La considera parte de un sofisticado plan criminal ideado para encubrir y dotar de impunidad a los iraníes acusados como responsables de haber perpetrado el atentado terrorista.
El fiscal Eduardo Taiano pidió hoy elevar a juicio oral la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, y otras once personas, por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA con el memorandum con Irán.
El representante del ministerio Público presentó un requerimiento de 416 páginas ante el juez federal Claudio Bonadio quien, días antes del comienzo de la feria judicial de enero, había dado por concluida la investigación vinculada con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
“La imputación de este Ministerio Público Fiscal se encuadra en la puesta en marcha de un sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes acusados como responsables de haber perpetrado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA”, sostuvo Taiano en el dictamen al que accedió Télam.
“El medio escogido para canalizar la voluntad ilegítima fue el Memorando de Entendimiento celebrado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, firmado el día 27 de enero del año 2013, en la ciudad de Addis Abeba, Reino en Etiopía”, aseguró.
Para Taiano, la ex presidenta “entendió indispensable abordar el caso AMIA de manera tal que satisfaciera los intereses persas, puesto que la acusación formal por el órgano jurisdiccional y las órdenes de captura internacional libradas -notificaciones rojas de INTERPOL- resultaban ser un obstáculo entre ambos gobiernos para la normalización de las relaciones y la profundización y robustecimiento de los vínculos bilaterales a nivel comercial”.
En la denuncia original, Nisman había sostenido que detrás de la firma del memorándum de entendimiento se escondía el interés del gobierno kirchnerista de reflotar el intercambio comercial entre Argentina e Irán (carne y granos por petróleo), algo que finalmente no ocurrió.
Taiano requirió que la ex Presidenta, el ex canciller y otros ex funcionarios sean juzgados por los delitos de “encubrimiento”, “estorbo funcional” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El juez Bonadio los había procesado también por el delito de “traición a la Patria” que implica asistir al enemigo con el que se está en guerra en contra de los intereses del país al que uno defiende, pero la Cámara Federal porteña había revocado esa calificación.
Por esta causa también se encuentran procesados con prisión preventiva el ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zannini; los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche y el supuesto referente de la comunidad islámica argentina Jorge “Yussuff” Khalil.
Sobre la ex presidenta pesa un pedido de desafuero y prisión preventiva dado que es senadora y goza de fueros parlamentarios, mientras que el ex canciller Timerman -que padece cáncer- estaba en prisión domiciliaria pero fue excarcelado durante la feria judicial.
Para Taiano, el memorandum de entendimiento con Irán -que en su punto 7 establecía que debía ser comunicado a Interpol- tenía por objetivo hacer caer las alertas rojas que pesaban sobre cinco ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que aún siguen vigentes.
Durante la instrucción de la causa la defensa del ex canciller y de la ex presidenta insistió con que fuera citado como testigo el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, quien desmintió en reiteradas oportunidades la denuncia de Nisman; pero Bonadio dispuso que su testimonio quedara para el juicio oral.
En este juicio también fueron procesados, aunque sin prisión preventiva, el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; el diputado nacional Andrés Larroque; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; y el supuesto espía Allan Bogado.
La investigación se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Nisman contra la ex presidenta el 14 de enero de 2018, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.