El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció que solicitará a la firma brasileña la "ampliación" del balance 2014 para su correspondiente "fiscalización".
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodsky, detalló este miércoles que la empresa brasileña Odebrecht “se inscribió con un capital de 50 mil pesos” en la Argentina, y anunció que solicitará a esa firma la “ampliación” del balance 2014 para su correspondiente “fiscalización”.
Brodsky formuló estas declaraciones luego de que el organismo que conduce intimó el viernes pasado a Odebrecht Argentina SA que presente los balances de 2015 y 2016 adeudados.
“Estamos intimando a la empresa por los balances 2015 y 2016, los demás están presentados. Estos balances son de la empresa argentina”, indicó el funcionario.
Durante un reportaje en radio Continental, Brodsky precisó que “la empresa argentina tiene presentado balances hasta el 2014, que fue aprobado en su momento”.
“Dispuse que el Departamento Contable de la IGJ lo revisara nuevamente y ahí se advierte que no hay ninguna explicación respecto a la actividad objeto de la sociedad que es la construcción, por lo cual firmé una resolución ampliando la fiscalización de esta sociedad”, manifestó Brodsky.
“Vamos a hacer una fiscalización permanente pidiendo documentación y explicaciones sobre la empresa argentina”, añadió el funcionario, que además reveló que la firma “se inscribió con un capital de 50 mil pesos” en el país.
Brodsky confirmó también que el lunes pasado el organismo que conduce se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, quien le solicitó toda la documentación referida a Odebrecht, por lo cual recalcó que le se le “remitirá” al magistrado la información.
Este martes se conoció que un grupo de fiscales, que investiga las causas por presunta corrupción de la multinacional Odebrecht y el supuesto pago de coimas para favorecerse con obra pública en la Argentina, evalúa viajar a Brasil para obtener allí información relevante para sus expedientes.
La invitación fue cursada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en respuesta a una suerte de acuerdo con el Viceprocurador General de Brasil, José Bonifacio Borges de Andrada.