La Cámara de Apelaciones consideró que el sobreseimiento de Alejandro Salaberry por la prescripción de la causa en la que se lo acusaba de ser el autor del crimen del policía Cristian Agusti, ocurrido en 2003, fue dictado "bajo error judicial motivado en accionar delictivo y fraudulento del imputado". El fallo podría marcar jurisprudencia.
Lunes 12 de julio de 2021. Graciela Panebianco llamó a la redacción de LA CAPITAL y expresó su sensación de felicidad, mezclada con algo de triunfalismo y alivio: la DDI acababa de detener, 24 horas antes, a Alejandro Salaberry Gabarain, el acusado de matar a su hijo Cristian Agusti. El asesino había logrado permanecer prófugo de la Justicia durante 16 años y, con ello, el respectivo sobreseimiento por la prescripción de la causa. Sin embargo, del otro lado de la línea la mujer se oía segura de que esa resolución sería revertida.
“Vamos a pelearla. No está todo dicho”, mencionaba entonces. Y continuaba: “La prescripción de la causa se tiene que anular porque cuando él vino a Mar del Plata en 2019 ya estaba prófugo y lo podrían haber agarrado”. Panebianco se refería a que cuando concurrió a la ciudad en mayo de ese año para firmar su sobreseimiento, pesaba sobre Salaberry otra orden de captura por haber intentado asesinar a otro hombre en el conurbano bonaerense. A pesar de eso, insólitamente continuó en libertad porque ante la Justicia de Morón se presentaba con otra identidad.
De ese argumento se tomaba la madre de Agusti para esperanzarse en que, luego de casi dos décadas de luchar por la memoria de su hijo, al fin parecía haber luz al final del túnel. “Cristian está descansando en paz y yo estoy muy tranquila, aunque sé las consecuencias que van a venir ahora y todo el trajín… No quiero muerto a Salaberry por el cáncer. Lo quiero atrás de las rejas bien fresquito“.
Salaberry había sido detenido el domingo 11 de julio de 2021 en el Museo MAR, donde esperaba recibir la vacuna contra el Covid-19. Su estado físico, deteriorado por la enfermedad terminal, le había impedido ofrecer cualquier tipo de resistencia. La DDI se tomaba entonces especial revancha, después de mucho tiempo de buscarlo, sin éxito. Claro: Agusti era miembro de esa fuerza cuando recibió tres balazos en el marco de un enfrentamiento con delincuentes, ocurrido tras un asalto en una casa de insumos de computación de 20 de septiembre al 2900.
En esa oportunidad, dos de los ladrones fueron atrapados pero un tercero escapó. Y así, prófugo, vivió durante más de una década y media en la que nadie supo absolutamente nada de su paradero. Según se supo luego de su captura, Salaberry era Lucas, vivía con su pareja y tenía un kiosco en Azara al 1300 de Parque San Martín, en el Partido de Merlo. Su captura, finalmente, había producido por una pelea vecinal en la que intentó matar a otro de los habitantes de ese sitio.
Como consecuencia del cáncer que lo aqueja, Salaberry logró ser beneficiado con el arresto domiciliario en el marco de ese expediente. Como ya se sabía sobreseído por el crimen de Agusti, tal vez no se preocupó. No obstante, a través de la abogada Adelina Martorella, Panebianco se presentó ante la jueza de Garantías Rosa Frende y solicitó que dictara nula la prescripción de la causa por el crimen de su hijo. Entonces, recibió como respuesta formal de la magistrada que la acción penal se hallaba extinguida y era “cosa juzgada”.
Pero ahora la sala III de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata aceptó su reclamo y esa resolución fue anulada. Es decir, los jueces Raúl Paolini y Pablo Poggetto ordenaron su procesamiento en la antigua causa, al hacer lugar al recurso presentado de que la misma había sido dictada “bajo error judicial motivado en accionar delictivo y fraudulento del imputado”.
El policía Cristian Agusti fue asesinado de tres tiros el 27 de octubre de 2003.
