El presidente Mauricio Macri argumentó hoy su veto "total" a la ley de Emergencia Ocupacional, al señalar que la misma "no acompaña el contexto actual" de las medidas que adoptó el Gobierno para conseguir inversiones públicas y privadas, y el compromiso de empresas de generar nuevos puestos de trabajo.
BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri anunció hoy el veto total a la ley de emergencia ocupacional sancionada ayer por la Cámara de Diputados por considerar que se trata de una norma “antiempleo” que “va en contra de los argentinos” y recibió críticas de la oposición, respaldos, anuncios de medidas de fuerza de algunas centrales sindicales y silencio por parte de otras. En el marco de una visita a la empresa avícola Cresta Roja el mandatario aseguró que el veto a la norma, que también había sido votada en el Senado, indicó que se trataba de “una facultad constitucional” y criticó a la oposición que propone leyes para que “no podamos avanzar”.
“Votamos un cambio y vamos a seguir votando a favor de la libertad, con un eje central que es caminar juntos hacia pobreza cero”, afirmó el mandatario y destacó que “hay varias empresas nacionales y extranjeras estudiando en que invertir”.
Desde la oposición, el presidente del bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde, rechazó el veto al sostener que es “inconstitucional” y advirtió que “ahora el Presidente va a tener que aguantar el veto de los trabajadores”; mientras que el Partido Justicialista (PJ) dijo que Macri “vuelve a demostrar su poco apego al respeto por las instituciones”.
El presidente del bloque Justicialista -liderado por Diego Bossio-, Oscar Romero, calificó como “triste” el veto y resaltó que “se trabajó mucho para juntar voluntades y sacar una ley que, quizá no sea la mejor, pero la voluntad era poder sacar una ley que proteja a los trabajadores en este momento”.
Alicia Ciciliani, presidenta del bloque Socialista, que votó a favor de la ley antidespidos, manifestó que esa medida “va en contra del acuerdo sindical y de las mayorías parlamentarias”.
A su vez la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó la medida y sostuvo que el Presidente “habla de diálogo pero cerró el Congreso durante meses para gobernar por decreto y ahora también veta leyes de forma casi monárquica”.
Asimismo integrantes del gobierno nacional como el jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor, respaldaron la medida.
Peña recordó que el gobierno nacional fue “muy claro desde el primer día” en relación a su posición sobre la denominada ley antidespidos a la que consideró fruto de la “especulación política” antes que de “la intención de ayudar a los trabajadores”.
En tanto Sabor señaló que “el arco político y sindical va a reaccionar bien ante el veto de la ley antidespidos” porque es “un tema dialogado”.
Sobre la medida confirmada hoy, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que habrá un “paro y movilización” y calificó esa decisión como “autocrática y antidemocrática”, una muestra de “soberbia y arrogancia” luego de la masiva movlilización del 29 de abril convocada por las cinco centrales sindicales contra de los despidos.
El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, consideró que el veto a la ley de emergencia ocupacional “es legal pero no legítimo” y aseguró que al igual que la central que conduce Yasky, irán al paro para rechazar la decisión del jefe de Estado.
Por el contrario, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, dijo que “no está previsto” un paro y si bien admitió que el veto es una “atribución constitucional, es malo que lo haga”.
Algunos gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), también se manifestaron sobre el tema.
Para Bordet, “más allá del veto, que tiene constitucionalidad, es importante que se diga cuáles van a ser las opciones para que no haya despidos, para que se garanticen las fuentes laborales en todo el territorio nacional y provincial”.
Weretilneck apoyó el veto dispuesto por Macri al considerar que la implementación de esa norma hubiese significado “el bloqueo al ingreso de nuevos trabajadores” a las empresas.