Por unanimidad el Senado convirtió en ley el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández que otorga una indemnización a las familias de tripulantes fallecidos tras el hundimiento del submarino.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que el “pedido de verdad y justicia estará siempre vigente” al destacar la sanción “por unanimidad” del proyecto de ley de indemnización para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, hundido en 2017 en el Mar Argentino.
“Por unanimidad el Senado convirtió en ley el proyecto enviado por el Presidente @alferdez que otorga una indemnización a las familias de la y los tripulantes del submarino ARA San Juan. El pedido por verdad y justicia estará siempre vigente. #44Presentes”, publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter, tras la aprobación de esa ley por parte del Senado.
El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017, fue convertido anoche en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada en la Cámara alta.
La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en el Mar Argentino, “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.
De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.
Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.
El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.