Tras el anuncio del regreso de la presencialidad en el conurbano, el intendente disparó que la Provincia “discrimina a Mar del Plata”. Discute los parámetros y la forma en que se usan. Afronta la disputa tras la foto con Larreta, acusado por el Gobierno de abrir más de la cuenta. Celebraciones por la rebaja en la tarifa del gas.
Por Ramiro Melucci
Aunque los contagios vienen en baja, la merma acumulada en las últimas dos semanas no le alcanza a Mar del Plata para zafar de la alarma epidemiológica ni, en consecuencia, de la fase 2. El intendente Guillermo Montenegro lo sabe, por eso no hace tanto –el 28 de mayo– él mismo transmitió el dato: la ciudad necesita un promedio de 235 casos durante 14 días para regresar a la fase 3. Pero en las últimas horas también se convenció de que a otros distritos de la provincia tampoco les dan los números. Sin embargo, algunos de ellos volverán a dictar clases presenciales.
Esa certidumbre lo llevó a decir el viernes a la noche por Telefe Mar del Plata que los criterios “son usados de diferente manera”. Fue el principal reproche a la decisión de Axel Kicillof de volver a abrir las escuelas en el conurbano. Pero el impacto político y simbólico lo produjo, como es lógico, otra frase más punzante: “Nos discriminan”.
Ni un concejal con ganas de decir lo que piensa ni un secretario indignado por Twitter. Esta vez el que dejó flotando la idea de que hay algo en contra de Mar del Plata fue el propio intendente. Y no lo dijo camuflado en el off the record ni a través de voceros. Lo largó sin medias tintas. Para que todo el mundo lo escuche.
A decir verdad, la jornada de definiciones sobre las restricciones no hacía prever que iba a terminar como terminó: con otra controversia fuerte entre el municipio y la Provincia. El presidente Alberto Fernández se disponía a renovar el DNU después de que, en la Cámara de Diputados, la Ley de Emergencia Covid –también conocida como “ley pandemia”– consiguiera dictamen de comisión pero no llegara al tratamiento en el recinto por falta de votos. El mandatario pasó la factura y deseó que la norma, que ya tiene aval del Senado, sea aprobada esta semana.
Todo empezó a cambiar cuando el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo por radio que el lunes podían volver las clases presenciales en la provincia. Hablaba, en rigor, del conurbano. Y advertía que había que esperar hasta el domingo para hacer las cuentas. Al mismo tiempo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aclaraba que la presencialidad solo iba a volver en las jurisdicciones que cumplieran los parámetros del DNU. Leídas entre líneas, las versiones cruzadas anticipaban un posible regreso en el Gran Buenos Aires y ponían un asterisco en otras localidades.
Como Gollan había dicho que el cálculo recién se iba a hacer el domingo parecían desinflarse las expectativas sobre lo que podía comunicar Kicillof, al menos en ese punto. Pero el gobernador anunció el retorno a las aulas en el conurbano con los datos del mismo viernes a la tarde. Quedó en claro que, como a lo largo de la pandemia, el gobernador tomó a ese conglomerado como un distrito único, sin distinguir entre los distintos municipios. “Pero en Tigre la ocupación de camas es del 89% y en Mar del Plata no llega al 70%”, se quejó el coordinador del gabinete municipal, Alejandro Rabinovich.
La jornada de definiciones sobre las restricciones no hacía prever que iba a terminar como terminó: con otra controversia fuerte entre el municipio y la Provincia.
Los resquemores del municipio sobre el manejo de la pandemia venían en aumento. El cambio de la “y” por la “o” en el DNU (que estableció que los municipios de más de 300 mil habitantes que tuvieran una incidencia de más de 500 casos o una ocupación de camas de terapia intensiva del 80% serían considerados en “alarma”) fue el primer mojón. Se sumó a los mensajes semanales del comité de emergencia coordinado por Región Sanitaria VIII sobre la complejidad de la situación y a la controversia por las camas de terapia que figuran en el tablero de gestión provincial.
