Fernanda Raverta, que votó a favor, aseguró que si no sale la ley "nada va a cambiar". Aicega sostuvo que la vida comienza en la concepción y se manifestó en contra. En el mismo sentido lo hizo Montenegro, que aludió a aspectos legales.
“Si esta ley no sale las mujeres argentinas seguirán abortando. Aquellas que tengan recursos lo harán en lugares en condiciones aceptables en términos de higiene y de salud, y aquellas que no tengan correrán riesgo y algunas morirán. Por lo tanto, si esta ley no sale nada va a cambiar en la Argentina”, dijo Fernanda Raverta (Unidad Ciudadana) en su exposición en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue una de las que votaron a favor del aborto legal. Y una de las marplatenses que se pronunció en el recinto. Los otros dos fueron Juan Aicega y Guillermo Montenegro (Cambiemos), que votaron en contra.
“Si esta ley sale, en principio las mujeres que decidan interrumpir un embarazo porque están cursando uno no planificado, no deseado, podrán hacerlo y lo van a hacer en un lugar seguro hasta las 14 semanas”, expuso Raverta. Y “las mujeres que no decidan interrumpir un embarazo no planificado, no deseado, seguirán con su vida y seguirán con su embarazo”.
Según indicó, “aquellos trabajadores de la salud que tengan que intervenir directamente en la práctica podrán hacerlo”, mientras que los que no quieran podrán optar por no hacerlo.
Raverta afirmó que si la ley sale (aún debe ser aprobada por el Senado) habrá un registro que otorgará datos sobre el aborto y un ámbito de consejerías pre y post aborto que brindará información sobre métodos anticonceptivos.
“Además, vamos a estar haciéndonos eco de un pedido masivo de ampliación de derechos”, agregó.
Como ella votó otro marplatense: Facundo Moyano (1País). En cambio, Aicega y Montenegro argumentaron en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
“El punto central es la vida. Dentro de la gama de derechos humanos que nosotros como cuerpo social defendemos y reglamentamos mediante leyes, el derecho principal es la vida. En este caso, la vida de aquella persona que no se puede hacer escuchar, que no puede manifestar su voluntad, que no tiene ninguna manera de defenderse sino a través del ordenamiento legal del Estado”, expresó Aicega.
“Nuestra Constitución Nacional, además de estar formada sobre el concepto de la vida, recepta este derecho humano a través de las convenciones internacionales”, recordó. Y aseveró que, “cuando un país adhiere a tratados internacionales, no lo hace solamente por la parte que le interesa en ese momento, sino como un reconocimiento de todas aquellas cosas que protege”.
Aicega destacó que el Código Civil y Comercial “dice que el comienzo de la existencia comienza con la concepción”, y ponderó “los derechos de las personas por nacer”.
En paralelo, llamó a “repensar la política de educación sexual, el acompañamiento a la madre, las políticas sanitarias adecuadas” y “el abuso de alcohol en menores”, que a su entender genera “una gran cantidad de embarazos no deseados”.
Se pronunció a la vez a favor de “una ley de adopción flexible” que permita la adopción si la madre no quiere “llevar adelante” la vida del ese niño.
Montenegro celebró “el debate serio” que hubo y se excusó de “hacer disquisiciones” sobre el comienzo de la vida porque no es médico. “Sí soy abogado”, comentó antes de hablar de la legalidad y constitucionalidad de este proyecto de ley”.
“Si tanto hemos tenido que discutir en este recinto sobre la validez o no de este proyecto, está claro que ni nosotros estamos convencidos de su propia validez”, lanzó. A su entender, las cuestiones vinculadas con el aborto la van a terminar resolviendo “decisiones judiciales”. “Todas las cuestiones que atañen a la constitucionalidad de esta norma tendríamos que tratarla de una mejor manera dentro del Congreso”, agregó.
En esa línea, subrayó que, con la ley vigente, “un médico que hoy comete un aborto estaría cometiendo un delito y mañana el médico que no lleva adelante un aborto estaría cometiendo un delito”. “Con lo cual, me parece que somos un poco esquizofrénicos. Tendríamos que buscar una solución diferente; entiendo que esta norma no da una solución al problema de fondo”, acotó.
Según Montenegro, sostener que sólo se trata de un problema de salud pública “es no entender cuál es la tutela que el propio Congreso, en la modificación del Código Civil, le dio a la persona por nacer”.