El ex intendente Carlos Arroyo y algunos de sus principales ex colaboradores les reclaman a las autoridades municipales que se les abonen las vacaciones no gozadas. En el caso de Arroyo le correspondería más de un millón de pesos.
Lejos de la función pública, el ex intendente Carlos Fernando Arroyo -acompañado por sus colaboradores más estrechos- sigue empecinado en marcar más hitos históricos en la ciudad.
Erigido en el peor intendente que tuvo el partido de General Pueyrredon en toda su historia, también dejó su marca en las últimas elecciones, convirtiéndose en el candidato a una reelección con la menor cantidad de votos obtenidos, no sólo a nivel provincial sino también nacional. Arroyo cosechó el 3 por ciento de las adhesiones de marplatenses y batanenses.
Ahora vuelve a registrar otra marca sin antecedentes: se convierte en el primer ex intendente del distrito que formula un reclamo económico por vacaciones no gozadas.
Aunque cueste creerlo, el ex intendente Arroyo realizó el pedido formal para que le sean abonadas las vacaciones no gozadas. El reclamo se circunscribe a los últimos dos años de gestión, según lo disponen las normativas vigentes.
Así, Arroyo pretende que se le paguen dos vacaciones, lo que por su antigüedad equivaldría a 70 días aproximadamente. Para satisfacer este pedido, de las arcas municipales debería salir más de un millón de pesos.
Pero hay más. Su compañera, Susana Rivero, ex subsecretaria de Educación, también realizó el reclamo pertinente. “Son increíbles. Cuando me lo comentaron no podía creerlo”, refería un funcionario de carrera que tuvo buena relación con ambos.
Pero Arroyo y su compañera no están solos en esta cruzada. Si bien la legislación los ampara, aunque éticamente genera un sinfín de controversias, también se presentaron a pedir que les sean abonadas las vacaciones no gozadas los principales colaboradores del ex jefe comunal.
Para Vicente, 700 mil pesos
Así, el ex secretario de Gobierno Alejandro Vicente sueña con cobrar cerca de 700 mil pesos -correspondientes a 54 días de vacaciones no gozadas-, mientras que la ex concejal y secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, pretende embolsar 400 mil pesos -lejos del millón de su ex jefe- por el reclamo de 35 días de vacaciones. El ex subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, no lo dejó a pata a su compañero de estudio jurídico, Alejandro Vicente, y también presentó los papeles, al igual que otro gran trabajador de la gestión como lo fue Eduardo Leitao, ex titular del Ente de Servicios Urbanos.
El ex miembro “estrella” del gabinete, en el ocaso de la gestión, el ex secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, también quiere cobrar las vacaciones que no se tomó. Se asegura que el pedido fue presentado semanas antes de habérsele impedido el ingreso a la ciudad, en uno de los retenes, con el auto de una empresa proveedora de la comuna, rodado que ha devuelto para evitar más escándalos. Otros ex funcionarios de menor rango también quieren pasar por caja según pudo saberse. ¿Cobrarán?
“La posibilidad de pagarles es absolutamente nula. Cero chance de que esos pedidos tengan alguna viabilidad. ¿Es legal? No tengo dudas, pero si quieren que hagan juicios. En esta crisis económica, en plena pandemia, sólo un trasnochado podría autorizar un pago así de 3, 4 o 5 millones de pesos por vacaciones. Las prioridades son otras”, expresó un altísimo funcionario municipal que obviamente empleó algunos conceptos ciertamente irreproducibles para calificar a los demandantes. “Se fueron pero siguen haciendo papelones. No pudimos pagar el aguinaldo completo. ¡Imaginate si vamos a pagar esto!”, completó.
Un par de oficinas más allá, otro funcionario, más sereno, detalló que “no es ilegal lo que están pidiendo los arroyistas. De hecho si van a juicio seguro lo ganarían dentro de algunos años. ¿Mi consejo? Que se olviden de cobrar”, sentenció.