A partir de la denuncia penal de organismos de derechos humanos, la Fiscalía ordenó dirigencias en torno al predio que albergó el centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar, donde el Concejo Deliberante autorizó la instalación de un bar.
A raíz de la denuncia presentada por organismos de derechos humanos, la Fiscalía interviniente solicitó a la Municipalidad información sobre la cesión del predio que albergó a la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM), donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura, en relación al proyecto que aprobó el Concejo Deliberante para establecer una destilería de gin en la Reserva Paseo Costanero Sur.
La Fiscalía hizo dar lugar a la presentación que realizaron esta semana los organismos con el patrocinio del abogado César Sivo, por los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública.
Organismos de derechos humanos denunciaron penalmente a concejales que avalaron la instalación de un bar en un predio lindero al Faro.
A priori, se busca que el Juzgado de Garantías correspondiente tome medidas en relación al predio donde, a pedido del Ejecutivo, el pasado 8 de agosto el Concejo autorizó el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal, ubicada en avenida de los Trabajadores al 5700 e integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia”, a la asociación vecinal de fomento Faro Norte.
Durante el debate en el Concejo, la principal polémica se desató por los usos de suelo permitidos. De acuerdo al expediente, en el predio de una hectárea se habilitan “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación”. Esto avala, por caso, la instalación de un bar de gin, algo que generó el repudio inmediato de los organismos de derechos humanos de la ciudad.
La decisión del fiscal responde a la preocupación expresada por los organismos de derechos humanos sobre el uso de este espacio histórico, que evoca una de las etapas más oscuras del país. La Fiscalía instruyó al Juzgado de Garantías para que inicie una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias denunciadas.
La resolución de la Fiscalía, que se encuentra en el marco del artículo 291 del Código Procesal Penal, solicita a la Municipalidad la remisión de varios expedientes administrativos relacionados con el predio en cuestión.
Asimismo, se requiere información sobre si el predio ubicado en avenida de los Trabajadores N° 5700, ha sido declarado Patrimonio Histórico Cultural, o si existe alguna condición o limitación respecto a su uso y explotación que esté vinculada con el interés público.
La Fiscalía también solicitó una copia de la ordenanza sancionada el 8 de agosto de 2024. Además, se instruyó al Concejo Deliberante para que remita una copia certificada del acta de sesión en la que se trató y se aprobó el mencionado proyecto, así como un registro de los concejales presentes y sus votos en relación con el proyecto.
Cabe señalar ne este sentido que los organismos de derechos denunciaron penalmente a los 15 concejales que aprobaron el proyecto de ordenanza que habilita la instalación de un bar de un gin en un predio lindero al Faro de la Memoria.
En la presentación, además de los 15 concejales que avalaron el proyecto -Agustín Neme, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Mercedes Morro, Florencia Ranellucci y Guillermo Volponi, de Vamos Juntos; Marianela Romero, Daniel Núñez, Marina Sánchez Herrero, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas, de la UCR; Angélica González y Guido García, de la Coalición Cívica; y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (Crear Más Libertad)-, fueron incluidas las autoridades de la Sociedad de Fomento Faro Norte y de la empresa de gin La Restinga.
Finalmente, entre otros puntos la Fiscalía determinó que, por el momento, “la solicitud de medida cautelar resulta prematura“, ya que no se han verificado los requisitos necesarios según la normativa vigente.
Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que, en base a la documentación solicitada, se puedan realizar futuras diligencias de instrucción.
Cabe señalar también que, horas después de la formulación de la denuncia, el intendente Guillermo Montenegro respondió en duros términos a la presentación judicial. “Basta de usar los derechos humanos para sus propios intereses”, dijo a través de su cuenta de X, entre otros cuestionamientos, y en sintonía con algunos concejales del interbloque oficialista.