El Concejo Deliberante obró como caja de resonancia con la discusión sobre el pedido del oficialismo local para que el Presidente revise el decreto. El Frente de Todos aclaró allí que la situación epidemiológica y sanitaria de Mar del Plata ameritaba las decisiones de la Provincia y la Nación. Postuló al mismo tiempo que los parámetros que se establecieron son objetivos porque tienen el consentimiento de expertos y hasta de organismos internacionales.
En el gobierno municipal disienten. Creen que se condena a los distritos que realizan más testeos y sostienen que para mayor objetividad podría considerarse el índice de positividad. El argumento se escuchó también en las comisiones de Diputados durante el debate del proyecto de ley que propuso Alberto Fernández, que fija los mismos parámetros que el DNU. En el torbellino de críticas opositoras sobre los supuestos “superpoderes” que concedería la norma, el diputado Alejandro Cacace se despachó con una queja sobre el asunto: “Aquellas provincias que tengan menos capacidad de detección de virus quedan afuera de las restricciones”. Es un radical de San Luis. Parecía un marplatense del riñón del intendente.
Antes del enojo por la vuelta parcial de las clases en la provincia, el intendente venía de celebrar la recategorización de Mar del Plata como “zona fría”, aprobada por Diputados y a la espera de la sanción del Senado. Un reconocimiento al impulso que el Frente de Todos le dio en el Congreso a ese reclamo histórico de la ciudad para pagar menos gas. Los dirigentes locales del frente gobernante en la Nación y la Provincia ya habían festejado por anticipado en el Concejo. “Gracias a esta medida, finalmente General Pueyrredon tendrá un cuadro tarifario acorde a su realidad”, dijeron a coro Virginia Sívori y Ariel Ciano. Ese vínculo entre la titular de la comisión de Hacienda y el concejal del Frente Renovador es el reflejo de la sintonía fina que hay entre el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que en territorio marplatense confluye en Fernanda Raverta.
El Frente de Todos postuló que los parámetros que se establecieron son objetivos porque tienen el consentimiento de expertos; el gobierno municipal disiente.
El secretario general de la Cámara de Diputados, el marplatense Juan Manuel Cheppi, no se quedó afuera de los aplausos. Le agregó un bonus track: el anticipo de que más de 30 mil monotributistas se beneficiarán en Mar del Plata con el alivio fiscal para pequeños contribuyentes, el proyecto que presentó Massa después de que el Gobierno diera marcha atrás con el cobro del retroactivo.
No conviene perder de vista tampoco los pasos de Rodolfo Manino Iriart. El director del Correo Argentino en la ciudad se ha convertido en vocero de la llegada de vacunas. Le birló esa gratificante tarea al director de Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas. Con el visto bueno del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, busca erigirse en portavoz local del Gobierno nacional. La diferencia con el resto es que lo hace sin el consentimiento de Raverta, lo que abre un interrogante de cara a la definición de las listas legislativas en el Frente de Todos.
La interna de Juntos por el Cambio también va entregando sus capítulos. El encendido reclamo de Montenegro por la vuelta de la presencialidad coincide con la foto que, con la excusa de un convenio de colaboración, reflejó su alineamiento con Horacio Rodríguez Larreta, blanco de las críticas del Gobierno por abrir más de lo permitido. Sucedió un día después de que la mesa nacional de la coalición acordara ampliar el espacio y fijar reglas para las PASO.
Cerca de Montenegro aseguran que la imagen no debería fastidiar al ala dura del PRO ni generar nubarrones en la relación con Patricia Bullrich. Por la sencilla razón de que siempre se supo de qué lado estaba el intendente: del de María Eugenia Vidal y el alcalde porteño. Lo que aún resta por definirse es el esquema para las PASO. ¿Puede haber interna en Mar del Plata? Descartarlo prematuramente sería un error. De momento es preferible anotar un pedido. El que elevaron los intendentes para que no haya competencia interna en los municipios gobernados por la coalición.