por Brenda Lis Austin
En el año 2000, de la mano del entonces ministro de Educación nacional Hugo Juri, la Argentina comenzaba a debatir la necesidad de establecer un calendario escolar de 180 días de clase para todo el país. Recién para el año 2003, luego de reunir los consensos suficientes, la aspiración se convertiría en ley y vendría a marcar un horizonte que también llevaría unos años garantizar.
Para el año 2010, los ministros de Educación de todas las provincias reunidos en el seno del Consejo Federal de Educación, firmarían la Resolución 94/10, donde establecían como objetivo llegar progresivamente a los 190 días de clase. En el año 2011, dictarían la resolución 165/11 con igual sentido estableciendo como fecha el año 2012. No obstante, sería recién para el año 2016, que se lograría consensuar el primer calendario escolar de 190 días, comenzando un 29 de febrero.
Para ello hizo falta construir consensos, resistir presiones sectoriales y tener una decidida voluntad política.
En la historia de estos últimos años se resume la vocación de la Argentina de recuperar terreno perdido y las dificultades que enfrenta para poder hacerlo. Por eso, y sabiendo que se trata de una meta posible, es que entendimos que era tiempo de dar el salto legislativo para garantizar por ley algo tan importante como el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Blindar las decisiones de política educativa con mínimos legales.
La Argentina supo ser, en materia de educación pública, el faro de la región. Hace tiempo que ya no lo es. Una y otra vez, comparados con nosotros mismos y con nuestros países vecinos, vemos señales de retroceso.
El tema que nos ocupa no es la excepción. Nuestros vecinos tienen calendarios escolares que nos superan en diez e incluso veinte días de clase. Si miramos los países europeos o el sudeste asiático, van desde los 220 hasta los 250 días. Si a eso le sumamos las horas diarias de clase, al final de la educación obligatoria un alumno argentino llega a tener, en promedio, un año menos de clase. ¿Eso impacta? Sí.
La cantidad no hace por sí misma a la calidad, pero sin tiempo destinado al aprendizaje es imposible abordar la crisis de la educación argentina.
Sabemos que el debate por la calidad no tiene una única dimensión y que para revertir el deterioro necesitamos una inversión decidida y sostenida en el tiempo, que además sea capaz de transformar patrones. Debemos reducir las desigualdades educativas que amputan horizontes y para ello hay que incluir pero sin resignar calidad.
Asegurar el “derecho a una educación de calidad para todas las personas” debe ser el objetivo y el Estado es el único garante.
El fortalecimiento del nivel inicial, especialmente con la inclusión de las salas de 3 años en todo el país; las políticas orientadas a mitigar la deserción en la escuela secundaria; la revisión constante de los contenidos y de las prácticas pedagógicas y el incentivo a los proyectos educativos innovadores; la mejora de las condiciones de infraestructura; los operativos de evaluación censales, para tener información que nos permita corregir el rumbo; la jornada extendida, como puerta a nuevos horizontes de aprendizaje, son alguna de las tantas medidas en las que debemos avanzar. Pero sobre todas las cosas debemos jerarquizar la tarea docente, con maestros bien remunerados y una formación inicial y continua que de las herramientas para construir la educación que necesitamos. El proceso de aprendizaje y los niños y niñas como sujetos de derechos, deben estar en el centro de la escena.
El acuerdo expresado en la Cámara de Diputados al tratar el calendario escolar y el pacto educativo que implicó la Declaración de Purmamarca en febrero de este año, son dos buenas señales de que es posible construir consensos que prioricen la educación en nuestro país.
Quizás sea en la educación donde más tiempo tardan en germinar los resultados de las políticas públicas, por eso debemos transitar estos tiempos con la firme convicción de que estamos dando pequeños pasos en la dirección correcta.
(*): Diputada Nacional UCR- Cambiemos (Córdoba). Ex Secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba.