Así lo consideró el juez de garantías Juan Tapia, luego de que dos internos fueran asesinados a puñaladas y agregó: “Ponen de manifiesto la incapacidad del sistema carcelario para dar respuesta a los fines de resocialización”.
En pocas semanas se registraron dos muertes por peleas entre internos en la Unidad Penal XV de Batán. De hecho, los dos últimos homicidios se dieron dentro de las paredes de la cárcel y, ante esta situación, el juez de garantías Juan Tapia consideró que estos casos “ponen de manifiesto la incapacidad del sistema carcelario para dar respuesta a los fines de resocialización”.
El pasado 6 de mayo fue asesinado Pablo Emanuel Cordero (28). Era un preso nuevo en la cárcel de Batán, donde había llegado luego de asesinar a otro interno Unidad Penal N°7 de Azul a pocos días de obtener su libertad.
La otra muerte se registró el pasado lunes 21 de mayo, cuando Edgardo “El Español” Correa Dos Santos (27) murió en el Hospital Interzonal de Agudos, luego de haber sido apuñalado días atrás al intentar defender a otro interno de la Unidad Penal XV de Batán durante una pelea. Estaba detenido por “homicidio agravado y robo calificado“.
“Las cuestiones estructurales ponen de manifiesto la responsabilidad del Estado por esas muertes, una persona que muere en una institución destinada a un fin específico como es su resocialización y termina muerto marca la responsabilidad estatal, de todos los poderes del Estado”, expresó el juez de garantías Juan Tapia y agregó: “Hay que revisar las responsabilidades individuales de funcionarios, pero sin dudas es una muerte exclusivamente atribuible al Estado”.
“Más allá que puede haber causas diferenciadores por estas muertes, como conflictos entre internos o reyertas individuales por diferentes motivos, lo cierto es que ponen de manifiesto la incapacidad del sistema carcelario para dar respuesta a los fines resocializadores”, expresó el juez.
Además, como problemas estructurales de la situación carcelaria, el juez Tapia consideró que la “superpoblación contribuye a aumentar los niveles de violencia“. “En un espacio que modifica constantemente la personalidad de las personas, por necesidad de adecuarse a los patrones de vida de la cárcel, si le agregás a las condiciones de encierro el hacinamiento; indignas condiciones de salubridad; de alimentación; de sanidad, se genera un clima que va afectando las enfermedades y la propia violencia que repercuten en los hechos, ya sea por la pelea o por una omisión estatal en intervenir cuando se debió hacerlo”.
“Esos factores son decisivos en estos casos, que son estructurales, que no responden a una situación concreta y que deben evaluarse de manera global en la provincia de Buenos Aires donde cada 3 días hay una persona muerte en las cárceles de la provincia”, dijo el juez de garantías.
El juez Tapia destacó que en la actualidad existan numerosos informes sobre la situación carcelaria, realizados por jueces, defensores y organismos de derechos humanos que recorren las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. “Sin embargo, ese sobrediagonóstico no tiene ninguna respuesta efectiva con políticas concretas de los tres poderes del Estado”, concluyó.
La muerte de los presos y la reacción en la sociedad
El juez Juan Tapia lamentó que muchas personas, de muchos sectores, tanto en redes sociales como en charlas cotidianas, se burlaran de la muerte de un preso, como si se tratara de una “especie de limpieza étnica que no los afecta directamente”.
“Eso nos marca los problemas que tenemos como sociedad en el respeto que tenemos al Estado de Derecho, a las normas, sobre todo cuando los destinatarios de esas normas parecieran ser personas con las que no empatizamos”, dijo el juez de garantías y agregó: “Y es contradictoria esperar que esas personas cumplan la ley cuando del Estado viola la ley que se les brinda”.
“Parte del problema que tenemos con el respeto de la ley y las instituciones nacen en estas respuestas vindicativas que se dan, muchas veces en las redes sociales o en la comunidad, burlándose de estas muertes que son el ejemplo más evidente de la ausencia del Estado de Derecho”, expresó.
“Festejar la ausencia del Estado de Derecho es muy contradictorio, sobre todo cuando las personas reclaman necesidad de legalidad”, concluyó el juez de garantías Juan Tapia.