Si bien la madre del policía asesinado en 2003 y su letrada saben que el fallo recientemente conocido será recurrido a la Cámara de Casación, esperan que en esa instancia ratifiquen su postura como lo hicieron los magistrados locales. En ese sentido, Martorella ya le adelantó a LA CAPITAL que pedirá en las próximas horas que se haga efectiva la detención de Salaverry también en el marco de esta investigación. De esa forma, serían dos las imputaciones por las cuales debería permanecer privado de su libertad el hombre que logró evadir a la Justicia por tanto tiempo.
El voto de Poggetto
En el fallo al que tuvo acceso este medio se observan distintas apreciaciones del juez Poggetto que podrían marcar jurisprudencia. Entre ellas, aparece la figura de “cosa juzgada írrita”, que permite la posibilidad de revisar sentencias firmes en determinados casos.
En ese sentido, el magistrado cita: “Durante el período prescriptivo, conociendo que el Estado continuaba ininterrumpidamente en su búsqueda, ante particulares (relaciones sociales y comerciales), como ante el Estado (fuerzas de seguridad y poder judicial), Salaberry invocó y ejerció distintas identidades usurpadas, impidiendo su real identificación. No es posible argumentar que la sentencia firme no es susceptible de revisión si, como en el caso, se detectan vicios que la hagan intolerablemente injusta”.
Y agrega: “Entonces, la máxima jerarquía que detenta el decisorio del tribunal cede ante el valor ‘justicia’ que de antaño profesa nuestro Preámbulo Constitucional. Las acciones dolosas y fraudulentas del imputado que lo beneficiaron con el dictado de la resolución ahora puesta en crisis, constituyen el fundamento de que la cosa juzgada sea írrita. En virtud de lo expuesto la resolución debe ser casada y sus efectos deben corregirse. Por lo expuesto, propongo al acuerdo se revoque la resolución dictada por la Sra. Juez a quo que desestimó la nulidad promovida por el particular damnificado y, por los fundamentos expresados, se declare la nulidad del auto que determinó el cumplimiento de los tiempos de prescripción de la acción y su consecuencia directa, el dictado del sobreseimiento que favoreció a Alejandro Javier Salaberry, debiendo reiniciarse el trámite de las actuaciones y proceder en consecuencia”.
El crimen de Agusti
El 27 de octubre de 2003, cerca de las 17, Salaverry y sus cómplices (Claudio López, Fernando Palomino y Carlos Marcelo De los Santos) asaltaron una casa de insumos de computación ubicada en la zona de 20 de septiembre al 2900.
Cuando escapaban se cruzaron con Agusti y su compañero Cristian Fournier, quien reconoció a Salaverry como un delincuente que había cometido otros hechos anteriores. Entonces se produjo un ataque a tiros de la banda contra ambos policías. Agusti recibió tres impactos de bala que le produjeron la muerte en el acto y Fournier logró sobrevivir pese a las dos heridas.
Desde ese día Salaverry permaneció en la clandestinidad. Palomino y López fueron detenidos a pocas cuadras y De Los Santos en el año 2012.
Durante varios años el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Seguridad ofrecieron generosas recompensas para obtener algún dato de la ubicación del prófugo, pero jamás obtuvieron información “sana”.
Los 15 años 7 meses y 4 días que debían pasar para el cumplimiento del plazo de prescripción se consumieron en mayo de 2019. Finalmente el miércoles 10 de julio, a las 10.10, Salaverry se presentó en el edificio de Tribunales en compañía de un abogado que lo acercó hasta la secretaría del juzgado de garantías de Rosa Frende. Allí le extendieron el escrito con el sobreseimiento, se notificó, firmó y se retiró.
El domingo 11 de julio de 2021, Salaberry se presentó en el Museo MAR para vacunarse contra el Covid-19 y fue detenido al ser identificado y conocerse que sobre él pesaba un pedido de captura de la Justicia de Morón, en el marco de una pelea vecinal en la que casa mata a un hombre tras agredirlo a machetazos. Ese hecho había ocurrido en octubre de 2018.