debe haber una decisión política y los que ponen peros con papelitos tendrán que responder ante el pueblo. Si no quieren elecciones en 2023, no busquen pretextos. Es simple”, afirmó, en tanto, Hernando Guerra, vocero de FP, titular de la Comisión de Constitución y quien pidió la reconsideración de lo votado.
Varios congresistas señalaron que, más allá del tecnicismo sobre un acta cerrada o no, había varios proyectos para adelantar elecciones a este año y hasta para decidir la vacancia de Boluarte, lo que obligaría a comicios en 6 meses.
Las bancadas de izquierda reclamaron la renuncia de Boluarte, que asuma el titular del Congreso, José Williams, y el llamado a comicios inmediato.
La dispersión de los bloques, los discursos cruzados y hasta la actitud independiente de algunos congresistas dejaba abierto el resultado del debate.
De fondo, las protestas callejeras, los cortes de rutas y calles y las manifestaciones de quienes reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones se repitieron como ocurre desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido Pedro Castillo.
Durante las protestas ya murieron al menos 48 personas en enfrentamientos, entre ellos un policía, y otras 10 fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de vías para exigir la renuncia de la presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que persisten 83 puntos con tránsito vehicular interrumpido en 9 regiones del país.
El hecho saliente de la jornada ocurrió en el departamento Madre de Dios, donde un grupo de manifestantes atacó la casa del gobernador, Luis Otsuka, quien disparó al aire para dispersarlos.
“Eran demasiados vándalos y solo había 8 agentes del orden sin armamento. Si no disparaba, nos hubieran matado a los policías y a mí”, sostuvo Otsuka.
Según medios limeños, el ataque se debió a un supuesto acuerdo del gobernador regional con el primer ministro Otárola para desbloquear las rutas de la zona.
Mientras, en Ucayali más de 500 vehículos permanecen varados por el corte de la ruta Federico Basadre.
Mientras, el Gobierno decidió el envío de otros 200 policías de Lambayeque hacia regiones del sur, entre ellas Cusco, Ica, Arequipa y Apurímac.
En Puno, una de las zonas de mayor efervescencia, se anunció hoy la suspensión de la Fiesta de la Candelaria, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.