Lo anticipó el concejal Ariel Ciano. Fue luego de conversar con el secretario de Economía y Hacienda. El principal argumento del gobierno eran las erogaciones que suponía la aplicación de la ordenanza.
La controversia por el veto del régimen municipal para incentivar y proteger la actividad audiovisual, denominado “Promover”, parece haber encontrado un camino de consenso. Al menos así se lo anticipó este martes a LA CAPITAL el concejal que redactó la ordenanza (Ariel Ciano, del Frente Renovador) después de conversaciones con el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.
Es que el principal argumento que esgrimió el intendente Carlos Arroyo para vetar la ordenanza fue el económico: consideró que el presupuesto no contaba con los recursos para hacer frente a las exenciones y beneficios que otorgaba la norma.
El objetivo de la ordenanza es promover la producción de contenido audiovisual en el distrito, así como su publicidad y difusión.
Entre los beneficios que instauraba para los inscriptos en un Registro Municipal de Industrias Audiovisuales se establecía la exención de tasas municipales. El intendente y Mourelle advertían en el veto sobre la caída en la recaudación que eso conllevaría.
El acuerdo adelantado por Ciano consiste en hacer una nueva propuesta para modificar, entre otros, ese artículo. En lugar de una exención de tasas, habrá descuentos de 20% por cada empleado que incorpore por año la firma beneficiada, con un máximo de 60%.
En otro artículo, la ordenanza establecía que en la contratación o adquisición de materiales vinculados a la industria audiovisual la Municipalidad debía priorizar a las empresas locales que hicieran ofertas equivalentes y hasta 10% superiores a las de sus competidores. Ese último punto se rebajará a 5%, según reveló Ciano.
El concejal había sido muy crítico cuando se enteró del veto de Arroyo. “Quita oportunidades a la cultura, el turismo y el trabajo”, lamentó el edil. Y agregó: “En tiempos en los que la desocupación golpea fuertemente al país y en especial a Mar del Plata, las propuestas que generen empleo y mano de obra local debieran ser defendidas por el intendente”.
Ciano recordó que la letra de la ordenanza fue consensuada “por 40 personas vinculadas con la industria audiovisual, desde actores a productores, realizadores, sindicatos, medios, publicistas, representantes de las universidades y de otros sectores como el de las TIC”.
Uno de los puntos que quedaría fuera del acuerdo es el sistema de becas para carreras informáticas y afines. Según el gobierno municipal, ese tipo de beneficios “conllevan premios y planificaciones que significarían nuevas erogaciones para la administración”.
También recordó la necesidad de respetar el equilibrio fiscal y de que cada nueva partida presupuestaria sea acompañada por la generación de nuevos recursos.