Los defensores locales aseguraron que existen categorías que pasarán a pagar hasta un 877% más y los contribuyentes no podrán afrontarlo. Señalaron que esto impactará en los porcentajes de cobrabilidad.
Los defensores locales Fernando Cuesta, Fernando Rizzi y Walter Rodríguez advirtieron que la ciudad sufrirá, por tercer año consecutivo, un aumento “desproporcionado” de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), medida que podría traer aparejado una disminución en los porcentajes de cobrabilidad del municipio.
“Es el tercer año que se producen aumentos desproporcionados en la TSU y lo vemos acá, en los reclamos a la Defensoría”, señaló Cuesta a LA CAPITAL. Según indicó, el revalúo fiscal impuesto por el gobierno de Arroyo en 2016, que empezó a tomar en cuenta la totalidad de la valuación fiscal provincial (antes se consideraba el 50%) impactó negativamente en la fórmula de cálculo que, sumado a los aumentos anuales, refleja desde entonces importantes incrementos.
“Nosotros esto lo advertimos cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales anteriores, y señalamos que esto iba a generar una baja en la cobrabilidad. Entendemos que, en los últimos dos años, ha tenido que caer muchísimo y este año, si todas las cosas vienen como prevemos, estimamos que va a estar lejos de llegar al 60%”, agregó Rizzi.
Es que los defensores aseguran que los contribuyentes tendrán serias dificultades para afrontar el aumento propuesto por el gobierno de Carlos Arroyo, sobre todo teniendo en cuenta los incrementos que también sufrirán en las tarifas de otros servicios como la luz, el gas y el transporte.
“En los años anteriores, cuando se cambió el revalúo, hubo gente que le vino hasta un 400% de aumento. Y estamos hablando sobre todo de gente que no tiene una jubilación mínima como para acceder a una exención pero que solo cobra poco más, que es gente de clase media o clase media baja, que recibían un impuesto de$3.000 o $4.000, mientras cobraban una jubilación de $8.000. Esto hace que mucha gente tenga que elegir entre comprar un medicamento o pagar el impuesto”, ejemplificó Rizzi.
Para Cuesta la situación de confusión se agrava cuando el intendente anuncia que el porcentaje de aumento será del 24%, cuando, según los estudios de la Defensoría en función de las ordenanzas fiscal e impositiva presentadas, ese porcentaje solo corresponde al importe básico anual por cada inmueble, uno de los cuatro items que conforman la fórmula sobre la cual se determina el monto a pagar.
Walter Rodríguez también desmiente al secretario de Hacienda y Economía, Hernán Mourelle, quien ante los concejales de la comisión aseguró que el promedio del aumento será cercano al 72%. “Va a ser mucho más, hay aumentos por categorías que superan el 800%”, advirtió.
Al igual que el bloque de Unidad Ciudadana, los defensores señalan que los aumentos en las categorías superarán “ampliamente” lo establecido oficialmente. Así señalan que la categoría uno sufrirá un 877% de aumento, la dos un 683%, la tres un 156%, la cuatro un 104%, la cinco un 68%, la seis un 60%, la siete un 41%, la ocho un 23% y la nueve un 30%.
Vale destacar que, según indicaron, de las cerca de 414.000 cuentas existentes, 240.000 se encuentran dentro de las primeras cinco categorías, que serán las que mayor porcentaje de aumentos registrarán.
“Por ejemplo, la proporción de aplicación correspondiente a la valuación fiscal de la categoría 1, que es donde están las viviendas más precarias y los terrenos baldíos, hasta el año pasado era del 5% y este año pasa al 50%”, señalaron. Con lo cual agregaron: “La gente no va a cumplir no porque no quiera, sino porque directamente no puede“.
Tope de tasas, un proyecto que se repite
La Defensoría del Pueblo volvió a presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto que busca establecer topes de aumento de las tasas de servicios urbanos. También incluyeron la necesidad de facilitar el acceso a las exenciones y la implementación de una tarifa social.
“Por tercer año, elevamos un proyecto al Concejo Deliberante que busca colocar un tope a los aumentos. Hablamos que no puedan superar un 50% de la tarifa del año anterior y también planteamos ampliar la base de las exenciones y la implementación de una tarifa social”, indicó Cuesta. Sobre esto último, señaló que el vecino que tenga tarifa social por energía y gas, debería ingresar directamente en una tarifa social en lo que respecta a la Tsu.
Es que para el defensor, sin los topes de aumentos establecidos por la justicia en años anteriores, una familia marplatense deberá destinar “un alto porcentaje de sus ingresos a pagar los servicios y los impuestos”.
En la misma línea se pronunció Rizzi al referirse a los aumentos en servicios específicos, como el de Obras Sanitarias: “De Osse se habla de un 30% de incremento, mientras que las paritarias cierran en un 15%, por lo que, prácticamente, la gente está recibiendo en sus salarios la mitad de los aumentos que se perciben en servicios elementales”.