En los últimos ochos años, cerca de 150 trans, en su gran mayoría peruanas o ecuatorianas, fueron condenadas por vender droga en la Zona Roja de Mar del Plata y, a pesar de estas cifras, la actividad ilegal en el lugar parece inmutable.

Las trans, una minoría vulnerable que prácticamente carece de alternativas laborales, son la mano de obra del narcomenudeo en la Zona Roja -comprendida por las avenidas Champagnat y Jara y entre Luro y Rivadavia- y, según informaron fuentes judiciales a LA CAPITAL, existe una gran particularidad: no hay registros de explotación ni organizaciones verticalistas.

Los investigadores consideran que la Zona Roja es un área caótico. El delito se ejecuta de manera desorganizada: no hay bandas permanentes, ni estructuras. No hay roles. Es una vorágine alocada, con proveedores que cambian constantemente y trans que compran la droga que pueden para luego revender. Cada vez que “cae” un proveedor otro toma su lugar, y lo mismo pasa con las trans: por cada detenida, aparece otra para vender droga.

Vecinos de la Zona Roja sufren cada noche ese “caos” que conlleva la venta droga: peleas a los gritos, personas alcoholizadas, disparos y hasta crímenes. A pesar de las constantes denuncias y la intervención de la policía, la situación no se altera.

Un cambio de lógica judicial

En enero de 2014, tres trans peruanas fueron detenidas por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” por tener unos gramos de cocaína fraccionados para vender. La pena que recibieron fue de 2 años de prisión en suspenso y una multa de 225 pesos.

En 2015, el Juzgado Correccional N° 2 fijó una pena prácticamente irrisoria para otras dos trans que vendían droga en la Zona Roja: un año de prisión de ejecución condicional y el pago de $ 11,25 en concepto de multa.

Estas penas bajas y de ejecución condicional se dieron en años en que la Justicia actuaba “en flagrancia”, es decir que los operativos se hacían en el momento y sin atender la cuestión de fondo, los proveedores y las estructuras. Desde 2017, la Fiscalía de Estupefacientes cambió este accionar y comenzó a investigar el camino de la droga, con resultados cualitativos diferentes, como el secuestro de 8 kilos de cocaína en una serie de allanamientos.

“Del 2017 para delante hay procedimientos muy importantes, por la cantidad aprehendidos y secuestro de droga. Se cambió la estrategia, buscamos la raíz del problema: quienes organizan la venta, los lugares de compra y proveedores”, contó el fiscal Leandro Favaro.

El fiscal Favaro destacó que se hacen procedimientos constantes en la Zona Roja, que aunque no se registren aprehendidos, sirven para que el Estado esté presente en un lugar donde la convivencia es tensa.

Sin embargo, a pesar del cambio de estrategia, la situación permanece y un ejemplo de esto es uno de los procedimientos más importantes que se hizo, cuando en 2017 se detuvieron a 16 personas por venta de cocaína. Esa misma noche, recuerda el fiscal, pasó en su auto por la Zona Roja y vio a nuevas trans vendiendo estupefacientes.

Presencia del Estado

El fiscal Favaro considera que reubicar la Zona Roja es complejo, porque no sería desaparecer el delito, sino solo trasladarlo. Llevar el problema a otro lugar. “Hay que regular la actividad en la Zona Roja, pero no la venta de droga. Hay que proteger a los vecinos y garantizar derechos”, consideró.

Para fiscal, lo más importante es la presencia del Estado en la Zona Roja en todas sus formas, con prevención policial, controles Municipales y articulación con el Poder Judicial.

“La prevención policial, que ahora se hace mejor, disminuye la oferta y la demanda de droga. Se da una prevención situacional del delito, porque se vuelve más difícil para el comprador conseguirla, y más difícil para el vendedor comercializarla”, explicó.