Agustín Cinto, un cuadro técnico del PRO, se desempeñaba como secretario de Coordinación de Gestión y Modernización en Mar del Plata hasta octubre de 2016 cuando renunció para trabajar en la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo de la Magistratura designó hoy a Agustín Cinto, ex coordinador del PRO en General Pueyrredon, al frente de la Administración General del Poder Judicial de la Nación, en reemplazo de Juan Carlos Cubría, quien renunció ayer al cargo tras sus fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia.
La designación de Cinto fue por mayoría, durante la primera reunión plenaria del año del Consejo de la Magistratura, con sus 13 miembros presentes, en la que estrenó su rol como presidenta del cuerpo la abogada Adriana Donato, elegida a fines del año pasado.
En las casi seis horas que duró el plenario, el informe sobre la renuncia de Cubría, hijo de la jueza María Servini, estuvo a cargo del subadministrador, Jorge Nasisi.
La designación de Cinto se produjo luego de una extensa agenda de temas e intervenciones de los consejeros del considerado bloque opositor, con el rechazo insistente del consejero diputado nacional por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, quien ni siquiera quería aceptar la renuncia de Cubría.
Juan Carlos Cubría había sido elegido administrador general en forma interina el 26 de noviembre de 2015, durante un plenario por entonces presidido por el ex consejero Héctor Recalde, diputado nacional FPV, y ratificado por este órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados.
De la Administración General del Poder Judicial depende no sólo el control del presupuesto sino también el sistema informático, dos temas estratégicos en el funcionamiento de la Justicia.
Cinto es un joven técnico del PRO que se desempeñó durante el año pasado como secretario de Coordinación de Gestión y Modernización de la Municipalidad de General Pueyrredón, hasta que renunció en octubre último para volver a desempeñarse en la Jefatura de Gabinete del gobierno porteño.
El plenario de hoy, como consecuencia de la búsqueda de consensos impulsada por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahíques, también fueron aprobados cuatro concursos destinados a cubrir 17 cargos vacantes en forma definitiva, y varias subrogancias.
Los concursos aprobados fueron para cubrir cuatro cargos en la Cámara Federal de Casación Penal; seis en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal; uno en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y cinco en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
En distintos tramos del plenario hubo críticas y planteos del grupo opositor, representado por Tailhade, la senadora Virginia García y el senador Ruperto Godoy, todos del Frente para la Victoria.
Cuestionamiento al
sistema informático
Un tema recurrente en la reunión de hoy fueron los insistentes cuestionamientos al sistema informático del Poder Judicial ocurridos el año pasado y que ya están siendo objeto de auditorías y sumarios, pero que siguen despertando la desconfianza de algunos consejeros del bloque opositor.
De hecho, el voto de un dictamen por el cual el Consejo de la Magistratura firmaría un acuerdo con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y la Cámara Nacional Electoral, dio lugar a un extenso debate sobre el funcionamiento del sistema informático del Poder Judicial.
La aprobación del acuerdo se postergó y, en su lugar, se fijó una reunión para el próximo miércoles a las 9, “ante las inquietudes planteadas por algunos consejeros”, de la que participaría la Unidad de Seguimiento y Control Informático, recientemente creada a partir de las irregularidades que manifestó el sistema , y a la que se invitará a la jueza federal María Servini y jueces electorales.
Las irregularidades ocurridas el año pasado en los sorteos de dos expedientes dieron lugar a que el Consejo de la Magistratura pidiera al cuerpo de auditores del Poder Judicial una auditoría que determine el origen de estas supuestas fallas, pero además generó la apertura de un sumario a su ex director, Gabriel Melman, su remoción, y la integración de una Unidad de Seguimiento y Control Informático, integrado por tres consejeros y el administrador general del Poder Judicial..
En el marco de este año electoral, el sistema informático que maneja el Poder Judicial toma mayor protagonismo y, los cuestionamientos de aquellos que piden mayores garantías, cobran más urgencia.
Por eso, en su informe ante el plenario, Nasisi -quien asistió en lugar del renunciante Cubría- dejó en claro que “nadie puede ingresar al sistema para hacer cosas para las cuales no está habilitada”.
Explicó que hay diferentes tipos de usuarios, dependiendo de su perfil, y que ninguno puede modificar nada que no sea absolutamente lo que depende de su responsabilidad.
Nasisi también advirtió: “Hay una gran confusión” al respecto y “un error de apreciación” que se produce a través “de la lectura de los expedientes”.
“No pueden estar los funcionarios del Poder Judicial diciendo que el sistema informático del Poder Judicial es vulnerable, hacen daño al Poder Judicial”, planteó el colaborador del saliente Administrador General.