El oficialismo lo aprobó en la Comisión de Seguridad. Permitiría advertir sobre vehículos estacionados en lugares prohibidos. La oposición planteó sus dudas y reclamó informes de distintas dependencias municipales.
El proyecto del gobierno de Guillermo Montenegro que permitiría denunciar infracciones de tránsito a través de una aplicación para teléfonos celulares obtuvo este jueves el primer visto bueno en el Concejo Deliberante.
Con los votos del interbloque oficialista y las abstenciones del Frente de Todos y Crear Juntos, el expediente fue aprobado en la Comisión de Seguridad y pasó a la de Movilidad Urbana.
La iniciativa crea el “Programa de Denuncias Viales Ciudadanas por Medio de Dispositivos Telefónicos Móviles” bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad y le encomienda al Ejecutivo la implementación de una aplicación para que, a través de un formulario de simple confección, los ciudadanos “puedan radicar denuncias respecto de infracciones a las normas de tránsito vigentes, con acompañamiento de registro fotográfico”. La propuesta dice que eso podrá realizarse “previa descarga de la aplicación y registro” por parte de los usuarios.
Tras la observación de una posible infracción vial, cualquier ciudadano poseedor de la herramienta informática podría tomar registro, “procurando individualizar debidamente la chapa patente del automotor involucrado y el entorno que certifique la comisión de la falta declamada”. “Seguidamente, incorporará la o las fotografías a un formulario de rápido y fácil desarrollo, contenido en la aplicación electrónica, la que certificará los datos de tiempo y lugar de la infracción advertida”, agrega el proyecto.
Se podría denunciar el estacionamiento en lugares indicados con cordón amarillo, en sitios asignados para carga y descarga de mercaderías, en espacios reservados por disposiciones de la autoridad competente; el estacionamiento que implique obstrucción de rampas para personas con discapacidad, invasión de la senda peatonal, obstrucción visual de una ochava y de lugares de aparcamiento de bicicletas o motocicletas. También el estacionamiento sobre espacios verdes, lugares reservados para el transporte público de pasajeros y los accesos de garajes y con ingreso habitual de vehículos. Además, serviría para advertir sobre la generación de basurales o microbasurales.
Luego de la recepción de la denuncia, los inspectores verificarían la falta y, en caso de confirmarla, redactarían el acta de infracción pertinente, “atendiendo a todos los requisitos de fondo y forma que deben observar” y “habilitando a partir de entonces el debido proceso del que goza todo ciudadano”, aclara la propuesta.
También puntualiza que la identidad del denunciante “será reservada” y “solamente podrá ser conocida por la autoridad de aplicación, quedando vedada toda posibilidad de divulgación”.
El presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, recordó que esta es una de las herramientas que fueron anunciadas por Montenegro en el marco del Plan Integral de Seguridad Vial. “Lo que plantea es poder tener en nuestro municipio una aplicación de participación ciudadana por medio de la que se pueda trabajar junto a todos los vecinos en mejorar la seguridad vial”, presentó.
“Esta aplicación lo que busca es que los vecinos tengan las posibilidad de ser un nexo con el Ejecutivo municipal para advertir infracciones”, agregó el edil. Y apuntó: “Estamos seguros de que la tecnología nos puede ayudar a resolver estas cuestiones”.
El opositor Vito Amalfitano (Frente de Todos) dijo que “el combo de apuro” que pretende sacar el oficialismo le despierta “sospechas respecto de la transparencia”. Se refería al proyecto en tratamiento pero también a otros dos: el que encomienda implementar un sistema de reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la justicia (que también fue aprobado por la comisión) y el de las fotomultas, frenado en el Concejo por falta de apoyo político.
“No estamos en contra de buscar todos los instrumentos posibles” para mejorar la seguridad vial, dijo el edil. Y acotó: “No negamos que una aplicación puede llegar a agilizar esta situación, pero deberíamos saber cuánto es el costo del funcionamiento, cómo será el mantenimiento de la aplicación y si es necesario el registro personal de los usuarios, con lo cual tenemos que ser muy responsables”.
También se preguntó “cómo se va a constatar que la denuncia es real, con cuántos agentes se va a inspeccionar” y si esa verificación va a ser presencial. “Hay muchísimas preguntas”, comentó.
El presidente de la Comisión, Nicolás Lauría (Crear Juntos), coincidió en que “falta información”. De todos modos, al momento de la votación los concejales de Vamos Juntos y la UCR lograron que el proyecto fuera aprobado. A pedido de la oposición, las áreas de Seguridad, Movilidad Urbana, Legal y Técnica y Hacienda deberán aportar más información.